Mañueco acusa al Gobierno de mentir con el plan antiabortista y vulnerar su autonomía

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respondido a la amenaza del Gobierno central de acudir a la justicia si su comunidad pone en marcha las medidas que el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), anunció como un plan en defensa de la natalidad y para frenar los abortos de mujeres embarazadas. Y lo ha hecho asegurando que su Ejecutivo “no ha aprobado ningún acuerdo que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales sanitarios”, acusando al Gobierno de Sánchez de “mentir” para “tratar de esconder su incompetencia” por los efectos de la ley del sólo sí es sí.

En varios mensajes de Twitter, el presidente castellanoleonés insiste en que es la normativa central la que “reduce las condenas y poner en libertad a los agresores sexuales”, y afirma que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, “conoce desde el viernes” a través de una carta del consejero “que no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derechos”, por lo que entiende como “intolerable” los ataques hacia un Gobierno autonómico “basado en mentiras y con intención de generar alarma social”.

El Gobierno amenaza a Castilla y León con acudir a la Justicia si sigue adelante con su plan antiabortista

Fuentes de Génova también consideran que el requerimiento del Gobierno es “una burda sobreactuación” comparable a la que también ha hecho en estos días el propio García-Gallardo. Cuando el vicepresidente anunció el plan (en presencia del portavoz del Ejecutivo autonómico, que es del PP) el portavoz electoral de Génova, Borja Sémper, se puso de perfil asegurando que estaba convencido de que explicarían bien las medidas y dejando muy claro que su partido es un firme defensor de los derechos y las libertades de las mujeres. 

En un comunicado de la Junta de Castilla y León, el equipo de Mañueco afirma que “cualquier medida de fomento de la natalidad y apoyo a la familia” se aplicará siempre desde el respeto absoluto “a la ley, la libertad y los derechos de las embarazadas y los profesionales sanitarios”, garantizando “la libertad y voluntariedad” que lo requieran; y, sobre todo, se asegurará “la aplicación bajo el estricto criterio médico”. 

El texto incide en que el consejo de Sanidad explicó todo el viernes pasado a la ministra, y no deja de “lamentar” la falta de diálogo con el Gobierno de España teniendo en cuenta que Castilla y León “actúa siempre desde el absoluto respeto a la ley y siempre ha sido una comunidad leal”. 

CASTILLA Y LEÓN ESTUDIARÁ “ACCIONES LEGALES”

Además, el Ejecutivo de Mañueco anuncia que este lunes su Consejería también lanzará un requerimiento para solicitar a Sánchez “que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales que vulneran las competencias de su comunidad” y le recordará que Castilla y León “tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo, acuerdo o instrumento que establezca mejoras en la prestación sanitaria a mujeres embarazadas”, siempre que sea “dentro del marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de las mujeres y el personal sanitario”.

Además, la Junta reprochará al Ministerio que “las obligaciones de colaboración interadministrativa” están establecidas y se efectúan a través de los órganos sectoriales por lo que “ninguna obligación específica existe de que esta comunidad autónoma comunique de manera inmediata a los ministerios esos protocolos o instrumentos”. Y, por eso, sigue el comunicado, Castilla y León “no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales” si el Gobierno central “no atiende esa comunicación” en vista de que “podría estar contraviniendo el ordenamiento jurídico” y vulnerando la autonomía de la comunidad. “La Junta de Castilla y León estudiará si es necesario ejercer otras acciones legales”, zanja el texto.

Tras el anuncio de Mañueco, el vicepresidente castellano-leonés, Juan García Gallardo, también se ha pronunciado al respecto. A través de su cuenta de Twitter ha asegurado que "no temen" al Gobierno central y advierte de que "no darán ni un paso atrás" en la defensa de la vida, la familia y la natalidad tras el requerimiento enviado por el Gobierno central para que no aplique medidas que vulneren el derecho al aborto.