DISCUSIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA

La retirada del escaño de Rodríguez provoca una larga bronca en la Mesa del Congreso

El jefe de los letrados ha explicado las diferencias argumentales entre los dos informes remitidos

Meritxell Batet ha defendido su actuación en cumplimiento del respeto institucional

La retirada del escaño de Rodríguez provoca una larga bronca en la Mesa del Congreso

EFE

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Alberto Rodríguez ya no está en el Congreso, pero su sombra sí. La reunión de la Mesa de este pasado martes ha durado dos horas aproximadamente y casi toda la sesión ha estado acaparada por la polémica sobre la retirada de su escaño. Intervinieron prácticamente todos los integrantes, incluso el secretario general de la Cámara, Carlos Gutiérrez Vicén, en el centro de las miradas porque su criterio, verbal y escrito, amparó a la presidenta, Meritxell Batet, para tomar la decisión.

Una de las dudas que más reacciones airadas ha causado residía precisamente en ese escrito del jefe de los letrados, expresado en un documento con fecha del 25 de octubre, firmado por él y con membrete de su cargo. También presenta dos sellos que certifican su paso por los registros correspondientes. Es un documento dirigido a Batet, y de hecho comienza así: "Excma (excelentísima) señora".

Que este documento mostrara tantas formalidades preceptivas y no el primer informe de los letrados se explica, indican las fuentes parlamentarias consultadas, porque son documentos completamente distintos. Ese primer informe era un texto enmarcado en el índice rojo de la sesión de la Mesa del pasado 19 de octubre, es decir, en el listado de asuntos de gestión parlamentaria sobre los que hay que tomar una decisión. Los textos de esta tipología ni van firmados ni llevan membretes tan específicos ni sellos acreditativos de su registro.


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Solucionada esta duda meramente formal, tocó despejar los interrogantes sobre los contenidos. Gutiérrez Vicén intervino en la sesión de este pasado martes para explicar qué ha llevado a los letrados a emitir dos informes en teoría contradictorios. El que vio el órgano de gobierno del Congreso hace una semana resultaba una respuesta argumentada a los escritos del PP y de Vox en los que pidieron posicionamiento a la Mesa. Entonces, el cuerpo de letrados analizó la resolución de la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, en la que se sentencia a Rodríguez a una pena privativa de libertad reemplazable por el pago de una multa de 540 euros durante mes y medio, y derivado de ello (pena accesoria), la inhabilitación para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo por el tiempo de la condena.

La documentación de los servicios jurídicos, muy cuestionada, concluía que de la sentencia no cabía extraer consecuencias "extra penales" ni la ejecución de la inelegibilidad sobrevenida, que es una figura contemplada en la doctrina del derecho electoral aplicable a los cargos que, tras ser elegidos en las urnas para el mismo, son condenados en sentencia firme e incluso en sentencia no firme. La reunión del día 19 terminó sin decisión sobre el futuro de Alberto Rodríguez. Algunas de las fuentes consultadas para esta información creyeron, de hecho, que el diputado de Unidas Podemos seguiría en su escaño. Al menos es la sensación que reinaba en su partido.

El punto de inflexión

Un párrafo cambia todo. Un documento fechado el 20 de octubre, firmado por Manuel Marchena, llega a Batet. En apenas unas líneas, el presidente de la sala del Supremo que ha condenado a Rodríguez pide recibir un informe sobre "la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación". Concluye con una referencia muy clara a la finalidad de la solicitud: "llevar a efecto la práctica de la correspondiente liquidación de condena".

La presidenta del Congreso convoca de urgencia una reunión de la Mesa para estudiar el escenario que acaba de abrir el texto conciso de Marchena. De acuerdo con la versión de las fuentes consultadas, el juez está apremiando a la retirada del escaño, pero sin ser explícito. Apunta a retirarle de él cuando habla de inhabilitación, eso es evidente, indica una de las citadas fuentes.

La misiva del juez del Supremo es analizada en la Mesa y se produce un debate largo y tenso. Por un lado, se resuelve que la decisión la ha de tomar la presidenta, no el órgano que encabeza; por otro, el criterio que va ganando peso es el de apartar a Rodríguez del escaño que ganó en las elecciones de noviembre de 2019 por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife.

La oposición de Unidas Podemos no tiene matices. Bajo ningún concepto se puede proceder a la inhabilitación cuando un documento de los servicios jurídicos de la Cámara ni siquiera avala ese supuesto, argumentan. En el PSOE prevalece esta tesis. La presidenta deja ver su parecer, que no es el mismo: hay que ejecutar la sentencia, es decir, dejar al diputado tinerfeño sin escaño.

El resto de la historia es conocido: al día siguiente, Batet comunica a Rodríguez que se queda sin escaño tras recibir la instancia del juez a que actúe de este modo.

Una mayoría de cinco integrantes de la Mesa (tiene nueve en total) aprueba remitir a la sala segunda del Supremo un escrito de aclaración. La reunión termina con un emplazamiento de Batet a la comunicación de su decisión. Las fuentes precisan que da media hora de margen. Otras que no da ninguno. La presidenta opta finalmente por esperar la contestación de Marchena. El resto de la historia es conocido: al día siguiente, Batet comunica a Rodríguez que se queda sin escaño tras recibir la instancia del juez a que actúe de este modo.

Antes de hacerlo, habló con el secretario general del Congreso. Fuentes de la Presidencia añaden que Batet solicita que esa conversación se ponga "negro sobre blanco". Los integrantes de la Mesa conocen el contenido del escrito por los medios de comunicación, ya que lo adelanta la Cadena SER y acto seguido se hace eco de él EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. No está en el orden del día. No tiene por qué estarlo, pues es una petición de la presidenta al secretario general.

En el escrito, argumentado con brevedad, el jefe de los letrados recuerda dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de 2014 y otra de 1983. En ambas se marca la jurisprudencia sobre el alcance de una condena a un cargo electo tras haberlo sido y sobre la "incompatibilidad sobrevenida".

Gutiérrez Vicén explicó este escrito a los integrantes de la Mesa durante la reunión del martes. Los dos textos firmados por Marchena dejan clara hasta dónde llega la condena a Rodríguez. Actuar en contra del criterio del Supremo hubiera llevado a Batet a un terreno peligroso. Ella misma, señalan las fuentes, hizo una defensa de su gestión y apeló a los principios del respeto institucional y rigor democrático.

Con todo, la discusión fue encendida, en especial por parte de los representantes del PP y de Vox. Pidieron dimisiones. Unidas Podemos bajó el volumen, pero insistió en que se trata de una decisión injusta y arbitraria.

Todo apunta, según la impresión de las fuentes, a que el conflicto ha cesado al menos en la esfera parlamentaria.

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