El juez archiva la denuncia sobre las irregularidades en la Federación Madrileña de Tenis

El titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Fernando Fernández Olmedo, ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia interpuesta contra el presidente de la Federación Madrileña de Tenis (FMT), Juan Luis Rascón Lope, y el gerente, Juan Bautista Avendaño, por el cobro del primero por autocontratarse con un sueldo mensual de 10.530 euros.

El magistrado toma esta decisión después de que el área de delitos económicos de la propia Fiscalía Provincial de Madrid cambiara de criterio y reclamara el archivo de la causa al considerar que los denunciados no habían cometido ninguno de los delitos por los que habían sido querellados.

“Tras la práctica de las diligencias que obran en la causa, estudiadas las alegaciones de los investigados, y visto el informe emitido por el Ministerio Fiscal, que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, este Instructor entiende que no procede acordar la continuación del procedimiento frente a aquellos, y sí el sobreseimiento solicitado”, especifica el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ya era trabajador

La resolución explica que Rascón ya era trabajador, en concreto director deportivo de la Federación Madrileña de Tenis, desde el 1 de marzo de 2011. Y el 26 de septiembre de 2016 se dio de baja como empleado del organismo, siendo posteriormente contratado tras ser elegido presidente en las elecciones que se celebraron ese año, el 6 de octubre de 2016.

El auto destaca que este contrato se suscribió “en las mismas condiciones” al que tenía antes de las elecciones: “Tal y como se constata en las nóminas desde su contratación en octubre de 2016, la remuneración y la categoría profesional son las mismas que hasta el año 2016, e incluso se fija como antigüedad del trabajador la de 1 de marzo de 2011”, prosigue la resolución.

La misma retribución

De estos hechos no se puede desprender, concluye el magistrado, la existencia de un delito de administración desleal, sin perjuicio de las irregularidades administrativas que se puedan apreciar, y que hayan de ser corregidas en la Tesorería de la Seguridad Social, dice el juez, que concluye: “No existe una conducta del investigado que perjudique a la Federación, habiéndose limitado a mantener la misma retribución que tenía antes de las elecciones”.

"Como señala el Ministerio Público en el informe emitido”, prosigue el juez, “de la documental aportada resulta que la remuneración del investigado no procedía de subvenciones percibidas por la Federación, por lo que no pueden apreciarse los delitos de fraude de subvenciones o malversación de caudales públicos”.