El Parlamento da el primer paso para prohibir el 'trumpismo' electoral en España

Una comisión parlamentaria de diputados y senadores avaló el pasado jueves la aplicación directa en España de un reglamento europeo para restringir la publicidad política segmentada, es decir, el uso de datos personales o grupales con el fin de predisponer al elector a que apueste por un determinado partido. Como primera consecuencia, estará prohibido capturar información sobre el origen étnico de la persona, su religión, orientación sexual o afinidad política. Esto significa que en cuanto se apruebe el reglamento, lo que ocurrirá a mediados de 2023 si se confirma la previsión de la Comisión de la UE, los partidos españoles habrán de someterse a normas muy precisas y garantistas sobre cómo tratar los datos de los votantes; si no, se enfrentarán a enormes multas.

Aunque en España el Tribunal Constitucional ha puesto límites muy nítidos y existe una ley marco de protección de datos, de 2018, el nuevo reglamento incide en un aspecto al que apuntaba la sentencia y en el que no entraba de lleno la norma: la publicidad política. Cubre un cierto vacío, en definitiva, y ayudará, por tanto, a erradicar el riesgo de campañas publicitarias-electorales como las que llevaron a Donald Trump a vencer en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

El pasado jueves, en el Congreso, PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos votaron a favor de que así suceda en todos los comicios que se celebren en España. Vox no. Fue la única formación que se manifestó en contra.

El escándalo de Cambridge Analytica expuso al mundo la nociva influencia de estrategias electorales tan agresivas e invasivas. 50 millones de usuarios de Facebook formaron el sustento de una serie de algoritmos que permitieron a ciertos estrategas (Steve Bannon, Dominic Cummings o Luca Morisi) prever reacciones emocionales a partir de pautas de conducta, y por tanto, de información personal. La compañía de Mark Zuckerberg fue multada, así que decidió imponerse una autorregulación muy severa. En España, según cuenta el experto en innovación política Raúl Oliván a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los márgenes de uso de datos son muy estrechos, entre otras razones por esa sentencia del Tribunal Constitucional, de 2019.

El abuso ha frenado, pero la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que urge un marco regulatorio a escala continental por si Facebook cambia de criterio. O por si se producen más secuestros masivos de datos personales, que circulan por internet en volúmenes ingentes cada segundo. No es una hipótesis remota.

Ese marco lo dará un reglamento. Esto supone "un cambio sustancial", en palabras del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Rafael Rubio. Veamos por qué.

Contexto para entender

Para contextualizar el alcance del paso dado por las Cortes Generales hace cuatro días, viajemos a la campaña electoral de junio de 2016 en España.

Durante los últimos tres días de dicha campaña, el PP desplegó una ofensiva publicitaria que consistió en contraponer fotos de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero con otras de Soraya Sáenz de Santamaría. La treta no respondió a una ocurrencia repentina ni a un truco desesperado por elevar las perspectivas electorales del candidato y líder del partido, Mariano Rajoy. Fue una maniobra perfectamente meditada, planificada y orquestada. Gracias al trabajo de la empresa que contrató el PP para el desarrollo de estas campañas, The Messina Group, de un gurú llamado Jim Messina, la sala de máquinas de Génova comprobó que si lanzaba 13 impactos con la gráfica comentada antes, la de la foto contra la foto, tendría altísimas opciones de movilizar al núcleo de indecisos que necesitaba atraer.

¿Por qué durante los tres días últimos de la campaña? ¿Por qué una gráfica? ¿Por qué Pablo Iglesias? ¿Por qué Sáenz de Santamaría? Las respuestas procedieron de la medición de una serie de datos recabados: los indecisos mostraron más sensibilidad en las tres jornadas anteriores al fin de la campaña, la gráfica era el recurso visual más efectivo, Pablo Iglesias era la personalidad más denostada por ese público y Sáenz de Santamaría, la más apreciada. El "cerebro" de la campaña de Mariano Rajoy sabía perfectamente a quién iba a dirigirse y hasta en dónde se encontraban esas personas (territorio), e incluso sabía que la estrategia cuajaría.

Porque, además de contar con esos datos medidos y estudiados gracias a procesos de inteligencia artificial y a los "tracking" diarios (secuenciación de encuestas), el PP había ensayado previamente. Facebook permite la segmentación y permite hacer pruebas con esa información segmentada, y eso es justo lo que desplegaron los ingenieros de la campaña en redes durante las jornadas previas. Funcionó. Compraron los datos. Rajoy, que por aquellos días se movía en el entorno de los 130 escaños, logró siete más en las urnas. En Génova, ese domingo electoral, se desató la euforia y fue entonces cuando trascendió que trabajadores de Messina Group ayudaron a diseñar la maniobra, si bien muchas más personas participaron en la ingeniería, lideradas por Jorge Moragas, el jefe de gabinete y principal asesor del presidente por aquel entonces.

