RECURSO DEL PP

El recurso por la Ley del Aborto, también pendiente de la renovación del TC

  • El futuro del recurso presentado hace 11 años, pendiente de la renovación de Ollero

  • Parte del Tribunal considera que el PP desistió en su reclamación porque no suprimió plazos cuando gobernó

Manifestaciones a favor del aborto en 2012, frente al Ministerio de Justicia

Manifestaciones a favor del aborto en 2012, frente al Ministerio de Justicia / Fernando Alvarado

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El futuro del recurso que el PP presentó hace más de 11 años en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la conocida como 'ley de plazos' depende, entre otros factores, del bloqueo que sufre este órgano desde noviembre de 2019 y que mantiene sin reemplazar a tres de los magistrados que deberían haber sido ya renovados por el Congreso.

La razón es que la ponencia sobre este asunto tiene como autor a uno de los miembros del órgano de garantías que se encuentra en parrilla de salida, Andrés Ollero, perteneciente al sector conservador y de fuertes convicciones religiosas, y cuya propuesta contraria a la norma que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación no ha llegado nunca a llevarse al Pleno porque nunca hubiera encontrado la mayoría suficiente para salir adelante.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA apuntan a que Ollero no ha enfrentado formalmente hasta ahora su ponencia con el resto de magistrados porque, entre otros motivos, una mayoría en contra le hubiera obligado a tener que cambiar dicho texto y elaborar un dictamen contrario, o bien renunciar a su ponencia. Por ello el asunto lleva más de una década estancado sin que ninguno de los presidentes a los que hubiera correspondido agendar este asunto (Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos o el actual Juan José González Rivas) lo haya hecho.

Una posible solución a la actual parálisis, según varias fuentes consultadas, pasaría por una pronta renovación del órgano, que tendría como consecuencia la salida de Ollero y la lógica designación de un nuevo ponente para el recurso del PP. El sentido de su propuesta, fuera en el sentido que fuera, podría servir de acicate para activar la deliberación y obtener al fin una sentencia.

RECURSO "OFICIOSAMENTE DESISTIDO"

Otras fuentes apuntan a que el recurso presentado por 50 diputados --algunos de los cuales hoy se encuentran en Vox-- el 1 de junio de 2010 debería entenderse como oficiosamente desistido al menos en parte por cuanto el recurrente, que es el PP, reformó en 2015 parte de la norma -lo referido a la ausencia de consentimiento del progenitor o progenitora en menores- pero dejó sin tocar otros aspectos sustanciales como precisamente el establecimiento de plazos, teniendo mayoría absoluta para hacerlo.

La cuestión, por el momento, es que la renovación del TC parece inevitablemente vinculada a la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y permanece encallada en el Congreso de los Diputados, que es el que tiene que buscar sustitutos para los actuales presidente (Juan José González Rivas), vicepresidenta (Encarnación Roca), y Ollero. El cuarto magistrado que ingresó en el mismo turno, Fernando Valdés, renunció en octubre de 2020 debido a la causa por presunto maltrato que se abrió contra él y está pendiente aún de ser juzgada.

MOVIMIENTOS ANTE EL TEDH Y RECURSOS ANTE EL SUPREMO

La insólita tardanza en resolver este asunto ha provocado movimientos en los últimos meses en algunos de los recurrentes originales, y así el pasado 29 de junio un grupo de 20 diputados y exdiputados de entre los que firmaron el recurso presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el propio órgano de garantías por "retrasar injustificadamente" su pronunciamiento sobre dicho recurso.

Entre ellos se encontraba el senador del PP Luis Peral, la diputada de Vox Lourdes Méndez, y el exdiputado del PP José Eugenio Azpiroz--, informaba entonces Europa Press, que añadía que este grupo había presentado también un escrito el pasado 16 de diciembre escrito solicitando que se dictase ya sentencia. El TC, por su parte, se dio por enterada de esta misiva, pero no ha dado ninguna respuesta, confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del Constitucional.

La paralización de este recurso ha dado además para dos querellas ante el Tribunal Supremo, aún pendientes de admisión según confirma el alto tribunal. Este mismo lunes se ha conocido el informe de la Fiscalía contrario a la tramitación de ambas, tanto la presentada a mediados de julio por Abogados Cristianos como la iniciativa similar del pasado 13 de septiembre, cuando HazteOir.org dirigió una acción penal contra el magistrado ponente pero también contra los tres últimos presidentes del Tribunal Constitucional.

NO PUEDEN COMETER RETARDO MALICIOSO

En ambos casos, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se señala que no existen indicios de retardo malicioso y se añade además que dicho tipo penal sanciona el retraso tramitado por los órganos de la administración de justicia mencionados en el artículo 499 del Código Penal, entre los que no se encuentran los magistrados del Tribunal Constitucional. A ello se añade que las decisiones del órgano de garantías no pueden ser revisadas por el Tribunal Constitucional.

RECURSO Y REFORMA DEL PP

El recurso del PP impugnaba ocho preceptos y la disposición adicional segunda de la ley de plazos aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos el que permite abortar en las primeras 14 semanas por decisión libre de la madre.

Con mayoría absoluta, el PP planteó en primer lugar una nueva ley que se llevó al Consejo de Ministros y se denominó Proyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada en diciembre de 2013. Algunos de los aspectos de la norma, que iban más allá de volver a la anterior ley de supuestos, así como la controversia que suscitaron en algunos ámbitos de la sociedad, especialmente entre colectivos feministas, provocaron la dimisión de su principal impulsor, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

Finalmente el Ejecutivo de Mariano Rajoy optó en 2015 por una mera supresión de la posibilidad de abortar a personas menores de edad sin el consentimiento de un progenitor o de un representante legal, pero no tocaron el resto de preceptos que incluyeron en su recurso de inconstitucionalidad.

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

La dilación del alto tribunal a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma no ha frenado al poder Ejecutivo a la hora de plantear modificaciones: el Gobierno de Mariano Rajoy la cambió y el Ejecutivo de coalición ya negocia una nueva modificación.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha planteado una reforma ambiciosa, cuyo borrador se espera conocer en diciembre, y que pasa por acabar con los tres días del periodo de reflexión de la mujer que solicita abortar, regular la objeción de conciencia de los médicos, garantizar que las interrupciones del embarazo se lleven a cabo en los centros sanitarios públicos de todos los territorios, erradicar la violencia obstétrica e impulsar la educación sexual.

La negociación entre los socios de Gobierno acaba de comenzar y se espera un camino de profundo debate entre los ministerios de Unidas Podemos y el PSOE hasta que el cambio de la ley del aborto llegue al Consejo de Ministros en forma de anteproyecto.

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