IMPUESTO A BANCOS Y ELÉCTRICAS

La amenaza que se cierne sobre el bastión de armonía y consenso del Congreso

  • La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso se ha convertido en un reducto de buen ambiente y pactos entre todos los grupos, menos Vox

  • El inicio del trámite del impuesto a los bancos y a las empresas energéticas amenaza con romper el clima de consenso

La ministra de Economía y Transición Digital, Nadia Calviño (c), acompañada de la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), Carme Artigas (i) y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo (d), junto con diputados socialistas aplauden en el patio del Congreso

La ministra de Economía y Transición Digital, Nadia Calviño (c), acompañada de la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), Carme Artigas (i) y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo (d), junto con diputados socialistas aplauden en el patio del Congreso / EFE/Sergio Pérez

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Un diputado con contacto casi diario con la oposición llamaba la atención, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, sobre una reciente decisión de la Mesa del Congreso, cuanto menos curiosa. Había decidido enviar el trámite de la proposición de ley que regulará el nuevo gravamen a bancos y compañías energéticas a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A primera vista, pareciera que no hay ninguna incongruencia o anomalía, pero la hay. ¿Por qué una propuesta sobre un impuesto no se envía a la Comisión de Hacienda, que es la encargada de la fiscalidad?

En opinión de este diputado, la razón no tiene que ver con que una acumule mucha carga de trabajo y la otra no. Tiene que ver con algo intangible, pero fundamental en política, como son las relaciones personales. Resulta que en la Comisión de Asuntos Económicos reina la armonía y la concordia, y esto es algo que ha percibido prácticamente todo el hemiciclo. Mejor encarrilar un trámite rápido, y previsiblemente polémico, en un órgano parlamentario del que ha trascendido la sintonía.

Precisamente el martes pasado, los integrantes de la Mesa de la Comisión pudieron comprobar que el viaje del impuesto a bancos y a eléctricas no será sencillo. El Gobierno quiere que se haga en un visto y no visto con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2023. El PP no quiere; los populares prefieren un trámite más pausado tras el informe del Banco Central Europeo que alertaba, hace unos días, de que ese gravamen podría afectar al mercado financiero.

La reunión del martes fue un formalismo: había que concretar el calendario de tramitación. PSOE y Unidas Podemos (tres representantes) propusieron que la ponencia se creara dentro de cuatro días y que su informe se analizara dentro de seis. El PP defendió la idoneidad de contar antes con los veredictos del Consejo de Estado y de la AiReF y con los testimonios de unos cuantos expertos. Por tanto, de ir más despacio.

El formalismo reveló que entre PSOE y Unidas Podemos, por un lado, y el PP, por otro, media una distancia considerable. Si las posturas de uno y otro bloque confrontaron con rotundidad, ¿cómo serán los debates en la ponencia y en la comisión? “Pues va a haber tensión, me temo que sí, porque para el Gobierno es una prioridad política que necesita celeridad; para la derecha sencillamente no es ninguna prioridad”, explica el diputado.

Así que la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, un bastión de concordia, buen ambiente y consenso, tiene delante una seria amenaza.

Cuatro leyes y un mensaje

La comisión económica del Congreso parece un oasis en el desierto, pero no es exactamente así.

La rutina en la Cámara tiene varias capas, que se superponen según los días. Los miércoles, cuando se celebran las sesiones de control, muestran debates muchas veces enfervorizados y hasta faltones. Reflejan un repertorio emocional muy potente: el desprecio, la rivalidad, la ofensa… Los martes y los jueves, salvo salidas de curva, que las hay, enseñan debates más sosegados, en ocasiones aburridos, porque abordan cuestiones más técnicas. Hasta aquí, las sesiones del pleno, la instancia parlamentaria más importante.

Pero, por debajo, fluyen las comisiones. En ellas se producen discusiones políticas (proposiciones no de ley, preguntas orales…) y debates legislativos (aprobaciones de los informes de las ponencias). No se aprueban leyes, no, pero las envían al pleno para el paso final.


/ epe

Los procedimientos, más allá de los ritmos y las velocidades, resultan intensos y complejos. Pulir enmiendas, acordarlas, excluirlas… Esto puede llevar semanas. Además, los diputados de las comisiones, cuando abordan una nueva ley o una reforma, se reúnen con asiduidad con empresas y asociaciones (o con sus correspondientes grupos de presión), y por supuesto, con representantes del Gobierno. También entre ellos, claro. Y así se pueden estar, como decíamos, semanas o meses.

