El Gobierno y sus aliados se dan esta semana para decidir si habrá nueva ley de vivienda en 2022

En paralelo a las negociaciones finales de los presupuestos, la semana pasada, el PSOE comenzó a hablar con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sobre una ley que, apenas un mes antes, se consideraba completamente anestesiada: la de vivienda. Fuentes parlamentarias han señalado que las conversaciones se han reanudado y que esta semana entrarán en una fase decisiva. Antes del viernes sabrán las partes si da tiempo a tramitar la norma durante lo que queda de año, para lo cual impulsarán un procedimiento exprés. No sería algo extraño. En el Congreso, últimamente, es habitual que las leyes circulen a un ritmo trepidante.

La ley de vivienda, desde su llegada al Congreso en febrero, ha vivido una andadura complicada. El Gobierno, en uso de su potestad y facilidad para manejar los tiempos, optó por dejarla dormir en los diferentes limbos parlamentarios en los que pueden caer las leyes. El primero, el de las prórrogas semanales de los plazos para registrar enmiendas, que duró hasta finales de abril de este año. El segundo, el de la creación de la ponencia en el seno de la comisión correspondiente, en este caso la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que aún no ha terminado.

Pero desde hace días, el PSOE y Unidas Podemos empezaron a moverse. El detonante fue la propia negociación de los presupuestos, aunque existen razones políticas poderosas. La cercanía del periodo electoral es la más importante. La prioridad de los socios de la coalición es llegar al proceso de las autonómicas y municipales de finales de mayo con la agenda legislativa bien cargada. Ello significa exprimir la agenda, y de paso, a sus señorías.

Los habituales aliados del PSOE en el bloque progresista, que es el que se lleva imponiendo toda la legislatura, al menos en las normas más simbólicas en lo ideológico, pidieron a la cúpula socialista que había que desatascar de una vez la ley de vivienda. Para ERC y EH Bildu, que son los partidos clave en esta resurrección de la nueva regulación de vivienda, se trata de uno de los epítomes de la agenda progresista del Gobierno. Renunciar a ella sería una derrota. Los acuerdos presupuestarios sirvieron de estímulo, pero también de presión.

El punto clave es el tope a los precios del alquiler en las zonas más tensionadas, esto es, en las grandes ciudades. Las diferencias estriban en cómo hacerlo y a quién o quiénes aplicarlo. Para empezar, existen discrepancias de calado sobre qué es un gran tenedor, es decir, a partir de cuántas viviendas en alquiler se considera que un tenedor es un gran tenedor. ¿Ocho? ¿Diez? ¿Más de diez? Por aquí, una divergencia. Luego, los choques se localizan en qué pedir a un gran tenedor para que no suba los precios en consonancia con las tensiones del mercado y las derivas de la inflación. ¿Deben facilitar opciones más económicas?

También vive el disenso en qué instrumento usar de referencia. ¿Un índice como el que ha hecho la Generalitat de Cataluña? Y vive en cómo hacer que la regulación conviva pacíficamente con las competencias dadas a las comunidades autónomas, que son casi todas en materia de vivienda. ERC, por ejemplo, no quiere que la ley debilite un ápice la legislación actual catalana, que el Gobierno en su momento se planteó llevar al Constitucional. EH Bildu, como ha destacado este lunes Oskar Matute, quiere un respeto escrupuloso al marco competencial vasco.

🏠 @OskarMatute anuncia en @RadioPopular que las negociaciones sobre la Ley de Vivienda se han reactivado y agilizado.

Estas son nuestras propuestas👇

▪️Prohibir desahucios sin alternativa habitacional.
▪️Topar precios de los alquileres.
▪️Respetar el marco competencial vasco. pic.twitter.com/XH00hArVGs

— EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) 28 de noviembre de 2022

Todas estas cuestiones la deben dirimir PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu esta semana. Participan en las negociaciones cargos del Ministerio de Transportes, en concreto de la Dirección General de Vivienda. El encaje de las propuestas ha de ser finísimo porque basta cualquier irregularidad para que o bien el PP, que se opone, o bien una comunidad autónoma que se sienta afectada vayan al Tribunal Constitucional y la recurran.

Si logran el acuerdo estas cuatro formaciones, el Gobierno activará el trámite exprés. Es viable porque el debate de totalidad ya se ha producido. Basta crear la ponencia, redactar el informe en 48 horas y elevarlo a la comisión para convertirlo en dictamen. Y basta con llevarlo al pleno del Congreso la semana siguiente y conseguir que en el Senado sea como una estrella fugaz.

Ahora bien, el nivel de acuerdo político, con ERC y EH Bildu, no alcanza. La suma de escaños de los cuatro grupos es 171. Habida cuenta de que el PNV no ha estado nunca muy conforme con el proyecto legislativo, así como el PDeCAT, la coalición no tiene más remedio que acudir a ambos partidos y, además, a organizaciones más pequeñas como Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe o PRC, y negociar intensamente con ellos. Todo esto para evitar que se vayan al "no" y engorden el nivel de rechazo de PP, Vox y Cs.

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Cabe recordar que el debate de totalidad, celebrado el 10 de marzo de este año, se resolvió con apuros. ERC incluso llegó a presentar un texto alternativo. El Gobierno salvó la devolución del proyecto porque logró 174 votos a favor de continuar el trámite de la ley. Pero hubo 161 votos en contra y 4 abstenciones.

A la ley de vivienda, por tanto, le aguardan unos días decisivos, y después, si esta semana se resuelve bien para el bloque progresista del Congreso, unas semanas trepidantes. Quién lo iba a decir hace un mes a pesar de que, como destacó este medio, otoño fue el plazo que en verano se dio Pedro Sánchez para sacar adelante una de sus banderas.