CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El PSOE amarra con el PP dos leyes a la sombra del decreto anticrisis: 5G y telecomunicaciones

  • Son dos nuevas normas que tendrán enorme influencia en un sector que representa más del 3% del PIB español

  • La trascendencia del trabajo de consenso quedará obstruido por el decreto de medidas contra la guerra de Ucrania

El PSOE amarra con el PP dos leyes a la sombra del decreto anticrisis: 5G y telecomunicaciones
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Otra vez una votación al límite, otra vez una jornada en la que el Gobierno parece que se juega su supervivencia por un puñado de votos. El Congreso de los Diputados decidirá este jueves el futuro del decreto contra la crisis económica y social que está generando la guerra de Ucrania. Si lo convalida o avala, Pedro Sánchez tomará aire, al menos para unos días o semanas. Si lo deroga, temblará el suelo bajo sus pies. No es que el Gobierno vaya a caer si la Cámara lo rechaza, pero le infligirá una herida política profunda.

Sería el segundo decreto que el Congreso devuelve esta legislatura tras el de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, septiembre de 2020. La votación aquel entonces fue ajustada, pero no hubo tanto misterio porque 24 horas antes el desenlace se vislumbraba claro: triunfaría el no. Los habituales aliados del Gobierno le dieron la espalda. El golpe fue fuerte y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afrontó con entereza el varapalo. Ahora bien, lo que se debatirá y votará este jueves es un decreto de más calado porque contiene un abanico grande de medidas destinadas a paliar los efectos de la invasión de Rusia en nuestras rutinas. El descuento de 20 céntimos por cada litro de gasolina o el tope a los alquileres son dos de las medidas más conocidas y con mayor onda expansiva entre la ciudadanía.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, en rueda de prensa en el Congreso.

/ EFE

Son medidas, además, en vigor, pues el decreto lleva casi un mes publicado en el Boletín Oficial del Estado. La oposición del Congreso, si se produce, las anularía. Por aquí avanza la presión a los partidos que dudan, especialmente dos: PP y ERC. En los 88 diputados populares y en los 13 independentistas está dibujada la fina línea que separa el éxito del fracaso.

La convalidación o derogación del decreto anticrisis será el primer punto del orden del día del pleno de este jueves. La votación se celebrará horas más tarde. El recuerdo del decreto de la reforma laboral vuela bajo porque hasta el mismo momento del recuento de votos no se despejó el panorama. Ahora bien, la agenda de este jueves en el Congreso muestra otros dos puntos de relevancia. No es tan intensa como la de las medidas provocadas por la guerra, pero la influencia que tendrán sobre la economía española resultan llamativas.

Porque la ley de telecomunicaciones y el decreto que regulará el despliegue de la red 5G afectan al sector de las telecomunicaciones, el cual, tal y como señala la exposición de motivos de la primera de las normas citadas, genera un volumen de negocio de más de 28.000 millones de euros, lo que representa el 3,2% del PIB. Da empleo a cerca de 447.000 personas.


/ epe

Ciberseguridad, con ERC en contra

Fuentes parlamentarias de distintos grupos han informado a este medio del resultado que tendrán las dos iniciativas, y no será ajustado ni dependerá de una negociación alargada hasta el último aliento. El PP está de acuerdo en ambas, han confirmado fuentes del grupo que dirige Cuca Gamarra, y votará a favor, lo que garantiza la viabilidad en ambos casos. Y con holgura.

Otras formaciones se sumarán. El PNV está de acuerdo con el decreto 5G y mantiene la incógnita sobre la ley de telecomunicaciones, que en ningún caso rechazará. Se debate entre la abstención y el sí, siempre y cuando el PSOE acepte "in extremis" algunas enmiendas que no ha apartado. Ciudadanos, por su parte, tiene seguro el apoyo a la primera de las normas mencionadas y está cerca de respaldar la segunda.

En el PSOE y en Unidas Podemos contaban hace unos días con el "ok" de los 13 diputados y diputadas de ERC, pero el paisaje ha cambiado. Ha cambiado tanto, de hecho, que en la dirección socialista y en la cúpula parlamentaria de los "morados" sospechan que la formación catalana se va a oponer ya a todo. Según han indicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del grupo republicano, el del "no" será el botón que pulsen sus representantes cuando toque votar el decreto de ciberseguridad. Sobre la ley de telecomunicaciones han optado por guardar silencio, señal de que o faltan flecos que cerrar o la decisión apunta al "sí". A favor de esta tesis, las negociaciones que PSOE y ERC hicieron durante la mañana del miércoles.

La necesidad del decreto se explica por una vertiente técnica y por una lógica política. En el plano eminentemente técnico, porque regulará la ciberseguridad de una red con alta capacidad de circulación de datos. Ahora que las fuerzas independentistas catalanas están acechando al Gobierno por los casos de espionaje hechos con el sistema Pegasus, de enorme eficiencia para interceptar comunicaciones y documentación de los teléfonos móviles, la apuesta por incrementar la protección de las telecomunicaciones no debiera caer en saco roto. La casualidad ha querido que el decreto anticrisis, que pende de un hilo, y el decreto 5G, que está salvado, se debatan para sus respectivas convalidaciones el mismo día. He aquí el enfoque político.


/ epe

Telecomunicaciones

Alto nivel de acuerdo político tendrá la futura ley de telecomunicaciones, que este jueves terminará en el Congreso su periplo. Irá al Senado, en donde puede que acabe el trámite o puede que suponga un alto en el camino, antes de regresar a la Cámara Baja si introduce cambios. Saldrá adelante porque así lo avala la horquilla de síes cosechada en la ponencia y en el posterior paso dado por la Comisión.

La norma regulará las ofertas que las compañías lancen a los ciudadanos, así como el uso de los productos. Cubre numerosos campos, incluso los de la propagación de los cables de fibra en el espacio público. La ley aboga por su invisibilidad, generalmente a través del soterramiento, y si no, mediante las canalizaciones ya existentes. Otra novedad viene de la mano de la información cifrada, que se podrá hacer inteligible en caso de amenaza a la seguridad pública. Las relaciones comerciales de las empresas con sus clientes a través de telefonía estarán reguladas, así como la expansión de la red por la España vaciada. No son temas pequeños, ni mucho menos, pero pocos repararán en ellos este jueves.

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