Las claves del 'caso ERE' en Andalucía y las condenas de Griñán y Chaves

Este martes, el Tribunal Supremo ha confirmado casi en su totalidad la sentencia del 'caso ERE' en Andalucía dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019. La decisión del Alto Tribunal mantiene la condena de 6 años de cárcel a José Antonio Griñán, así como las penas contra una veintena de dirigentes socialistas por permitir durante una década la concesión de ayudas sin control a determinadas empresas en crisis. Eso sí, dos de las magistradas, Susana Polo y Ana Ferrer, consideran que tanto el expresidente como otros cuatro implicados debieron ser absueltos del delito de malversación continuada.

El caso ERE representa la mayor trama de corrupción de la historia de España. Sus consecuencias han marcado la política andaluza y constituyen uno de los principales motivos detrás de la debacle socialista y el auge del PP en la región. Esta última sentencia del Supremo, a falta del posible recurso de amparo al Constitucional, supone la condena en firme de los distintos implicados y el final de un proceso que ha durado más de diez años.

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¿Qué es el 'caso ERE'?

El 'caso ERE' es el nombre que recibe la investigación judicial que ha destapado la trama de irregularidades en la gestión de fondos públicos para el rescate de empresas privadas en crisis cometido por dirigentes del PSOE en Andalucía entre 1999 y 2011.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los líderes socialistas diseñaron un procedimiento opaco e irregular para la concesión de estas subvenciones. La macrocausa judicial engloba 270 causas distintas, una por cada ayuda irregular concedida por la Junta que salió del denominado 'fondo de reptiles' (un contenedor de ayudas caracterizado por su opacidad) a cambio de lealtades y favores de todo tipo.

El proceso, que se ha prolongado durante 13 años, se ha llevado por delante la carrera política de referentes históricos del PSOE, como los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; además de contribuir al final de casi 40 años de gobierno socialista en Andalucía.

¿En qué consistía el fraude cometido?

En 2001, la Junta de Andalucía creó un fondo reservado, con cargo a los Presupuestos autonómicos, para conceder subvenciones a empresas en problemas tras las crisis industriales de finales de los 90. El objetivo era otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en un ERE para evitar la quiebra de estas. Dicho fondo estaba dotado con 741 millones de euros hasta 2011, pero el presupuesto final contemplaba 1.217 millones.

La mayoría de estas ayudas fueron concedidas y recibidas de forma legal, pero en paralelo se creó una red clientelar y opaca que derivaba parte de los fondos a distintos intermediarios y personas que nunca habían trabajado para las empresas afectadas. La investigación ha destapado que la Dirección General de Trabajo de la Junta estaba al tanto de esta malversación y que autorizaba la orden de los pagos.

¿Cuánto dinero ha sido investigado?

La cifra total de dinero malversado no está del todo clara. La sentencia de la Audiencia Provincial de 2019 confirmó la cantidad de 680 millones de euros en que la Fiscalía Anticorrupción había cifrado finalmente el fraude, tras excluir lo relativo al ejercicio 2011.

Sin embargo, la cantidad real resulta muy difícil de determinar, al menos hasta que se resuelvan todas y cada una de las causas abiertas, ya que gran parte del dinero fue a parar a ayudas legítimas, aunque el procedimiento empleado fuese irregular.

¿Cómo comenzó la investigación?

La trama de corrupción fue destapada por primera vez en 2009, cuando salieron a la luz unas grabaciones en las que el gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el director adjunto, Daniel Ponce, exigían comisiones ilegales a dos empresarios por unos terrenos para construir una empresa de hostelería.

Los dos empresarios acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, que instruyó el 'caso Mercasevilla'. La jueza Mercedes Ayala, responsable de esta investigación, se dio cuenta de que había irregularidades en un ERE de la compañía subvencionado por la Junta, en el que figuraban varias personas que jamás habían trabajado en la lonja. A partir de ahí, la magistrada fue tirando del hilo hasta que en 2011 nació el 'caso de los ERE'.

¿Quiénes son los principales condenados?

Los dos condenados más destacados del 'caso ERE' son José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013; condenado a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por delito de malversación y prevaricación, y Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009, condenado 9 años de inhabilitación por delito de prevaricación. Asimismo, otros 19 imputados han recibido distintas penas por su implicación en la trama.

¿Qué opciones tiene Griñán para evitar la cárcel?

Las posibilidades de Griñán para evitar un inminente ingreso en la cárcel pasan por una petición de indulto y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) con previa petición de suspensión de la ejecución de la condena. No obstante, expertos penalistas consultados por El PERIÓDICO DE ESPAÑA dudan de que ninguna de ellas sirvan para evitar un pronto ingreso en prisión una vez le sea notificada la sentencia, a no ser que se aplique el principio "por ser vos quien sois", según señalan.