El calendario del Congreso y las elecciones de mayo obligan a 'meter el turbo' a las leyes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a desplegar su agenda legislativa hasta el último día. Hasta que, por plazos, no pueda ir más allá de la disolución de las Cortes Generales. El cálculo conduce a la primera semana de noviembre de 2023. Fuentes socialistas han indicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que ésta es la intención del mandatario socialista y de su equipo de Moncloa.

A no ser que el presidente quiera adelantar el ciclo electoral, y por tanto, no esperar al 10 de noviembre del año que viene, a la legislatura le queda un año justo. El inconveniente es que no es un año natural porque enero, julio y agosto son meses inhábiles (no obstante, la maquinaria de las leyes seguiría carburando si se convocaran plenos extraordinarios) y porque a finales de mayo habrá elecciones autonómicas y municipales, lo que arrastra dos consecuencias.

Una es formal, la suspensión de la actividad del Congreso y del Senado al menos durante la semana de los comicios. La otra es eminentemente política: alejar de la fecha de las urnas las leyes consideradas polémicas (sedición o trans, por ejemplo) y concentrar poco antes de dicha fecha las normas vistas como positivas.

Dos fechas más en las que reparar: las elecciones valencianas, si es que no coinciden con las autonómicas y municipales, y la Semana Santa, que en 2023 transcurrirá entre el 2 y el 9 de abril y que en el Parlamento también son vacaciones.

El impuesto a la banca como paradigma

El calendario parlamentario está más comprimido porque las convocatorias de las sesiones plenarias evitan las primeras semanas de cada mes. Si hay festivo por medio, sucede lo mismo. Conviene tenerlo en cuenta. Al final, los días para aprobar leyes en el Congreso y en el Senado se pueden marcar en rojo. Menos mal que las comisiones cuentan con márgenes de trabajo más flexibles.

Que se lo digan, si no, a los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El martes que viene, a pesar de concentrarse la actividad en la negociación presupuestaria, se van a reunir los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos para formar la ponencia encargada de tramitar el impuesto a los bancos y a las empresas energéticas. La idea es que el jueves esté el dictamen hecho. La velocidad de crucero dada al procedimiento obedece al interés del Gobierno en aplicar el gravamen ya desde el 1 de enero del año que viene.

Para lograrlo ha usado dos factores. El primero: que al ser una proposición de ley registrada por el PSOE y por Unidas Podemos, es muy fácil acortar los plazos. El segundo: que al ser una medida que respaldan los aliados parlamentarios habituales, es decir, ERC, PNV, EH Bildu y otras formaciones minoritarias, el camino del acuerdo se encuentra asfaltado y el Gobierno puede ir mucho más rápido sin temor a derrapar y salirse del trazado.

El recorrido en un visto y no visto del impuesto funge como paradigma de los ritmos actuales del Parlamento, en el que la velocidad de las leyes depende, única y exclusivamente, de la voluntad del Gobierno. La oposición, ante esto, no tiene margen. Sus propuestas legislativas languidecen, por regla general, hasta que termina la legislatura.

Pero si el Gobierno tiene la batuta en sus manos y ata los apoyos, el ritmo es endiablado. Ocurrirá así con la proposición de ley para la reforma del delito de sedición. PSOE y Unidas Podemos presentaron la propuesta en el Congreso este viernes en cuanto supieron con certeza que los aliados no pondrían pegas. Resultado: tramitación exprés, mes y medio a ser posible.

Cuello de botella

El Congreso está inmerso de lleno en el corte y confección de los presupuestos de 2023. Las negociaciones comenzaron hace semanas. Se están viendo ya los frutos. Que se lo digan al PNV, ufano este viernes mientras anunciaba la incorporación al proyecto de 48 de sus enmiendas.

Después de la semana entrante dedicada al trabajo de la Comisión de Presupuestos, llegará el turno del pleno, paso final. Cuatro días durarán las sesiones, 21-24 de noviembre. Hecho el registro de la reforma de la sedición y a tenor de los acuerdos vascos citados, parece evidente que los 13 diputados de ERC y los seis del PNV respaldarán las cuentas. Los números provisionales sitúan el proyecto al borde de la aprobación. De ahí al Senado, en donde ya es costumbre que las leyes pasen como bólidos de Fórmula 1. Es una protesta de la oposición en la Cámara Alta, que no se resigna a ser espectador de lo que hace la Cámara vecina sin que ni siquiera pueda introducir algún cambio.