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado este año cuatro dictámenes de otras tantas leyes: telecomunicaciones, audiovisual, creación de empresas y 'start up'. Sólo la primera y la segunda, con compañías afectadas como Telefónica o Netflix y con asociaciones implicadas de los ámbitos de la publicidad y del consumo, supusieron decenas y decenas de reuniones. Por si fuera poco, la UE estuvo al acecho, vigilante. Una diputada recuerda lo duras que fueron las negociaciones y la cantidad de encuentros que tuvieron que concertar para ir limando diferencias. 

A pesar del esfuerzo, el bagaje merece la pena, comenta la parlamentaria. Un repaso a los grados de respaldo: telecomunicaciones, 261 síes; audiovisual: 130 (y 131 abstenciones); creación de empresas, 261; 'start up', 265, incluido el PP a pesar de que 85 de sus 88 diputados/as votaron en contra por error.

Por tanto, el mensaje que se desprende, la moraleja, es que el consenso, en el Congreso, es posible.

“El grial”

Pedro Casares y Begoña Nasarre son los diputados/as que llevan las riendas del grupo socialista en la Comisión de Asuntos Económicos. Las fuentes consultadas coinciden en resaltar que los dos, por sí mismos, son uno de los motivos del “pactismo”, a pesar del fuerte resbalón de la ley audiovisual. También importante, coinciden las fuentes, es Txema Guijarro, de Unidas Podemos. Una diputada destaca que a muchas reuniones iban juntos Casares y él y que eso facilitaba tremendamente la interlocución. 

Ha debido ser así porque miren qué partidos han apoyo. A la ley de 'start up', PSOE, PP (pese al error), Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, PDeCAT o Más País. A la de creación de empresas, PSOE, PP, Unidas Podemos, ERC, Cs, PDeCAT o Teruel Existe. A la audiovisual (el tropezón de este año), PSOE y PNV; a la de telecomunicaciones, PSOE, PP, Unidas Podemos o Compromís. Sólo uno de los grandes grupos desaparece por sistema: Vox.

Una de las más altas personalidades de la Mesa se enorgullecía hace una semana del tono del debate que tuvieron los grupos para dar el “ok” al dictamen de la regulación de las start up. La lectura del diario de sesiones de ese día de pleno, 3 de noviembre, ilustra la alegría de la autoridad parlamentaria.  

María Muñoz, de Cs, afirmó que la ley, que calificó como “buena”, estuvo precedida de “disposición y esfuerzo por parte del Gobierno para generar consensos”. Desde el PDeCAT, Ferrán Bel se prodigó en los agradecimientos al equipo de la Secretaría de Estado de Digitalización, que encabeza Carme Artigas. También enfatizó el trabajo de Casares y Nasarre por haber servido de “puente”. “El texto que vamos a aprobar es mejor que el que entró” en el Congreso, concluyó el diputado catalán.

Joan Capdevila, de ERC, alabó el “mérito de ponentes ya bastante avezados en el arte de la transacción”, y en representación del PP, Víctor Píriz subrayó cómo los grupos pudieron enriquecer el proyecto, lo que achacó en gran medida al papel de Casares y al de la secretaria de Estado. Tras tanta loa, no extrañó que Nasarre, defensora en el debate de la posición del PSOE, hablara, orgullosa, de “la búsqueda del grial del consenso parlamentario” como misión principal de su grupo.

La amenaza del gravamen

El trámite de la ley audiovisual fue arduo y abrupto. Nunca transitó bien del todo, y probablemente por eso, acabó mal. Es el único proyecto legislativo que hasta la fecha ha experimentado un cisma entre el PSOE, que votó a favor, y Unidas Podemos, que se abstuvo. Que hubiera más abstenciones que apoyos es revelador. 

Aquel ambiente ensombrecido de finales de mayo volvió un mes después al consenso y al clima agradable, gracias a la nueva regulación para la creación de empresas. La ley de 'start up' ha estabilizado la meteorología política, repleta, además, de buenas palabras. Sin embargo, el impuesto que el Gobierno quiere imponer a energéticas y bancos durante los dos próximos años con el fin de repartir con más equidad las cargas de la superación de la crisis actual se ha transformado en un frente frío y húmedo, y por tanto, en seria amenaza de tormenta.

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Una de las fuentes consultadas cree que si el ánimo amable, educado y respetuoso ha prevalecido en la comisión de economía es porque las leyes, a pesar de su complejidad, contenido técnico y extensión, carecían de ideología. Es más fácil acordar así. Ahora bien, no por ello han dejado los diputados y diputadas de intercambiar parabienes. He aquí una Comisión en la que un portavoz de Unidas Podemos, Guijarro, es capaz de felicitar sin ambages al presidente, Celso Delgado, del PP.

Y no por ello han dejado de expresarse cariño. Que toda la Comisión se volcara con la letrada tras el fallecimiento de un familiar ilustra lo bien que se llevan aquí. Ojalá el gravamen no aleje el anticiclón de buena temperatura política y que este bastión de concordia resista.