BLOQUEO INSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional confía en un acuerdo político antes de agosto que acelere su renovación

  • El tribunal debe renovar a un tercio de sus miembros el próximo 12 de junio, pero la reforma impulsada por el Gobierno impide hacer su parte a un CGPJ caducado hace más de tres años

  • La respuesta a los recursos del PP y Vox contra esa reforma "ni está, ni se la espera” por el momento

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González Trevijano en el acto institucional celebrado con motivo de 43 aniversario de la Constitución.

El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro José González Trevijano en el acto institucional celebrado con motivo de 43 aniversario de la Constitución. / EFE/ Juan Carlos Hidalgo

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En dos semanas, el órgano que dirime sobre la constitucionalidad de las leyes en nuestro país y ampara a los ciudadanos frente a la vulneración de sus derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional (TC), tendrá caducados a una tercera parte de sus magistrados. Esto es porque el 12 de junio concluye el mandato de los actuales presidentes (Pedro González-Trevijano) y vicepresidente (Juan Antonio Xiol), y además deberían dejar sus cargos los magistrados conservadores Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez, aunque la falta de acuerdo actual entre los principales partidos, PSOE y PP, harán imposible que dicha renovación pueda realizarse en plazo.

Si la dinámica institucional funcionara como un reloj, estos cuatro magistrados deberían ser sustituidos en esa misma fecha por dos miembros progresistas a elección del Ejecutivo de Pedro Sánchez y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -uno progresista y otro conservador-, dando un vuelco a la actual situación en el órgano de garantías, que pasaría a tener mayoría de tendencia muy diferente a la actual, que es claramente conservadora. Y ello cuando el órgano acumula recursos, planteados muchos de ellos por Vox, que cuestionan casi toda la gestión del Gobierno, más otros de importante trascendencia social, como es el presentado hace 12 años por el PP contra la ley del aborto.

El problema vuelve a ser la anómala paralización en el relevo de sus miembros, que desde hace ya casi tres años y medio arrastra el órgano de gobierno de los jueces, que además no puede realizar nombramientos en funciones desde marzo del pasado año, tras una polémica reforma auspiciada por Gobierno de coalición.

RECURSOS PARALIZADOS

En teoría, el propio TC tiene en su mano la llave para deshacer el entuerto, pues la reforma del PSOE y Unidas Podemos fue muy criticada por el PP y Vox, que llegaron a presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra lo que consideran es una limitación irregular de las funciones del Consejo. Si estos recursos se hubieran ya discutido, y en caso de haber sido estimados, el CGPJ sería libre para realizar los nombramientos en el TC y otros muchos que tiene pendiente en la cúpula judicial.

Esta vía, sin embargo, "ni está ni se la espera" por el momento, según señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de este órgano, pues los tiempos los controlan los ponentes, que son los progresistas Xiol (respecto del recurso del PP) y María Luisa Balaguer (el de Vox), y tan siquiera existen aún borradores. Estos magistrados, según las fuentes consultadas, consideran que el problema de la renovación lo tienen que resolver los políticos, y no el Tribunal Constitucional, por lo que no tienen ninguna intención de acelerar la resolución de este asunto.

OPTIMISMO TRAS LA RONDA DE PONS CON LAS ASOCIACIONES

No obstante, fuentes de este órgano confían en que existirá un acuerdo político antes de agosto, una vez solventadas las elecciones andaluzas, que permitirá acelerar la renovación del TC para que ésta se produzca, como muy tarde, en septiembre u octubre próximos. 

Un atraso de solo unos meses no se consideraría un problema, y ello con independencia de que los magistrados de este órgano tienen un mandato de nueve años que se va recortando si toman posesión más tarde de la fecha designada para ello. Es decir, los meses que tarden en entrar los nuevos miembros se restarán del mandato total que deben cumplir en el tribunal de garantías.

El optimismo procede de lo que el interlocutor en este asunto, Esteban González Pons, ha venido transmitiendo a las asociaciones de jueces y fiscales durante la ronda de encuentros que ha mantenido con ellas las últimas semanas junto con la secretaria del partido, Cuca Gamarra. En todos estos encuentros, y sin fijar fechas concretas, se ha dejado caer que el acuerdo con el PSOE se producirá después de las elecciones andaluzas, en junio o julio.

A partir de ahí, y tras la elección de los 20 vocales del CGPJ por las Cortes (la mitad el Congreso y la otra mitad el Senado), se deberá constituir el nuevo órgano y sus miembros deberán celebrar dos Plenos, uno para proponer candidatos a presidente o presidenta y otro Pleno para elegirle. Solamente a partir de este momento el Consejo podrá comenzar a realizar sus funciones, entre las que se encuentran la de designar a dos magistrados para el TC, por lo que es muy posible que su renovación no llegue hasta después del parón estival en agosto.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, una vez renovado, elegirá libremente al presidente y vicepresidente para los próximos años entre los más veteranos de sus magistrados, y el favorito para dirigir al nuevo tribunal de corte progresista es Cándido Conde-Pumpido. 

Un sector de este órgano considera que, legalmente, no se debería esperar tanto, y el Gobierno deberían nombrar ya a los dos magistrados que constituyen su cupo para cumplir con la Constitución, sin que le afecten las limitaciones del CGPJ. Así lo hizo el Gobierno de la UCD cuando se constituyó el TC, y el CGPJ todavía no había sido elegido, apuntan como precedente.

EL MODELO SIGUE SIENDO UN OBSTÁCULO

Lo que sí parece seguro es que la nueva dirección popular tiene "una voluntad real" de normalizar la situación del CGPJ y ya no contempla como requisito ineludible un cambio en el modelo de elección de los vocales previo a la renovación, como sí hizo el equipo de Pablo Casado. 

En todo caso, fuentes asociativas señalan a este diario que la anterior dirección nunca propuso un sistema de elección de vocales definido ni promovió un consenso social al respecto, lo que hace pensar que esta exigencia no era más que una excusa para dilatar la renovación de un CGPJ de mayoría conservadora.

Por su parte, desde el Consejo General del Poder Judicial se muestran cada vez más escépticos ante la posibilidad de que sea renovado de forma inminente. El tiempo que lleva en funciones va haciendo mella en las esperanzas de sus miembros, que ahora observan con preocupación el resultado que pueda obtener el PP en las próximas elecciones andaluzas, al considerar que un buen resultado puede hacer que su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, sea menos proclive a acometer la renovación.

Dado el cambio de mayorías consecuencia de la renovación en el Tribunal Constitucional (habrá siete progresistas frente a cinco conservadores) hay quien considera que el PP es el principal interesado en que no se produzca la sustitución de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, una vez que el Gobierno le puso en bandeja el bloqueo del TC al vetarle realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones.

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