Archivan la causa contra el marido de la directora de la Guardia Civil que le costó el puesto

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado archivar la causa que imputó a Juan Carlos Martínez, marido de la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez, que tuvo que dimitir en su puesto tras saltar este supuesto escándalo el pasado mes de marzo. Martínez, que fue un hombre fuerte de PSOE de Jaén y trabajó en el Gobierno andaluz en puestos de responsabilidad, había sido imputado por delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales de 1,36 millones de euros, abonados por la Junta a una empresa de su hermano, Bienvenido Martínez, cuñado de Gámez.

Ahora, la Audiencia de Sevilla estima el recurso de apelación interpuesto por Bienvenido Martínez, y da por cerrado el caso ante un error judicial con los plazos, en una resolución “firme y contra la que no procede recurso alguno”. El juez de instrucción José Ignacio Villaplana, el mismo que estuvo al frente de los ERE tras la salida de Mercedes Alaya, dictó un auto el pasado 22 de febrero de 2023 cuando la fecha de vencimiento de la instrucción de los hechos, que estaban siendo investigados en diligencias previas desde 2015, había sido el 29 de julio de 2022.

El marido de la exdirectora de la Guardia Civil fue imputado siete meses después de que la causa hubiera prescrito. El caso ha sido tumbado en un auto que apela a la doctrina del Tribunal Supremo, que señala que los plazos son de obligado cumplimiento, y conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que fija que si “con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses”.

Pagos de la Junta

El caso que le costó la dimisión a la primera mujer directora de la Guardia Civil se centraba en la gestión del Centro de Negocios de Empresas de Andalucía, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y de la “irregular contratación y transmisión de fondos” a favor de Experience Management Group SL, propiedad de Bienvenido Martínez, cuñado de Gamez. En una fase aún preliminar de la instrucción y sin certeza de la dimensión del caso, según reseñó el propio instructor, se apuntaron posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales por cobros irregulares que ascendían a 1,36 millones de euros entre 2009 y 2011 y donde el juez implicó al marido de la entonces directora de la Guardia Civil, al entender que podía haberse beneficiado de esos pagos a su hermano.

Este caso partió de una trama mayor, el que investigaba las ayudas millonarias a Santana Motor. La empresa automovilística jiennense cobró 137 millones de euros de fondos públicos cuando ya estaba prácticamente extinguida. En el caso de Santana, que también tuvo meses a Juan Carlos Martínez bajo la lupa judicial, finalmente fue exonerado. Martínez era un hombre fuerte del PSOE de Jaén, de La Carolina, un alto cargo y asesor, siempre con puestos relevantes en el equipo de Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación que cumple cárcel condenado por los ERE. Apartado de todo por el escándalo de los ERE, Martínez vivía retirado a sus negocios. Sin embargo, en los últimos tiempos ha enfrentado un ramillete de casos, desde Santana a Isofotón, junto al que afectó a los negocios de su hermano que le costó el puesto en la Guardia Civil a su mujer. De todas esas causas ha salido indemne.

No se pueden desgajar los casos

Los abogados responsables del recurso, Juan Carlos Alférez y Manuel Pérez Cuajares, del bufete Constitución 23, Estudio de Litigación, han destacado que "el auto de la Audiencia contiene una interesante formulación jurídica, pues establece algo que desde nuestro despacho hemos venido sosteniendo en los distintos recursos que tenemos interpuestos, cual es que no es posible dividir instrucciones penales y crear piezas nuevas sin tener en cuenta el hilo temporal de la caducidad de la pieza matriz de la que procede".

En un comunicado dirigido a este periódico, los letrados han añadido que “esto es lo sucedido en la pieza del Centro de Negocios de Idea, puesto que este mismo objeto procesal ya venía siendo investigado en el seno de la causa matriz de Santana y, por tanto, pretender que con la incoación de la nueva pieza se pusieren los contadores a cero, sería un claro fraude que vulneraría la recta aplicación de los plazos de instrucción. La consecuencia material de este auto, determina que no será posible procesar a los investigados llamados al proceso tras la caducidad, es decir, la exclusión del procedimiento de nuestros clientes, tanto de Bienvenido Martínez como de Juan Carlos Martínez", cuñado y marido de la ex directora de la Guardia Civil, respectivamente.

Orden de Moncloa

Según pudo saber este periódico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó de forma directa que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, presentara su dimisión tras conocer que su marido, Juan Carlos Martínez, estaba siendo investigado en una causa de malversación de fondos públicos de la Junta de Andalucía. El Ministerio de Interior siempre negó que hubiera esa orden desde Moncloa, aseguró que Gámez dimitía por decisión propia y el ministro Fernando Grande-Marlaska, la despidió como “la mejor directora de la Guardia Civil de la historia”, señalando que su dimisión era “injusta pero necesaria”. El caso coincidió en el tiempo con el caso Cuarteles, destapado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA junto a otros diarios de Prensa Ibérica,y situaba ya el foco de la corrupción en algunos miembros de la Guardia Civil, señalando a altos mandos en la adjudicación sospechosa de obras y reformas en cuarteles de toda España.