El Gobierno alimenta las comisiones pactadas con Junts y ERC para desviar el foco del ‘lawfare’ al PP

Las comisiones de investigación que el PSOE pactó con los independentistas cogen vuelo antes de que se determina la lista de comparecientes y se ordenen los trabajos. Las revelaciones de los últimos días, involucrando al Gobierno de Mariano Rajoy con el espionaje a independentista en la denominada ‘Operación Cataluña’, junto a la desclasificación de documentos ordenada por el Consejo de Ministros sobre el caso Pegasus, cargan de nuevos contenidos las comisiones y reconducen sus hipótesis. Del ‘lawfare’, entendido como guerra sucia judicial tal y como apuntan los independentistas, al uso del PP “de los resortes del Estado de derecho”, principalmente las fuerzas de seguridad, según señala el Gobierno. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, incluso vinculó ‘Operación Cataluña’ y caso Pegasus para asociarlos “a la forma de actuar del PP”.

Desde Moncloa se precipitaron este martes en abrir la puerta a la comparecencia del expresidente Rajoy y se puso todo el foco en la supuesta utilización de los populares de las fuerzas de seguridad para “espiar y perseguir” a rivales políticos. La lista de comparecientes es determinante para acotar los trabajos de investigación y dirigir las conclusiones. El Ejecutivo quiere desviar el foco de la judicatura, tras el choque por haber incluido en el acuerdo de investidura con Junts referencias al ‘lawfare’. El propio Pedro Sánchez ya avanzó en conversación informal con los periodistas antes de Navidad que se opondrían a la comparecencia de jueces.

Moncloa se abre a la comparecencia de Rajoy por la Operación Cataluña: "Hay que llegar hasta el final"

Una intención tanto de Junts como de ERC. Este martes, sin embargo, Carles Puigdemont se refería a través de las redes sociales a la ‘Operación Cataluña’ como “un crimen contra la democracia cometido por el gobierno de Mariano Rajoy” al referirse a una información sobre el supuesto uso de la cúpula policial contra los dirigentes independentistas. El hecho de que el Gobierno vincule ‘Operación Cataluña’ y ‘caso Pegasus’ apunta a la única diana del Gobierno de Rajoy y la cúpula policial de por aquel entonces. No en vano, fuentes parlamentarias socialistas apunta a la posibilidad de fusionar ambas comisiones de investigación, aduciendo que la lista de comparecientes sería la misma. Por el momento, el Congreso aprobó su creación por separado, además de una tercera sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils.

En la comisión de investigación que se desarrolló en la anterior legislatura ya compareció el exministro de Interior, Fernández Díaz, y negó cualquier conocimiento, algo que los documentos secretos ahora revelados desmienten. Desde el Gobierno se abren a que vuelva a comparecer, así como otros miembros del anterior Ejecutivo popular y el propio Rajoy. Cuando se investigaron estos hechos en la pasada legislatura, los socialistas se opusieron a la presencia del expresidente del PP.

Los socialistas, por otra parte, han acotado el marco temporal de estas prácticas. “Estas actuaciones concluyeron en junio de 2018 con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa y la apuesta de este Gobierno por la transparencia y la regeneración democrática”, remarcaba ayer la portavoz del Gobierno. En el caso del espionaje a Pere Aragonès, su teléfono fue interceptado entre julio de 2018 y marzo de 2020.

Tensión con la judicatura

Para rebajar el choque con la judicatura, Pedro Sánchez se esforzó en asociar el concepto de ‘lawfare’ al PP en diversas entrevistas. Por un lado, para vincularlo a la supuesta utilización por parte de los populares de la Policía para perseguir a rivales políticos, en referencia a la ‘Operación Kitchen’ (de la que parte como una rama la ‘Operación Cataluña’). Por otro, para argumentar que "no hay caso más paradigmático de 'lawfare' y de politización de la justicia" que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El tono de gravedad que el Gobierno ha dado a los documentos secretos publicados en Eldiario.es y La Vanguardia que demostrarían la utilización de recursos públicos para perseguir a políticos y empresarios catalanes se complementó con el análisis de este asunto en el Consejo de Ministros. No es habitual este tipo de análisis fuera de los asuntos legislativos que se tratan, pero la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo justificó por tratarse de un tema de “enorme gravedad”. En esta línea avanzó que “hay que estudiar toda la documentación y llegar hasta el final y aclarar todo lo que estamos conociendo”.

Los socios de coalición incluso han pedido que actúe la Fiscalía, convencidos de que existe responsabilidad penal por parte del PP. “Nos gustaría que lo analizaran los tribunales”, aseguraba este martes en los pasillos del Senado el coportavoz de Sumar Enrique Santiago, para concluir que “con la ley en la mano es causa de disolución del PP si hubiera una sentencia al respecto”. Fuentes de Moncloa explican que el mejor marco para este análisis será la comisión de investigación pactada con Junts y no descartan en último término la vía de los tribunales. “Hay que pensarlo todo”, indicaban estas mismas fuentes, para destacar la “oportunidad” de poner en marcha dicha comisión de investigación en el Congreso.

Arranque de las comisiones

El texto del pacto de investidura con Junts recoge que las conclusiones de las comisiones de investigación “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. A falta de que la Mesa de la Cámara Baja, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, active los trabajos de las tres comisiones, los socialistas dirigen ahora todo el foco a un ‘lawfare’ con sello más policial que judicial y unas posibles “acciones de responsabilidad”. Estas últimas, en cualquier caso, se derivarían al PP por su supuesto uso de “resortes del estado de derecho” con fines de persecución política fuera de la ley.

Sobre la ‘Operación Cataluña’ no se descartan más revelaciones, aunque sí desclasificaciones sobre el caso Pegasus. El Gobierno justificó la decisión del Consejo de Ministros de este martes como un caso concreto para dar respuesta a la petición de un juez.  De este modo, se desclasificará el auto del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas por el que se dio autorización al Centro Nacional de Inteligencia para pinchar el móvil de Aragonés, a petición del magistrado instructor. Todo ello, después de que se aplazara la declaración de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona que lleva el caso tras la admisión a trámite de la querella del jefe del Govern y que alegó que no podía declarar debido al secreto de las actuaciones.

Fuentes parlamentarias del PSOE explican que el arranque de los trabajos en las comisiones no se producirá, al menos, hasta el mes de febrero. Las mismas fuentes rebajan las prisas, en vista de las revelaciones de los últimos días, y explican que antes deberán tener hablado con sus socios de investidura el calendario y, sobre todo, la lista de comparecientes.