María Luisa Balaguer: "Si tengo los votos suficientes cuando se complete el TC me gustaría ser presidenta"

María Luisa Balaguer (Almería, 1953), catedrática de Derecho Constitucional, profesora de Periodismo y escritora, es magistrada del Tribunal Constitucional desde 2017 por el Senado, a propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Si puede ser presidenta del nuevo TC a partir de que se completen los cuatro puestos ahora vencidos desde el pasado 12 de junio, lo será. No prescindiría para ello del voto de otras sensibilidades diferentes a las del sector progresista. Tampoco “entraría en una guerra” o “lucha” para conseguirlo. He aquí los tramos esenciales de una conversación que mantuvo con este periódico a las 10 de la mañana del pasado lunes, día 17 de octubre en su despacho de la madrileña calle de Doménico Scarlatti. 

En este interregno en el que se van a cubrir cuatro plazas en el Tribunal Constitucional usted está en campaña… Por la presidencia… 

Bueno, yo no tengo nada más que doce votantes [ríe]. Desde el derecho romano es una campaña muy peligrosa... sí porque la jornada de reflexión -propia del derecho romano y a la que en su día, en 2021, hice un voto particular- tendría prohibido un día antes visitar a los compañeros y compañeras para que me votasen. Si fuese así, la corrupción de ese número de personas sería mucho más fácil que por ejemplo en el derecho romano [ríe]. Ahora, cuando dice usted que me estoy postulando… 

He dicho que está en campaña, no postulándose. 

Sí, vale, quizá me lo hayan dicho de otros medios. Considero muy importante atender a los medios de comunicación y es uno de los principales campos que creo necesario cambiar o potenciar. Yendo a su pregunta creo que cuando vengan las personas que se van a incorporarse al tribunal se elegirá el presidente o presidenta que se quiera y ya está. Para mí la presidencia del TC no es un proyecto personal. Si tengo los votos suficientes, cuando se complete el tribunal, me gustaría ser presidenta. Para mí y para cualquier persona es un honor. Pero no al punto de crear un conflicto. Se intenta que se elija por unanimidad. 

Hay indudable expectativa en todos los ámbitos por el hecho de que vamos a una mayoría progresista de siete contra cinco...  

Ja, ja. Está usted haciendo una política de ciencia ficción del tribunal que puede ocurrir, o no, pero sobre la que yo no tengo idea.  

El CGPJ elegirá dos magistrados. Uno conservador y otro progresista. Y el Gobierno nombrará dos progresistas. Ahora son cuatro. Y tres son siete… 

Todo eso… eso de progresista, verá, yo no tengo una idea tan clara de esa división, de acuerdo con mi experiencia personal eh, mis borradores de sentencia han salido prácticamente por unanimidad en la inmensa mayoría de los casos. He hecho 106 votos particulares (discrepantes con la mayoría). Creo que esa idea que existe no tiene consecuencias reales. Quizá pueda parecerle extraño, pero en cinco años muchos llamados conservadores han votado sentencias mías muy progresistas y viceversa. 

Hemos tenido casos como el estado de alarma y una racha o deporte de los llamados “varapalos” al Gobierno por los medios de derecha en cada Pleno. 

En el estado de alarma, ahí pudo haber cierta polarización. Pero se intentó un acuerdo y no funcionó. Y quizá el ponente [Pedro González-Trevijano] se hubiera abierto más. 

 ¿Y qué ocurrió? 

Y… que cada persona ejerce su voto individual. Pero se pudo llegar a acuerdo. El agotamiento y posiciones de intransigencia, legítimas, no lo consiguieron. Créame que hice grandes esfuerzos con el ponente para llegar a un punto de acuerdo. Pero hubo posiciones individuales -y estaban en su derecho- que lo impidieron. 

La percepción fue que a través de ese varapalo -hecho con posterioridad al estado de alarma- se buscaba desgastar al Gobierno.

[Ríe] Fíjese, eso son lecturas... Los varapalos iban por los decretos-leyes. Yo tengo una ideología clara, soy marxista, no entiendo una interpretación de la realidad sin la lucha de clases, en el grado que sea, pero aquí estoy para interpretar la Constitución. Y creo que todos los gobiernos tienen estos tiempos que funcionar a fuerza de decretos-ley. 

