El PSOE y Junts pactan un receso y se conjuran para sacar adelante la amnistía

 El PSOE y Junts han decidido tomarse las cosas con calma tras el choque del pasado martes. El primer fracaso parlamentario de los socialistas, en un asunto tan sensible como la amnistía, la piedra sobre la que se levantó la investidura de Pedro Sánchez, provocó inicialmente sentimientos de incomprensión, incluso de indignación, entre los colaboradores del presidente del Gobierno. El propio Sánchez salió aquel día del Congreso de los Diputados, minutos después de que los posconvergentes votaran en contra de la medida de gracia y devolvieran la ley a la comisión de Justicia, con el rostro serio y la mandíbula tensa.

Varios días más tarde, sin embargo, su partido y el de Carles Puigdemont vuelven a ir, hasta cierto punto, de la mano. Por un lado, han decidido tomarse una pausa. Por otro, se muestran convencidos de que acabarán sellando un acuerdo sobre el alcance de la polémica norma que regula el carpetazo judicial al ‘procés’.

Lo que aún no está del todo claro es cómo. Ante actuaciones como la del juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, que investiga por terrorismo a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, dentro de la causa del Tsunami Democràtic, Junts insiste en eliminar cualquier mención a ese delito de las exclusiones de la ley. Un cambio así, responden en la Moncloa, va en contra de la Carta Magna y los convenios europeos. Provocaría que la norma fuese tumbada por el Tribunal Constitucional. Pero el Gobierno sí se abre a hacer algún pequeño retoque de tipo “técnico”, que no especifica.

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Lo que no está sobre la mesa en ningún caso es una fórmula mixta, por la que el terrorismo quedaría excluido de la aplicación de la norma, pero tras la aprobación de esta se reformaría el delito en el Código Penal para que puedan beneficiarse de la medida de gracia los investigados por el Tsunami Democràtic y los Comités de Defensa de la República (CDR). “Modificar el Código Penal es algo que va más allá de los imputados por el 'procés'. Sería una locura”, señalan en la dirección del PSOE. “Es una especulación sin ningún fundamento”, añaden en la Moncloa. Junts coincide: esa no será la vía para el pacto.

Los plazos

Los negociadores socialistas y posconvergentes no han retomado los contactos tras la amarga votación de principios de esta semana, explican fuentes de ambos equipos. El próximo martes se reunirá la Mesa del Congreso y decidirá cuánto tiempo concede a la comisión de Justicia para elevar de nuevo la ley al pleno. En principio, serán 15 días hábiles y ampliables, por lo que la fecha límite sería, como pronto, el 26 de febrero. Es decir: hasta después de las elecciones gallegas del 18 de febrero no se sellará un acuerdo que ambas partes contemplan cada vez con más optimismo.

El renovado estado de ánimo tiene que ver con las palabras que Sánchez pronunció el jueves en Bruselas, a la salida del Consejo Europeo. “Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Por tanto, con este proyecto de ley, y así al final lo van a ver todos los tribunales, van a estar amnistiados todos los independentistas catalanes, porque no son terroristas”, dijo el presidente del Gobierno, que evitó, a diferencia de sus ministros en los días anteriores, lanzar cualquier reproche a Junts.

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Sánchez está convencido de que la norma, en su redacción actual, ya protege a todos los implicados en el 'procés' de 2017. Todos los grupos del bloque de investidura concuerdan con él. Salvo Junts. Aun así, el mensaje del líder del PSOE fue muy bien recibido por el partido independentista. Su secretario general, Jordi Turull, reaccionó poco después. “Valoramos positivamente las declaraciones de Sánchez. Coincidimos en que no ha habido terrorismo y en que todos los independentistas deben ser amnistiados. Lo que tenemos que hacer ahora es blindarlo en la ley y no dejarlo en manos de la arbitrariedad de unos jueces que quieren marcar la agenda política. De ahí nuestro voto del otro día, que nos permite ganar 15 días para que de una manera tranquila y serena podamos traducir de manera jurídica aquello en lo que estamos de acuerdo”, explicó.

La disyuntiva

Junts se muestra convencido de que habrá acuerdo. “Nos gustaría ampliar al máximo el número de independentistas beneficiados de la amnistía. Pasar, por ejemplo, de 400 a 450. Pero si al final la disyuntiva es que haya 400 o ninguno, no hay duda de lo que vamos a hacer”, explican en la cúpula del partido. Pero los posconvergentes piensan plantar batalla y conseguir al menos una mínima modificación de la ley. En dos sentidos: para blindarla ante las eventuales acusaciones de terrorismo de jueces como García Castellón, y también para taponar los intentos de algún magistrado, como Joaquín Aguirre, que investiga las presuntas conexiones del entorno del expresident con Rusia, de no aplicar la amnistía al considerar que puede haber habido delitos de alta traición.

A nivel interno, sin embargo, se asume que al final de este proceso negociador la solución será un retoque polisémico. El PSOE podrá asegurar que no ha vuelto a ceder a las pretensiones independentistas, salvo algún detalle técnico. Junts, en cambio, otorgará ante sus bases una enorme importancia a este hipotético cambio para sostener que ha logrado más que ERC.

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Los posconvergentes mantienen la misma táctica que durante la negociación de la investidura y la de los decretos ley del Ejecutivo: centralizarlo todo en Puigdemont y en Turull, mantener la discreción y tratar de lograr el máximo rédito político y mediático. Atendiendo también al calendario electoral, ya que Puigdemont compite en las europeas de junio. Para él resulta clave no desdibujar su perfil exigente, crítico y dispuesto siempre a llevar el pulso hasta el final.

Esta actitud convive en Junts con sectores más moderados que hubieran preferido votar el martes a favor de la amnistía. Pero la versión oficial sigue siendo la de que ERC se equivoca no forzando cambios. Los republicanos argumentan que aprobar la ley cuanto antes hará que los jueces que tratan de torpedearla tengan menos tiempo para lograr sus objetivos. Los de Puigdemont responden que estos magistrados instructores sí pueden tomar medidas como la prisión preventiva aunque el asunto que tratan no haya llegado a juicio, por lo que las prisas respecto a la ley son relativas.

Ante estas versiones contradictorias, el PSOE subraya que los posconvergentes presionaron para que la amnistía se tramitara por el procedimiento de urgencia, algo que casa mal con sus llamadas a la calma de estos días. Pero estando como están volcados en tender puentes, los socialistas evitan no poner mucho énfasis en esta aparente contradicción.