REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

3-2: la combinación que permite al Gobierno hacer reformas exprés y obviar a los letrados

La mayoría que PSOE, Unidas Podemos y su aliado parlamentario ERC tienen en la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso ha propiciado no solamente un ritmo de tramitación de la reforma del Código Penal tan fugaz, apenas 21 días, sino además la admisión de enmiendas sobre las que los letrados advirtieron por incongruentes

Comisión de Justicia del Congreso

Comisión de Justicia del Congreso / EFE/Fernando Alvarado

Ángel Alonso Giménez

Cada vez que empieza una legislatura, los diputados, que para entonces han jurado o prometido el cargo, eligen a los nueve que les van a gobernar durante los siguientes cuatro años. Esos nueve formarán la Mesa. No hay órgano en la Cámara más importante. El procedimiento para componerla es extraño y alambicado. Tres fases de votación en urna, tras llamamiento, para designar una presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías. Resultan imprescindibles acuerdos previos entre los partidos para que los candidatos alcancen la mayoría requerida.

Pocos días después, harán lo mismo para formar las mesas de las comisiones parlamentarias, que no integran nueve, como la Mesa grande, sino cinco. Los acuerdos políticos previos entre los grupos son también imprescindibles.

En ambos casos, y no es casual, PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios hasta la fecha, se ponen de acuerdo

Y no, no es casual, pues en el reparto de los puestos de poder del Congreso, los de las mesas, está el control de las leyes y de sus ritmos. Controlar las mesas supone eso, lo que en la sede del poder legislativo es casi todo. Así se explica por qué la Cámara está a punto de reformar el Código Penal en 21 días, los que van desde el 24 de noviembre, cuando se tomó en consideración la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, hasta el 15 de diciembre, cuando el pleno previsiblemente apruebe la reforma con las enmiendas incluidas.

Correa de transmisión

PSOE-Unidas Podemos, he aquí el binomio parlamentario mayoritario, forjado a raíz del acuerdo de gobierno de noviembre de 2019, el mismo que favoreció la investidura de Pedro Sánchez dos meses más tarde. Para que el Ejecutivo pueda llevar las riendas del Congreso es crucial que se reproduzca esta mayoría en sus órganos. En la Mesa grande, hay tres representantes socialistas, incluida la presidenta, y otros tres “morados”. En las mesas pequeñas, por regla general, hay dos del PSOE y uno de la formación de Irene Montero.

Ejemplos: Comisión Constitucional: dos del grupo socialista; uno de Unidas Podemos. O Comisión de Asuntos Exteriores: igual combinación. En ambas, preside un representante del PSOE.

Vayamos a una que presiden los de Pablo Echenique, la de Transición Ecológica, en manos de Juantxo López de Uralde. Aquí hay también uno de Unidas Podemos y dos del PSOE. Otra variante, pues el PP preside alguna que otra comisión, como la de Economía y Transformación Digital. A pesar de ello, dos diputados socialistas y un tercero de los “morados” forman la mayoría. Y una variante más: las comisiones cuyas mesas controlan los socios de la coalición y uno de sus aliados parlamentarios. Son los casos de la de Trabajo (PSOE-UP-ERC) o la de Justicia (PSOE-UP-ERC).

Y en la Justicia esta mayoría del bloque progresista ha sido fundamental esta semana. Será fundamental. 

En las mesas de las comisiones, por regla general, se repite la combinación 3-2. Tres representantes de los grupos que forman el Gobierno (o de un aliado, ocasionalmente) y dos del grupo popular. La combinación tiene consecuencias legislativas esenciales, ya que de las mesas dependen los ritmos de tramitación y las formas de revisar los proyectos legislativos enviados por el Gobierno y de estudiar las proposiciones que presentan los grupos.

Una mesa de una comisión puede meter las enmiendas que quiera su mayoría; o puede tumbarlas. Puede propulsar el trámite hasta convertirlo en una estrella fugaz, o puede demorarlo hasta que se olvide en un cajón. Dependerá de la intención del Gobierno. ¿Ven qué importante es que se reproduzca la mayoría del Ejecutivo? La correa de transmisión es nítida, un cañón. Que hay que ir a toda prisa, hágase. Que no, pues también. La mesa de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está a la espera de la instrucción del Ministerio de Presidencia para iniciar la revisión del proyecto de ley de vivienda. Es un ejemplo.

Entra en escena la Comisión de Justicia, la que esta semana ha tramitado ya la reforma del Código Penal que ha reemplazado el delito de sedición por uno nuevo sobre desórdenes públicos, ha retocado el de la malversación, tocará la ley del poder judicial, la del tribunal constitucional y la que regula las jornadas laborales de los abogados y procuradores. 

El presidente de esta Comisión es el diputado socialista Felipe Sicilia. El vicepresidente, el de Unidas Podemos Roberto Uriarte. ERC ocupa la secretaría primera por medio de Carolina Telechea. Aquí la mayoría. Gobierno y Esquerra, ni más ni menos. Los dos restantes miembros de la mesa son del PP, Carlos Rojas y Javier Merino.

