La reforma de la malversación de PSOE y ERC crea dudas en la mayoría progresista del Congreso

La secuencia tiene algo cómico. En una sala del Congreso, primera planta del edificio contiguo al palacio (donde está el hemiciclo), se reúne la Mesa de la Comisión de Justicia, cinco integrantes (uno del PSOE, otro de Unidas Podemos, una más de ERC y dos del PP). La reunión dura media hora. Acto seguido, se trasladan a una sala al lado, más grande, en la que esperan los portavoces de los grupos. Han entrado en ella tras sortear una nube de periodistas preparados para una tarde larguísima. 

Pero no. Apenas una hora después, han salido los portavoces y los representantes de la Mesa, por supuesto, entre expectación mediática. Contrastaba la enorme carpeta que portaba el diputado del PNV Mikel Legarda con lo que ha durado la sesión. Esa carpeta no se la ventila uno en 15 minutos. 

Pero es que de lo que se trataba no era de mantener una sesuda reunión entre abogados (algunos penalistas). De lo que se trataba era de ir rápido. Resultado: la reforma más fugaz del Código Penal, ni más ni menos que del Código Penal, un libro de más de 600 artículos, está ya asfaltada. El circuito para batir el récord de la hora de las tramitaciones parlamentarias, listo.

Ambas reuniones, a pesar del ritmo trepidante, como cuando sales a la puerta de casa a ver el paso del pelotón de una ronda ciclista, no han tapado el malestar de una parte importante del Congreso. El PP, en las dos citas, ha pedido a los letrados de la Comisión que fijen un criterio sobre la manera en que se estaba abordando la reforma del Código Penal, y en especial, acerca del encaje constitucional de algunas de las enmiendas. Sin embargo, no sólo los populares han expresado su perplejidad. También los representantes de Junts, la CUP y Cs. 

Unidas Podemos se desmarca con la reforma del delito de malversación que ERC pone sobre la mesa

En el Partido Popular están tan indignados que han presentado un escrito ante la Mesa del Congreso para que, sobre un soporte jurídico, se pronuncie. Que vía enmiendas se estén cambiando leyes orgánicas como la del poder judicial o la del Tribunal Constitucional y que, como consecuencia de esa velocidad imparable, no haya posibilidad de informes del Consejo de Estado, por ejemplo, dinamita cualquier procedimiento parlamentario mínimamente garantista, en opinión de los populares.

Fuentes de la Mesa de la Cámara indican a este medio que el escrito ha llegado demasiado tarde como para que ocupe un punto del orden del día de la reunión de este martes, pero dan por hecho que Ana Pastor tratará la cuestión y que habrá debate, en consecuencia. Los indicios de éxito son leves, por no decir inexistentes.

El momento más tenso de la reunión ha sucedido cuando PSOE y ERC han presentado una enmienda transaccional para darle una vuelta al delito de malversación. Por un lado, una rebaja de las penas de seis a cuatro años (Esquerra propuso tres, inicialmente); y por otro, como para compensar lo anterior, una serie de añadidos para que no queden impunes prácticas que supongan una desviación de fondos públicos.

En la firma de la enmienda, de PSOE y ERC, no estaba nadie de Unidas Podemos. El grupo confederal había advertido unas horas antes de que debían sopesar mejor la propuesta porque no quieren dar su apoyo a nada que termine aliviando las penas a condenados por corrupción. No pretenden, explicaron, complicar el porvenir de la regulación. Lo que pretenden es, para que se entienda, no meter la pata con un asunto tan sensible.

Ahora bien, las dudas de Unidas Podemos no son las únicas. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha consultado a todos los grupos del llamado bloque progresista, es decir, el conjunto de formaciones que suelen respaldar las leyes por las que aboga el Gobierno. Es decir: la mayoría del Congreso.

Efectivamente, Esquerra, 13 escaños, está dentro, al menos de momento. El PNV, seis, también. Su portavoz, Aitor Esteban, ha destacado en Radio Euskadi la posición a priori favorable a la reforma de la malversación, ya que es un regreso a la redacción anterior a los cambios que obró el PP en 2015, época de mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Ya están asegurados, en consecuencia, 139 síes.

Pero la cifra es insuficiente porque la derecha, aquí, hace piña. PP, Vox y Cs no comparten nada de lo que está moviendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ni las formas ni el fondo. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, está pidiendo ya el adelanto electoral. Santiago Abascal e Inés Arrimadas están hablando de mociones de censura, algo que no prosperaría de ninguna de las maneras. No buscan derrocar al mandatario socialista, sin embargo; saben que no dan los números. Lo que buscan, cuentan, es dar una dimensión internacional al asalto a la democracia que se está produciendo.

El problema ahora mismo, problema político para Sánchez, es que si se votara esa enmienda y este artículo por separado, en la sesión del pleno, el desenlace es un misterio. EH Bildu está evitando dar posición. Previsiblemente, la anunciarán este martes. Fuentes de la mayoría progresista no creen que se desmarque. Ahora bien, andan todos muy pendientes de lo que haga Unidas Podemos. Un diputado este sector ideológico lo resumía así, en conversación con este diario: “Tengo que hablar con gente de su dirección esta noche; hay más cosas en juego”. ¿Cuáles? Mejor no desvelar los trucos negociadores.

En el silencio calculador de los cinco diputados de EH Bildu hay que sumar a Más País (dos diputados), Compromís (uno), BNG (uno) y Teruel Existe (uno). También a los cuatro del PDeCAT. Y claro, a los 33 de Unidas Podemos y a su exrepresentante, ahora en el Mixto, Meri Pita, diputada canaria.

Se tiene que despejar el panorama del 'sí'. El del 'no' ya lo está. PP, Vox, Cs y Junts han dicho que no. Se da por hecho el voto en contra de los dos exmiembros de UPN, y el del Foro y el de Pablo Cambronero, ex de Cs, hoy en el Mixto. Coalición Canaria no está por la labor tampoco, según fuentes de la formación. Ni el PRC (Cantabria). Su diputado, José María Mazón, no apoyará esta vez al PSOE.

Y como el panorama del no está claro y el del sí en absoluto, debido a las dudas que genera cualquier mensaje que se interprete como una traición a la lucha contra la corrupción, una sombra de intriga y suspense recorre el Congreso estos días. Y de paso, cerca al Gobierno.