INVESTIGACIÓN

Un TC con cuatro magistrados caducados resolverá el recurso del PP sobre el aborto

El presidente Pedro González-Trevijano ha adelantado dentro del tribunal de garantías que colocará el asunto en el orden del día de junio diez años después de su presentación y cuando el Gobierno ha aprobado una nueva ley

Un TC con cuatro magistrados caducados resolverá el recurso del PP sobre el aborto
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Este miércoles 1 de junio se han cumplido 10 años desde que el 1 de junio de 2010 el Partido Popular presentó el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que permitía abortar libremente en las 14 primeras semanas del embarazo y en ciertos casos hasta las 22.

Fue el presidente del PP, Mariano Rajoy, el que encabezaba la lista de 50 diputados que firmaban el recurso. Pero cuando gobernó, un año y medio más tarde, a partir de diciembre de 2012, incumplió su promesa de derogar la ley y quemó la carrera política del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, abandonándolo cuando lo estaba intentando.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar se fotografía con dos participantes de la manifestación contra la Ley del Aborto en octubre de 2009.

/ EFE/Ángel Diaz

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha indicado internamente que colocará el recurso en el orden del día de uno de los plenos del mes de junio. Durante este mes el TC va a celebrar dos plenos. El primero de ellos empezará el martes 14 de junio y el siguiente tendrá lugar en la última semana del mes.

Precisamente, los nueve años del mandato de González-Trevijano, propuesto por el Gobierno de Rajoy junto con el magistrado Enrique López (que debió dimitir en 2014 por conducir su moto sin casco y ebrio en Madrid), en junio de 2013, vencen el domingo 12 de junio. Además, caducarán en esa fecha también los mandatos de otros tres magistrados: Antonio Narváez (que sustituyó a López) y los dos magistrados elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente, y Santiago Martínez-Vares.

Por tanto, si se cumple la intención anunciada por el presidente del TC, el recurso de inconstitucionalidad de la ley de aborto de 2010 se va resolver por un tribunal de garantías que cuenta con cuatro magistrados cuyo mandato estará caducado, entre ellos el del presidente y el del vicepresidente, González-Trevijano y Xiol, respectivamente. Porque, en el mejor de los casos, si se lleva al primer pleno del mes de junio, este no empezará hasta el martes 14 de junio, con los mandatos vencidos.

Una mujer sostiene un cartel a favor del aborto legal durante la movilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en Brasilia (Brasil).

/ EFE/ Joédson Alves

Si a ello se añade el hecho de que ya existe una nueva ley del aborto aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el consejo de ministros del pasado 17 de mayo que tendrá que ser debatida en el Parlamento y que previsiblemente estaría lista para entrar en vigor a primeros de 2023, la gestión del TC de este recurso, que ya lleva en el congelador 12 años, contribuye a subrayar la anomalía en la que discurre la actividad del tribunal de garantías. ¿Podía haberse evitado esta situación? ¿Es un error forzado o no forzado?

Pablo Casado, el presidente del PP que hizo del incumplimiento de la Constitución a la hora de renovar en plazo las instituciones una de sus principales bazas para denunciar el carácter presuntamente ilícito del Gobierno de Pedro Sánchez por llegar a La Moncloa a horcajadas de la moción de censura, cambió de caballo, por así decir, a mitad del río. Porque a mediados de octubre de 2021 acordó con Sánchez la renovación de los cuatro mandatos caducados del TC y en varias instituciones del Estado.

Un quinto magistrado enfermo

Por tanto, la siguiente renovación, la de los cuatro magistrados del TC que ahora vencen, estaba en línea con la nueva orientación, en la que también cabría incluir la elección del nuevo CGPJ, tanto de Casado, que anunció varias veces su disposición a pactar, como de Alberto Nuñez Feijóo, que también lo hizo. Si González-Trevijano decidió que el TC, con su mandato y el de los otros tres magistrados caducados, es el que debe pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad de 2010 contra la ley del aborto es porque conoce o intuye que la fecha del 12 de junio pasará sin la renovación de las cuatro plazas. Además, hay que agregar que un quinto magistrado, Alfredo Montoya, se encuentra enfermo y no existen visos de que se reincorpore al tribunal.

Aunque el Nuñez Feijóo y otros dirigentes del PP sostienen que el TC no es un problema importante y que el Gobierno haría mejor en preocuparse por cuestiones como la inflación, su posición no es neutral, esto es, está sujeta a un conflicto de interés. Porque mientras ahora el PP tiene una mayoría de magistrados conservadores en el TC, si se produce la obligada, constitucionalmente hablando, renovación del 12-J, la perdería, abriéndose una nueva etapa con mayoría progresista.

Por tanto, se puede presumir un interés político partidista en su conducta. Una circunstancia que, por otra parte, salta a la vista en el asunto de la ley del aborto, recurrida precisamente por el PP hace ahora 12 años, y que ahora va a resolver un TC con cuatro mandatos caducados, dos de los cuales corresponden a magistrados propuestos por el gobierno de Rajoy. Ante el vencimiento de dichos mandatos -de los magistrados González-Trevijano y Narváez- el Gobierno tiene que cumplir con su obligación: nombrar a los dos sustitutos.

“Que cada palo aguante su vela”, dice una fuente judicial consultada. El argumento de que la mayoría conservadora puede impedir la toma de posesión de esos magistrados porque faltarían los dos que corresponde nombrar al CGPJ que tiene prohibido nombrarles -ley orgánica de 2021- “no debería llevar al Gobierno a seguir siendo comparsa del PP”.

Tampoco existe una prohibición expresa de la Constitución y existen antecedentes de que es posible que los magistrados designados por el Gobierno asuman sin aquellos nombrados por el CGPJ.

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