El Gobierno amenaza a Castilla y León con acudir a la Justicia si sigue adelante con su plan antiabortista

El Gobierno ha pedido este domingo a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, a través de un requerimiento oficial, “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo después de que el pasado jueves el vicepresidente de esta comunidad autónoma, Juan García-Gallardo, de Vox, anunciase la intención de instaurar medidas anti abortistas y de fomento de la natalidad.

Ahora, Moncloa amenaza al Gobierno regional con llevar a los tribunales cualquier tipo de plan en esta línea. "El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrupción del embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", apunta el Ejecutivo central en un comunicado. Moncloa "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración pública alguna".

En el requerimiento remitido este domingo, el Gobierno central solicita a la Consejería de Sanidad de Castilla y León que en caso de que la medida haya sido adoptada cese "de inmediato" cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca "cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación" al personal sanitario con la finalidad de "obligar" o "sugerir" a una mujer embarazada que no lleve a cabo su derecho a interrumpir el embarazo.

Plan anunciado por Vox

El Gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, tiene la intención de implantar medidas provida en la región tales como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales que se realizan en la actualidad y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El plan orquestado por la ultraderecha ha creado una gran polémica en los últimos días y los médicos de Castilla y León no han querido dejarlo pasar desapercibido. “Solo estamos sujetos a nuestro código deontológico, a la buena praxis y a las necesidades del paciente. Tenemos libertad de actuación, somos una profesión que se autorregula. No estamos sujetos a órdenes”, señala Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal y de la autonómica de Sindicatos Médicos (CESM).

Respuesta de Mañueco y Gallardo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no ha tardado en responder al anuncio del Gobierno asegurando que su ejecutivo “no ha aprobado ningún acuerdo que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios”. El dirigente popular acusa a Sánchez de “mentir” para “tratar de esconder su incompetencia” por los efectos de la ley del sólo sí es sí.

También el vicepresidente castellano-leonés, Juan García Gallardo, se ha pronunciado tras el comunicado del Gobierno. A través de su cuenta de Twitter ha asegurado que "no temen" al Gobierno central y advierte de que "no darán ni un paso atrás" en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento enviado por el Gobierno central para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto.