TRIBUNALES

La Fiscalía Europea mantiene imputado al socio del hermano de Ayuso, que ganó un millón de euros al vender mascarillas

El empresario Daniel Alcázar declaró y aún sigue investigado por el organismo europeo, que busca si hubo fraude con fondos de la UE

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. / Cézaro De Luca

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La Fiscalía Europea continúa analizando el contrato de Priviet Sportive al que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso adjudicó por el procedimiento de emergencia la adquisición de mascarillas en pleno inicio de la pandemia, en abril de 2020, y en el que habría participado su hermano Tomás. De hecho, el dueño de la empresa adjudicataria y amigo de la familia, Daniel Alcázar, continúa estando investigado desde que declaró ante los fiscales europeos bajo la dirección de la representante española en este organismo, Concepción Sabadell.

Así lo han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, fuentes del procedimiento, que añaden que tras estos interrogatorios, que tuvieron lugar el pasado mes de abril, no se impuso, sin embargo, ninguna medida que deba ser supervisada desde el juzgado de garantías de la Audiencia Nacional asignado al caso. El asunto, sin embargo, aún sigue en trámite con independencia del archivo de las pesquisas que realizaba de forma paralela la Fiscalía Anticorrupción española el pasado 23 de junio.

De hecho, ambos departamentos -que investigaban delitos diferentes, al ser el europeo el encargado de un posible fraude con fondos UE- han estado intercambiando información hasta el último momento, tal y como refleja el decreto de archivo firmado por el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.

Así, en él se dice que, en unos casos a petición de la Fiscalía Europea y en otros a iniciativa del Ministerio Público español, y "por considerarlo de interés para el procedimiento", se ha ido remitiendo a los fiscales europeos delegados copia de las declaraciones prestadas tanto por los testigos como por Tomás Díaz Ayuso y su socio. 

Daniel Alcázar, además de comparecer ante los fiscales europeos como investigado, según confirman las fuentes consultadas por este diario, declaró dos veces ante el fiscal jefe español. La primera vez, en calidad de testigo, fue el pasado 8 de abril, como administrador único de Priviet; una situación que se repitió muy recientemente, el pasado 20 de junio, apenas unos días antes del archivo, cuando aportó documentación relacionada con la contratación del transporte de las mascarillas hasta España, según reza el decreto. 

PELOTAZO DE UN MILLÓN

Priviet Sportive, la empresa de Daniel Alcázar, amigo de la familia Díaz Ayuso, adquirió las mascarillas por algo menos de medio millón de euros (realizó dos transferencias a una empresa de Corea del Sur por algo más de 240.000 euros cada una) y se las vendió al Servicio Madrileño de Salud por un total de 1.512.500 euros, obteniendo por ello un gran beneficio. La emisión de una de las transferencias fue financiada a Priviet por Bankia (hoy Caixabank) a través de una línea de comercio exterior, añade el decreto.

En España, sin embargo, la investigación se ha cerrado ante la "ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales" de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, tanto respecto de Alcázar como de su socio Tomás Díaz Ayuso, que participó en los contratos y recibió comisiones que han sido calificadas de correctas y "transparentes" por Anticorrupción.

Estas correspondieron en una parte -175.000 euros-, a los trabajos realizados para Priviet en relación con distintas ofertas, entre ellas la analizada; y, en otra parte a los 59.203,52 euros-reconocidos por su propia hermana, la presidenta de la Comunidad de Madrid-, "al bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid", dice el decreto. 

Luzón se vio obligado a puntualizar que el archivo, en todo caso, no efectúa "pronunciamiento alguno" en lo concerniente a los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho, en escrupuloso respeto del marco competencia de la Fiscalía Europea, según quedó establecido en el Decreto de la Fiscal General del Estado de 28 de marzo de 2022.

Y ello es porque no vio tráfico de influencias ni falsedad en la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni de su hermano respecto del contrato. Respecto de la mandataria madrileña, concluyó que nunca intervino en el procedimiento, "habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación"

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