Aunque los presupuestos, al ser la ley anual más importante, gozan de preferencia, el Congreso no ha aparcado completamente demás trámites. Son tantos... El pasado día 3, el pleno dio salida a cinco dictámenes legislativos, a una proposición de ley y a la convalidación de un decreto. Por si no fuera suficiente, algunas comisiones han celebrado reuniones para avanzar en trámites como los de la nueva regulación de bienestar animal, norma a la que se le prevé un desenlace político delicado.

El cuello de botella podría producirse, sin embargo, cuando acabe el periplo de los presupuestos. Según el calendario, habrá pleno la última semana de mes, en la semana del 12 de diciembre y en la del 19. Ningún diputado consultado sobre los plazos duda: la carga de trabajo que se va a acumular a lo largo del último mes del año va a ser tremenda. Sucede casi siempre, cabe puntualizar, pero ello no rebaja la intensidad de lo que se avecina.

Y qué es lo que se avecina

Es probable que en breve se haga realidad el dictamen de la ley de cooperación para el desarrollo sostenible. Poco después, pasarían por el pleno las propuestas del gravamen temporal a sectores financiero y energético y de reforma del delito de sedición. Sobrevuela también la modificación del Estatuto de Aragón.

Los trámites de la ley trans y de la ley de bienestar animal se están enrevesando tanto que dilucidar plazos es una osadía. Para empezar, PSOE y Unidas Podemos parten de posiciones distantes, por no decir diametralmente opuestas. La alternativa, en caso de que uno de los dos se descuelgue, no está en el tejado del PP, pues se opone a ambos proyectos. Sólo un cambio obrado en las negociaciones evitaría el desenlace ahora más probable: el rechazo del dictamen y la devolución del texto al Gobierno.

En cualquier caso, incluso la agregación de un pleno el 27 o el 28 de diciembre no resolvería los trámites pendientes, lo que traslada el calendario a febrero. A partir de entonces podrían tramitarse la reforma de la ley del aborto, la ley de empleo, la del sistema universitario, la de servicios de atención a la clientela, de mercados de valores, contra el desperdicio alimentario, de protección de denunciantes de corrupción o de pesca sostenible. Más dudas envuelven los tiempos de la ley de vivienda o de la derogación de la ley mordaza, peliagudas debido a la falta de acuerdo.

Semejante intensidad, por otro lado, pueden sobrellevarla los grupos grandes. PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos, a los desempeños de sus 120, 88, 52 y 33 diputados, respectivamente, añaden los de sus numerosos asistentes, tanto los que el Congreso pone a su disposición como los que contratan por su cuenta. Ahora bien, grupos más reducidos como Cs, PNV o EH Bildu lo pasan fatal con este frenesí legislativo del Gobierno.

Pasillo angosto

Hay tal cantidad de normas en espera, y en realidad, pocos meses, que o los trámites se hacen rápido o las leyes no serán. En todo caso, la legislatura se ha metido en un pasillo estrecho que cada vez se va haciendo más y más estrecho. Que salgan ahora proyectos del Consejo de Ministros es una muestra de la elevada productividad del Ejecutivo, pero la garantía de completar el viaje parlamentario antes del fin de la legislatura se va reblandeciendo con el paso de los días.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desmenuzó el pasado martes las novedades del anteproyecto de ley sobre los grupos de presión o 'lobbies', que cumple además con uno de los componentes del plan de recuperación orquestado con la UE. Es una norma esperada por el sector, sin duda, pero no hay que eludir que es aún un anteproyecto y que, por tanto, tardará semanas en salir de nuevo del Consejo de Ministros, ya como proyecto rumbo al Congreso.

Esto puede ocurrir ya el año que viene. Habría tiempo todavía para hacer el trámite durante el próximo periodo de sesiones (febrero-junio), incluso sin conocer el calendario de plenos de la Mesa de la Cámara. Como lo habría para la nueva ley de secretos oficiales o para la futura ley de trata que el Gobierno ha avanzado que aprobará, como anteproyecto, el martes próximo.

Pero no cabrán los despistes. Porque en junio prácticamente todo el pescado se habrá vendido, aunque resten dos meses hábiles (septiembre y octubre) para la disolución obligada de las Cortes por el fin constitucional de la legislatura.

Así que si Sánchez quiere estirar su agenda legislativa y reformista hasta el último minuto, no tiene tiempo que perder. Y el Congreso, tampoco.