FRAUDE DE FONDOS EUROPEOS

La Fiscalía europea investiga a la empresa de vino que obtuvo contratos covid con Ayuso

El organismo que controla el fraude con fondos de la UE también analizará los contratos urgentes en pandemia obtenidos por Air Global Media S.L., dedicada a vender contenidos de Formula 1 para móviles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EP

Cristina Gallardo

Cuatro fiscales europeos han abierto diligencias por posible fraude a los presupuestos de la UE y estafa que podrían haber cometido dos empresas que multiplicaron su volumen de negocio durante la pandemia gracias a los contratos millonarios que le adjudicó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para la obtención de material sanitario, pese a ser ajenas a este sector. Una de ellas es Vin Doré 24 K -uno de cuyos productos estrella es un vino con partículas de oro-, mientras que la segunda, Air Global Media S.L., se dedica a surtir de contenido sobre fórmula 1 a teléfonos móviles.

Ambos decretos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, tienen fecha del pasado 3 de junio y responden a una denuncia realizada por Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, que también presentó los datos sobre estos contratos ante la Fiscalía Anticorrupción española. 

Las dos empresas obtuvieron adjudicaciones por más de 20 millones de euros por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante 2020 mediante el procedimiento de emergencia a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

COMPETENCIA DE EUROPA

Para los fiscales europeos Antonio Zárate, Oihana Azcue, Laura Pellón y Gloria Yoshiko, el origen de los fondos afectados en este caso determina la competencia a favor del organismo europeo por cuanto le corresponde la investigación de los delitos que pudieran generar un perjuicio a aquéllos, "con independencia de su calificación jurídica" que se otorgue a los mismos una vez finalizadas las diligencias que ahora se inician.

De hecho, fuentes de Anticorrupción señalan a este diario que sobre estos contratos no existe ninguna diligencia abierta en España, pese a que los hechos también fueron denunciados ante el Ministerio Público en nuestro país.

La decisión contrasta con lo ocurrido con el  contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia y que salpica al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, originando un conflicto entre ambos departamentos. Finalmente se optó por una investigación en paralelo en la que Europa indaga un posible fraude de fondos FEDER mientra que desde España se intenta aclarar si existió tráfico de influencias o falsedad en el proceder de la administración pública.

Por el momento, en la Fiscalía Europea las pesquisas se centrarán en la comprobación de la "verosimilitud y concreta tipicidad" de los hechos contenidos en las denuncias de Unidas Podemos "cuyos contornos aparecen en este momento difusos", sin que se disponga aún de elementos que determinen la imputación de una persona o personas determinadas, señalan las diligencias.

Por ello no se descarta aplicar el artículo 27 de la Ley Orgánica que regula la Fiscalía Europea en nuestro país, y que prevé una primera comparecencia de "traslado de cargos" a las personas contra las que se dirige la denuncia. También se ponen ambos procedimientos en conocimiento de las autoridades españolas y se solicita a Unidas Podemos que aporte toda la documentación anexa a su denuncia inicial.

EMPRESAS CON PELOTAZO

Los decretos recogen los hechos más relevantes de las denuncias. Así, repecto a Air Global Media, se apunta que obtuvo un total de 10.060.500 a través de cuatro concretas adjudicaciones para compra de material sanitario durante el año 2020, lo que tuvo como consecuencia que su cifra de negocio se multiplicara por 47 durante el citado ejercicio fiscal.

La denuncia apunta que en este caso se trató de ocultar el reparto de dicho importe, del que hay indicios que esconde el pago de comisiones millonarias, ocultando un "incremento artificial del precio del material suministrado", según se señala en el decreto de la Fiscalía. A eso se añade que, de acuerdo con el Registro Mercantil, la hoja registral "se econtraría cerrada provisionalmente por falta de depósito de las cuentas anuales", por lo que habría que aclarar si Air Global se utilizó como "sociedad instrumental" para recibir los contratos de emergencia de los suministros.

BENEFICIOS DESMESURADOS

En cuanto a Vin Doré 24K, la denuncia ante la Fiscalía europea busca que se investigue el destino de los “otros gastos de explotación” que sumaron 10.772.635 euros en cinco contratos también a través Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y que Podemos considera que terminaron en comisiones millonarias. Los beneficios desmesurados que podría haber obtenido esta empresa, según la Fiscalía Europea, hacen sospechar "un incremento artificial del precio que pudiera haber ocasionado un perjuicio a los fondos europeos".

Se da además la circunstancia de que esta compañía, que opera desde Panamá y cuyo origen es una compañía telefónica de nombre CAD Telecom, S.L., se dedica a la venta de vino desde 2012 si bien fue inscrita en el Registro Mercantil, en julio de 2020, para cubrir "cualquier actividad relacionada con los servicios en el ámbito del sector de distribución farmacéutica".

La denuncia apunta la posibilidad de que tras la administradora que figura en la documentación desde febrero de 2019, Yutsara Andreina Portillo Zambrano, de nacionalidad venezolana, se encuentra realmente Diego Suárez Liceras, un controvertido empresario muestra a través del perfil de Vin Doré su proximidad con el Partido Popular.

Otro punto de la denuncia recogido por la Fiscalía Europea se refiere al pago del flete de los vuelos con material de protección sanitaria, y para ello comprueba las fechas de los mismos con las adjudicaciones a Vin Dore apuntando la posibilidad de que éstos pudieran haber sido sufragados por la Comunidad de Madrid. A este respecto, el decreto de los fiscales apunta que se trata de averiguar si el coste sería tan elevado como para justificar los 10 millones pagados a esta sociedad.