PP, Vox y Cs fracasan en su intento de impedir que Puigdemont se presente a las elecciones

En un hemiciclo casi desierto, el diputado de Vox Javier Ortega Smith ha desplegado una foto del expresidente catalán

Carles Puigdemont

 entre rejas. "El único cartel electoral que a personas que son prófugas de la justica podría permitírsele es este", ha sentenciado desde la tribuna para defender una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para impedir que todos los huidos de la Justicia española no puedan presentarse a las elecciones. El apoyo de PP y Cs no ha sido suficiente contra el resto de la Cámara Baja que ha rechazado esta reformada al considerar que vulnera el principio de inocencia y que ya existen otros mecanismos para evitar estas situaciones.

La proposición de ley registrada pretendía introducir una nueva situación de "inelegibilidad" para "aquellos respecto de los cuales estuviese vigente una orden de detención y entrega para su puesta a disposición de jueces y tribunales españoles, dictada por autoridad judicial española, por su responsabilidad en la comisión de delitos contra la Constitución o de sedición". Además, también buscaba ampliar los caso de aquellos que, aun sin sentencia firme, fueran condenados por delitos "contra la Administración Pública, contra la Constitución, de sedición y de terrorismo".

El 'no' de la Cámara

El diputado de Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez Oblanca, ha sido el primero en posicionarse sobre esta iniciativa de Vox y ha marcado ya el discurso por el que, después, han transitado el resto de portavoces: "La LOREG, en su artículo 108.8 establece en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución. [...] Es decir, solo si el candidato en cuestión comparece ante la Junta Electoral con estos fines podrá tenérsele por electo, por lo que únicamente pisando suelo español y dejando su condición de prófugo de la justicia podrá hacerlo, personándose ante el órgano judicial que requiere su presencia".

Esta misma argumentación ofrecida por Martínez Oblanca es la que sostiene la Junta Electoral Central ante el Parlamento Europeo después de que Puigdemont se presentara como candidato a las últimas elecciones comunitarias. La JEC, en una resolución emitida en noviembre, "considera que [Puigdemont] no ha adquirido la condición plena de diputado al Parlamento Europeo" al no haber acatado la Constitución y que, por lo tanto, "su escaño debe permanecer vacante temporalmente hasta que se produzca ese acatamiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en los mismos términos".

PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCat, la CUP y otras formaciones minoritarias han rechazado la iniciativa del partido ultra bajo esta premisa y ofreciendo otras argumentaciones. Por un lado, consideran que no se puede restringir un derecho por la mera existencia de una petición judicial, ya que se debe respetar el principio de inocencia. También, han criticado que la intención de introducir la condena por "delitos contra la Constitución" como un motivo de ilegibilidad supone ampliar en exceso estos supuestos, ya que se incluirían, por ejemplo, las injurias y calumnias a la Corona o a las instituciones del Estado, la usurpación de atribuciones o la ofensa a los sentimientos religiosos.

Respaldo insuficiente

Junto a Vox se han posicionado el PP y Cs. Los conservadores han denunciado que el PSOE, una vez más, se ponga del lado de las formaciones independentistas y han criticado la "doble burla" que supone que huidos de la Justicia como Puigdemont no se presenten en los juzgados, pero sí quieran "ser candidatos a las elecciones". "Necesitamos proteger al Estado de derecho", ha clamado la diputada Edurne Uriarte antes de pedir a los socialistas que apoyen la propuesta para cambiar "las reglas del juego" con el "más amplio consenso posible".