La advertencia de la letrada

Este lunes por la tarde se reunió la mesa. Debatieron sobre el calendario de tramitación. No había mucho que debatir, en realidad, y de hecho la duración del encuentro no llegó ni a la media hora. Justo después, ponencia; a la mañana siguiente, martes, comisión. Y ya. 

Tras la sesión, los cinco miembros de la mesa fueron a una sala contigua para que tuviera lugar la ponencia. PSOE y Unidas Podemos presentaron sus enmiendas; PSOE y ERC hicieron lo propio con las que regularían la malversación. Los portavoces intervinieron escuetamente para explicitar las propuestas. Los letrados, presentes en ambas reuniones, fueron tomando nota.

Según tres fuentes presenciales, hablaron también los representantes de PP, Vox, Cs y Junts. Los cuatro, en contra de la reforma del Código Penal, cada cual por razones diferentes, coincidieron sin embargo en dos críticas: la forma de tramitación y la velocidad del proceso. Uno de los más efusivos fue Javier Ortega Smith. De hecho, tal y como apuntan las fuentes, fue él quien pidió a los letrados presentes que enumeraran las enmiendas y expresaran criterio jurídico

Una de las letradas afirmó entonces que había propuestas con “desconexión temática” respecto del asunto central que se estaba legislando. Se refirió a las enmiendas que, a través de la vía de la proposición destinada a cambiar el Código Penal, proponen retocar la ley del poder judicial (para modificar el procedimiento de magistrados del Tribunal Constitucional) y la del Tribunal Constitucional, precisamente (para acabar con el trámite de verificación de candidatos).

La escueta intervención de la letrada motivó nuevas intervenciones de los portavoces, como la de Edmundo Bal, de Cs, si bien las fuentes destacan la del diputado del PNV Mikel Legarda, considerado en la Cámara uno de los juristas más sólidos y solventes del Congreso. “No nos rasguemos las vestiduras”, dicen las fuentes que dijo.

Lo que reseñó el representante de los nacionalistas vascos, confirmado por fuentes de su entorno, fue que no es muy ortodoxo incluir enmiendas sobre leyes de ámbitos que no tienen nada que ver con el de la ley que se está revisando. Puntualizó que así lo ha establecido el propio Tribunal Constitucional. Sin embargo, matizó, todos los grupos, todos, a izquierda y derecha, lo llevan haciendo desde hace bastantes años sin que ninguna norma haya sido descartada por ello. 

Edmundo Bal y María Muñoz, diputados de Ciudadanos, en el Congreso.

Edmundo Bal y María Muñoz, diputados de Ciudadanos, en el Congreso. / EDUARDO PARRA.

Terminada esta nueva ronda, tomó la palabra el presidente de la Comisión, Felipe Sicilia, para resolver lo siguiente: todas las enmiendas se votarían independientemente de las consideraciones políticas y técnicas, incluso las de los letrados. Lo que hizo Sicilia no es una anomalía porque ni la letrada dijo nada novedoso (casi siempre efectúan puntualizaciones de este tenor) ni ninguna mesa de comisión, al menos en los últimos años, ha tumbado enmiendas por esa razón.

Efectivamente, tal y como comentó Legarda, varias sentencias del Constitucional, sobre todo a partir de 2011, han defendido el principio de congruencia de las enmiendas con el texto que se enmienda. Ha resuelto así en virtud del artículo 23 de la Constitución, sobre el derecho a la participación política, porque en la presentación de enmiendas se encuentra una de las funciones fundamentales de los legisladores. No obstante, en las sentencias también se menciona la potestad de los órganos parlamentarios a los que compete decisiones así, es decir: la potestad de las mesas, bien la Mesa grande, la del Congreso, o bien las pequeñas, las de las comisiones.

Este martes ha continuado la polémica por el procedimiento. Tanto el PP como Cs han esgrimido la necesidad de acudir al Constitucional con recursos de amparo. Se está vulnerando el derecho a la participación política, opinan. Los populares, de hecho, han presentado un escrito a la Mesa de la Cámara Baja. Al haberse registrado sin la antelación debida, dicho escrito no ha formado parte del orden del día de la reunión de este martes. Fuentes presenciales informan que, pese a ello, Ana Pastor ha comentado la cuestión. No ha habido mucho debate.

Sí lo ha habido en la Junta de Portavoces posterior, a raíz de la petición del portavoz del PSOE, Patxi López, para incluir en la agenda del jueves un pleno extraordinario que dirima la aprobación de la reforma del Código Penal. Nuevamente, PP, Vox y Cs han protestado por la velocidad del procedimiento, antidemocratico, dicen. Iván Espinosa de los Monteros ha pedido, según las fuentes, que el secretario general del Congreso, jefe de los letrados, hiciera un informe al respecto. Él mismo ha subrayado que sólo puede hacerlo a instancias de la Presidencia, de la Mesa o de la Junta en su conjunto. La mayoría ha decidido que no era procedente.

La importancia de las mayorías…