En 2017, cuando Juan José González Rivas, conservador, fue elegido presidente el sector progresista postuló a Fernando Valdés, progresista, para el puesto de vicepresidente. Sin embargo, el sector conservador ofreció sus votos a Encarna Roca, procedente de un acuerdo entre CiU y el PSOE, y ella asumió la vicepresidencia. Eso tuvo su coste. Ella apoyó la inconstitucionalidad del estado de alarma… ¿Se repite ese cuadro ahora? Es decir: los conservadores podrían ofrecerle a usted sus votos para ser presidenta. 

[Ríe] Eso sí que no tengo ni idea de si se podría repetir o no. Ni idea. Me parece sorprendente hacer averiguaciones sobre eso porque tendrán que venir los nuevos compañeros y ver que escenario se plantea, más allá de si hay izquierda o derecha o cualquier posición ideológica en la que, insisto, no creo. No todos aquí hablan con la prensa para cambiar impresiones sobre el tribunal, que es mi posición. Hay personas que pueden tener una versión interesada…no digo magistrados sino personas que están aquí y creen que manejan información. Mi versión es honesta. Tengo una relación muy buena con todos los miembros del tribunal. 

Ese escenario es completamente ajeno a la situación del tribunal. Desde que se renovó y el presidente nuevo se eligió por unanimidad. Por ejemplo, en la votación del anterior presidente González Rivas me abstuve. No lo conocía. Pero el verano de 2021 contribuyó a pacificar al tribunal, González-Trevijano salió por unanimidad en noviembre, como Juan Antonio Xiol como vicepresidente. Y respecto de ese escenario que menciona no tengo ninguna idea ni la quiero tener hasta que llegue el momento. 

A ver, han pasado largos años que el sector progresista no ha tenido presidente… 

Bueno usted dice sector progresista, coloquialmente puede decirlo, yo… 

Lesmes, el dimitido presidente, decía en el CGPJ que no se hiciera referencia a grupos. Pero haberlos haylos. 

No conozco lo que pasaba en el Consejo. Pero aquí yo he votado sentencias a favor y en contra. No veo nunca la vida en mi trabajo desde ese punto de vista ideológico porque hay un campo en el que se puede desenvolver el derecho constitucional sin necesidad esos sesgos que pueden estar presentes y que son legítimos 

En su “campaña presidencial” usted subraya la relación del TC con los medios de comunicación. 

Es fundamental. El otro día le leí a usted sobre el recurso de amparo del diputado Alberto… Rodríguez me parece que se llama ¿no?, esta persona que ha interpuesto el recurso. 

Sí. 

Que tendría que estar repuesto inmediatamente en su escaño. ¿Usted sabe lo que tarda en sustanciarse un recurso de amparo? Primero entró el recurso contra la sentencia de la Sala II del Supremo que condujo a la decisión sobre el escaño. Y hasta que ese recurso, prioritario, no se resuelva, yo no puedo hacer mí borrador. Lo haré, pero tengo que esperar. No se puede tomar medidas rápidas que hagan funcionar el derecho. Dicho todo esto, los recursos de amparo son una pieza capital del funcionamiento del tribunal. 

Ya en el caso concreto, el recurso de Rodríguez se presentó en el TC a primeros de 2021. Con una solicitud de medida cautelar. Se ha expulsado a un diputado condenado a pena transformada en 45 días de multa e inhabilitación. Y él pide que cumplido ese plazo se le restituya el escaño. Esa medida cautelar -aunque me dicen que ya hay informe sobre ella- no está resuelta nueve meses más tarde. Hace un año ahora que fue expulsado. Por tanto, la legislatura se va agotando.  

Comprenderá que no siga avanzando en este tema porque cualquier cosa que diga podría perjudicar a las partes. Pero sí digo que el TC no es un tribunal de jurisdicción ordinaria y la posición que debe tener es la de sentar jurisprudencia constitucional. Más allá de este problema, que lo lamento, e insisto en que yo no a ser quien lo retrase cuando se haya resuelto el asunto principal. Todo lo contrario. Tengo un gran interés siempre en que no se retrasen temas que pueden ir avanzando en paralelo. 

