La contratación indefinida de los científicos está en el aire a 48 horas de la aprobación de la ley

El Senado hizo algo el pasado 20 de julio que aún colea en el Congreso y que puede ocasionar un conflicto político dentro de 48 horas. El jueves próximo se celebrará el debate y la votación definitiva de la futura Ley de Ciencia. Los 350 diputados deben decidir si mantienen la norma tal y como salió del Senado o si recuperan la versión anterior del texto.

La diferencia entre ambos documentos es la disposición adicional décima. El Congreso, el 23 de junio, acordó, a raíz de un acuerdo previo de Unidas Podemos con el PSOE, que se conviertan en contratos indefinidos aquellos de “duración determinada” en las entidades del sector público, siempre y cuando cumplan tres requisitos: que estén “asociados a la estricta ejecución” del plan de recuperación movilizado por el Gobierno para la recepción de los fondos europeos, que abarquen “el tiempo necesario” para la ejecución de los proyectos relacionados y que se vinculen con los programas temporales financiados por “fondos europeos no competitivos”. Por explicarlo en otras palabras: el Gobierno llevó la reforma laboral y su apuesta clara por la contratación indefinida al sector científico, en donde abunda la precariedad y la temporalidad. 

La ley salió adelante en el Congreso a finales de junio con 279 votos a favor; no se registraron posiciones en contra. En la lista de grupos que dieron respaldo, el PP, Cs, ERC o PNV. 

Sin embargo, casi un mes más tarde, en el Senado, el PP registró una enmienda para derogar la disposición. Triunfó contra pronóstico porque ERC, básicamente ERC, la apoyó, aunque no sólo este partido. Además de demorar la entrada en vigor de la norma, los populares consiguieron infligir un revés al Gobierno al quitarle una de las medidas estrella de la ley. La colaboración de los republicanos resultó crucial, efectivamente, pero también la de JxCat y Cs.

Sin la alianza de las formaciones catalanas, la operación del PP habría caído en saco roto, como pasó con todas las demás enmiendas que presentó. Durante el debate del Senado, JxCat lo expresó con rotundidad: “Hay que igualar la contratación sin discriminar basándose en el origen de los mismos contratos, evidentemente, siempre que los fondos sean europeos. Si esta enmienda no progresa, en Cataluña perderemos unos 1.500 millones de euros, ya que tenemos una capacidad de contratación del 2,5% de los fondos totales de Europa, y muchos centros de investigación tendrían que cerrar. Todos los partidos catalanes que estamos en esta Cámara tendríamos que tener esto muy claro y no permitir que estos recursos, 1.500 millones de euros, se nos escapen de las manos”.

En el PP explicaron que el origen de la enmienda radicó en una demanda de los centros de excelencia. Se preguntó el senador popular aquel día de julio: “¿Tiene sentido que a algo que funciona bien se le limite la posibilidad de contratación en función del origen de los recursos, siendo en todo caso europeos? Porque, señorías, hagámonos una pregunta: ¿Qué ocurrirá cuando desaparezcan los fondos de recuperación?”.

El grupo socialista replicó con agresividad, consciente de que se le avecinaba una derrota. El objetivo de la disposición, dijo su representante, “no es otro que el de dar estabilidad laboral y derechos” a los investigadores/as. “Desde que se aprobó la reforma laboral, el contrato indefinido es la norma, no la excepción, y esto ustedes -el PP- tienen que empezar a entenderlo, a comprenderlo y a respetarlo”. Puntualizó acto seguido que los requisitos fijados son los mismos que otros Estados de la UE han determinado. 

La presión a ERC

Las fuentes parlamentarias con las que ha hablado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA destacan que en la reversión de la enmienda se encuentra el único problema del pleno del jueves que viene, que será largo y profuso. El Congreso se dispone a convalidar (o derogar) tres decretos leyes, entre ellos el del ahorro energético. También habrá de ratificar o rechazar los cambios propuestos por el Senado en la ley de libertad sexual (la del “sólo sí es sí”), la concursal y la citada ley de ciencia.

Decidan lo que decidan los diputados, las tres normas quedarán aprobadas, pase lo que pase. La cuestión es cómo, si con las modificaciones planteadas por el Senado o sin ellas, es decir, cómo las validó el Congreso. Las fuentes reconocen que sería una derrota dura la exclusión de la disposición que promueve la contratación indefinida en el sector científico. Por ello, la tensión negociadora se localiza en este punto. En lo demás, recalcan, las previsiones son muy optimistas.

Negociar con ERC es la clave. Con el PP, promotor de la derogación de la disposición, no tienen previsto hablar porque, intuyen, buscará a toda costa asestar un golpe político al Gobierno. La respuesta de los independentistas catalanes, por el momento, no está siendo esperanzadora. 

Cuando Esquerra desaparece de la ecuación progresista, la solución apunta a la unión de todas las formaciones minoritarias, incluida aquí EH Bildu. La opción “salvavidas” del PDeCAT se ve más lejos por ahora, ya que parece que las formaciones catalanas actuarán y votarán en sintonía.

El tiempo se va estrechando y la negociación, en consecuencia, intensificando. Para las fuentes, no sólo sería un revés político, sino también social. “No puede ser que despedir a un científico cueste 12 días por año trabajado en vez de 20”, añaden.

Las comparecencias del PP

La cohesión del bloque progresista se da por hecha en todo lo demás, que no es poco. A los puntos del pleno extraordinario del jueves hay que unir los de la sesión de la Diputación Permanente de la víspera. Sus integrantes (cerca de 70) debatirán y se pronunciarán sobre la comparecencia urgente de la mitad de los ministros y ministras, cada cual por razones diversas. El suceso del tren cuyos pasajeros sufrieron la cercanía del incendio de Bejís es uno de los hechos del verano que ha propiciado la petición de explicaciones de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, cursada por el PP. Los incendios, la sequía y la inflación son otros ámbitos en los que el grupo popular quiere presionar a los ministros.

Las fuentes parlamentarias informan a este medio que todas las exigencias del grupo de Cuca Gamarra serán rechazadas. Los miembros del Gobierno acudirán al Congreso por petición propia a primeros de septiembre, menos una, la propia ministra de Transportes, quien previsiblemente vaya la comisión del ramo el lunes o el martes de la semana que viene.