POLÉMICA POR EL PLAN ANTIABORTISTA

Mañueco desautoriza a Vox: "No se actualiza el protocolo para interrumpir el embarazo"

El presidente autonómico intenta zanjar la polémica: "En ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo"

Carga contra el Ejecutivo central "por intentar sacar rédito político" y recuerda que su comunidad actúa sólo dentro de sus competencias

Alfonso Fernández Mañueco.

Alfonso Fernández Mañueco.

Paloma Esteban

Paloma Esteban

Alfonso Fernández Mañueco compareció este lunes tras varios días de polémica en torno al plan antiabortista que el jueves pasado anunció su vicepresidente, Juan García-Gallardo (de Vox) para desautorizar los mensajes de su número dos y tratar de zanjar el asunto: “En ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. No se obligará a los médicos a nada, y no se obligará a las mujeres a nada. Serán ellas las que libremente solicitarán lo que decidan a los facultativos”.

Mañueco, en una declaración institucional que empezó casi con una hora de retraso, sin preguntas y en tono serio, afirmó que “la voluntad de la mujer seguirá tal y como figura en la legislación vigente y con el criterio médico que opera hasta ahora”. “Ni ha cambiado la legislación ni tampoco la sociedad de ginecología ha pedido ningún cambio”, repitió.

Sí reconoció la fuerte polémica levantada porque se refirió a "coacicones directas o indirectas a la mujer embarazada" tras las primeras noticias sobre el plan de su comunidad, zanjando de nuevo y en clara respuesta al partido ultra: "Este Gobierno ni las va a promover ni las va a amparar. Lo que sí se va a hacer es mejorar las prestaciones a las mujeres embarazadas", continuó.

Se trata, en todo caso, de una corrección clara al vicepresidente autonómico que esta misma mañana insistía en que las medidas provida del Gobierno castellanoleonés son "de obligado cumplimiento para los profesionales", no así para las mujeres que podrán decidir si quieren o no someterse a él. En la rueda de prensa del pasado jueves en la que García-Gallardo dio a conocer el plan empezó relatando una a una las medidas y en la primera de ellas, la atención psicosanitaria para mujeres que planteen interrumpir su embarazo, dijo que eran "imperativas para los profesionales y voluntarias para las mujeres". En realidad, Gallardo insistió en la obligatoriedad para los sanitarios hasta la mañana de este lunes.

"LO DEL GOBIERNO CENTRAL ES LAMENTABLE"

Trasladando un malestar importante contra el Gobierno de España, especialmente por el requerimiento que envió en la tarde del domingo pidiendo a Castilla y León que se “abstuviera” de aprobar el protocolo, aseguró que “las competencias de la materia corresponden a la Consejería de Sanidad”, afirmando que “en ningún caso se modifica la cartera que corresponde al Estado ni tampoco se modifica el protocolo de actuación sanitario de la comunidad”.

Mañueco incidió en “la sorpresa” que le provocó el anuncio de un requerimiento del Ejecutivo, “que no consta que haya llegado a Castilla y León” y que se refiere a “algo que esta administración no está tramitando”, dijo, elevando el nivel de queja. “Por lo que vemos que su único propósito es sacar rédito político y nos parece lamentable”.

FUERTE POLÉMICA

El presidente de la Junta decidió hablar después de que ministras del Gobierno como Isabel Rodríguez y Carolina Darias cargaran directamente contra Alberto Núñez Feijóo por su “elocuente silencio”en mitad de la polémica. Tras el comité de dirección de este lunes en Génova, Borja Sémper, en calidad de portavoz electoral, también reconoció que "los gobiernos tienen que ser responsables y sensatos", y que "la valoración no podía ser positiva" en el caso de Castilla y León, "porque no hemos visto eso".

Ya en respuesta al requerimiento del Gobierno central, Castilla y León envió un comunicado poco después, lanzándose contra Moncloa por “vulnerar las competencias autonómicas” de su comunidad, e insistiendo que el Ejecutivo autonómico no tiene por qué avisar a ningún ministerio de los protocolos o instrumentos que aprueba siempre y cuando se haga dentro de sus competencias y cumpliendo la ley.

La secretaria general, Cuca Gamarra, entró en la polémica este mismo lunes por la mañana: “Quiero dejar claro que la libertad de las mujeres está garantizada. Y todo esto no responde más que a un burdo intento para intentar desviar la atención. Si el Gobierno está tan preocupado por proteger a las mujeres, debería actuar para frenar a los 184 agresores sexuales que se han visto beneficiados por la ley del sólo sí es sí”, dijo la número dos de Feijóo. En Génova ya tildaron de “sobreactuación” el requerimiento del Gobierno central.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargó contra el Gobierno de Sánchez por los mismos motivos, aunque también envió recados a García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León: “Creo que ha sido innecesario. Si luego te preguntan en qué mes del embarazo se aplica tu medida y no lo sabes… ¿Para qué hablas así? Es muy torpe. ¿Qué necesidad hay de provocar todo esto y alimentar lo que el Gobierno busca?”, dijo Ayuso.