Si se va a resolver primero el recurso contra la sentencia, quien está a cargo es el magistrado Santiago Martínez-Vares uno de los que va a ser sustituidos. Por tanto, tendrá que hacerse cargo su sucesor. Y una vez resuelto entonces se abordará el recurso parlamentario. Vamos, que no se resolverá hasta después de finalizada esta legislatura. Y el presidente, ¿no debería decir esto hay que resolverlo, los dos recursos juntos o por separado, y dar prioridad al parlamentario? ¿Cómo se recuperaría el tribunal de un desastre como de no resolver en esta legislatura ese recurso? 

Ojalá estuviera publicada la sentencia y podría explicarle lo que pienso sobre ello, que es mucho, habría otros razonamientos paralelos. Pero hay un aspecto que me preocupa de su intervención y es que el presidente pueda distribuir una ponencia, venga, esto es lo que vamos a hacer. Verá, si algo siento, si algún principio es importante en la jurisdicción es la independencia judicial. Yo tengo decisión absoluta sobre los asuntos que me tocan, que llegan por un turno objetivado. Si el presidente me pudiera decir vamos a ver que hacemos con esto, esto sería el desastre más grande de la independencia judicial. Es el juez quien lo lleva al Pleno. Dicho esto, lleva usted parte de razón en lo que señala, estamos ante un sistema judicial que es muy perfectible. 

 ¿Cómo le gustaría que fuese el TC al cabo de tu mandato si eres nombrada presidenta? 

Creo que debía mostrar que ha sufrido una renovación en el ámbito de la imagen, en lo que incluyo la relación con los medios de comunicación. Tenemos una gran inteligencia, en los letrados y en los medios a nuestro alcance, todo digitalizado, pero tenemos un problema de actitud, que nos remite al siglo XIX o en el XX. Pero no en el XXI. La justicia al termino de mi mandato -sería mi deseo- debería estar en parte modernizada. Querría un derecho constructivista, el de los italianos como Luigi Ferrajoli, por ejemplo. Hay que admitir muchos recursos a trámite con independencia de lo que pase después con ellos. Soy heterodoxa. 

Es obligado preguntarse por la reforma de la Constitución aunque sea tema de las calendas grecas. Pero ahora el gobierno catalán está planteando, por ejemplo, un Acuerdo de Claridad al Gobierno nacional al estilo del que facilitó el referéndum de autodeterminación pactado en Quebec, Canadá, en 1995 ¿Puede tener algún encaje? 

Es verdad que la reforma es una quimera, pero hay que seguir pensando en reformular los derechos fundamentales. No puedo hablar sobre esto sobre Cataluña ahora. Sí puedo decirle que vi con malos ojos cómo resolvió el tribunal el recurso de inconstitucionalidad del Estatut votado en Cataluña. No fue la mejor sentencia, aunque la respeto. Porque conocía desde dentro el de Andalucía y se parecían prácticamente como dos gotas de agua, la similitud es extraordinaria. Pero el catalán se recurrió y el andaluz no. Es un hecho. Y sobre lo que me pregunta de Canadá, no tengo idea. 

¿Cómo se lleva con los magistrados del grupo llamado progresista, con Cándido Conde-Pumpido, por ejemplo, que llegó al tiempo que usted a tribunal? 

Muy bien. No conocía mucho a Cándido Conde-Pumpido. Conocí a un tío suyo que fue defensor del Pueblo en Andalucía. Es una persona extraordinariamente preparada. Me ha enseñado muchísimo durante estos cinco años. Le tengo un afecto tremendo. 

Y si él es el candidato del grupo progresista ¿le votará para presidente? 

Por supuesto si él tiene los votos estaré encantada de votarle. No tengo ningún interés personal. Quiero pasar por aquí con dignidad. 

Usted no prescindiría de sensibilidades distintas a los del llamado grupo progresista. 

Hombre, claro. Respetaría la tradición y es que las personas que están de salida, en sus últimos tres años de mandato -Ricardo Enríquez, Conde -Pumpido y yo-, si se llegase a un acuerdo, yo lo respetaría. Y si mis compañeros consideran a Conde-Pumpido la persona idónea, para mí sería indiscutible. Es que, además, el presidente en realidad no tiene ninguna otra capacidad diferente de la que tengamos los demás, somos independientes, puede ser una función institucional, pero no mucho más.