Más reciente es la experiencia del PSOE de Aragón en las autonómicas de mayo de 2019. Oliván intervino directamente en ella. La maquinaria electoral de los socialistas liderados por Javier Lambán llegó a tener activadas, simultáneamente, una serie de campañas que les permitió adaptar los mensajes en función, por ejemplo, de la provincia. El hoy presidente de la comunidad autónoma logró la victoria.

Nociones de funcionamiento

Los reseñados son dos ejemplos. Hay muchos más. Basta revisar la cartelería en redes, o gráficas, de los partidos en liza en la ya terminada campaña electoral de Castilla y León. Si el PP de Alfonso Fernández Mañueco ha catapultado el protagonismo de Pedro Sánchez mediante imágenes en las que se le ve con expresiones contrariadas y datos negativos es porque ha detectado que sus votantes, tanto los seguros como los potenciales, se mueven por ese impulso. Si el PSOE, en el tramo final, ha aireado la amenaza de un buen resultado de Vox es porque, también, tiene probado que esa identificación espolea a sus votantes.

El esquema de este tipo de selección según rasgos de los electores es el mismo que el que masivamente practica la industria. La publicidad y el marketing han elevado a la máxima potencia la segmentación. Oliván narra, gráficamente, cómo se almacenan y se gestionan los miles y miles de datos que las empresas van capturando sin cesar en las redes y en las visualizaciones de páginas de internet a través, mayoritariamente, del móvil.

Siguiendo la ficción del experto aragonés, tracemos una fila y coloquemos a ciudadanos según determinadas características. Pensemos en el perfil de ciudadano que ocupa la casilla 27 de esa fila. Generará una columna en la que las empresas, gracias a la inteligencia artificial, incluirán datos como que vive en una gran ciudad, usa el metro como medio de transporte diario, tiene un hijo y ha visto últimamente páginas de marcas de coches familiares. La empresa preverá que va a comprarse uno, así que le empezará a llegar publicidad de coches de ese tipo.

Esto que hace la industria a gran escala, lo hacen los partidos a muy pequeña, recalca Oliván, al menos en lo que él ha gestionado y/o conoce. En España, como se ha comentado antes, una sentencia del Tribunal Constitucional pone coto a la práctica, pero no es suficiente.

Lo que dice el reglamento de la UE

El senador del PP Rubén Moreno fue el ponente del informe de la Comisión respecto del reglamento de la Unión Europea sobre transparencia y segmentación de la publicidad política, que expuso para su debate el jueves pasado en la sesión que celebró después de la intervención de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Tras la refriega política por ello, en la Comisión se quedaron cuatro gatos.

Moreno defendió el informe favorable a la subsidiaridad del citado reglamento. La aceptación del principio de subsidiaridad consiste en que el legislador español, previo informe del Gobierno, avala que la norma de la UE tenga preferencia sobre las normas nacionales. Es de aplicación directa (a diferencia de la directiva, que requiere trasposición) cuando culmine el proceso, previsiblemente a mediados de 2023. Vox votó en contra porque considera que no cabe dar esa preferencia. En todo caso, el reglamento afecta a las elecciones al Parlamento europeo, dijo su diputado José María Sánchez. Se quedó solo en esta posición.

Con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la Comisión avaló la preferencia de la norma europea, que afectará a todos los procesos electorales que se convoquen en el país, incluidos las primarias de los partidos políticos, puntualiza Moreno en conversación con este medio. El senador valenciano del PP subraya la relevancia de lo que sucedió en el Congreso el jueves pasado. "Hemos dicho a Europa que el reglamento no colisiona con nuestra legislación", resume. Al viaje le quedan varias paradas, en concreto las de la mayoría de los parlamentos de los 27 Estados miembros, para lo que hay un plazo que acabará en marzo. Si seis se pronuncian en contra de la subsidiaridad, no cristalizará ni aquí ni en ningún país de la UE.

Asimismo, este reglamento se justifica en la necesidad de completar la futura ley europea de servicios digitales, y en un plano más legislativo, en la de rellenar los huecos que al respecto dejan los normativas nacionales.

Dicho reglamento, entre otras características, obliga a los partidos que contraten a empresas para campañas de publicidad a que la etiqueten como tal y muestren visiblemente la identidad del patrocinador y el coste de la iniciativa.

Como afirmó Moreno ante la Comisión y reitera en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, quedarán prohibidas "las técnicas de segmentación y amplificación políticas, que utilizan o deducen datos personales sensibles, tales como el origen étnico, las creencias religiosas o la orientación sexual. Estas técnicas solo se permitirán previo consentimiento expreso de la persona interesada".

Y "por primera vez -añadió-, será obligatorio incluir en los anuncios información clara sobre el motivo por el que se dirigen a la persona y hacer públicos los grupos de personas objeto de la segmentación y los instrumentos o métodos de amplificación empleados, entre otras cosas".

Otra novedad fundamental, y esto sí se delega a los Estados, es la imposición de multas "eficaces" en caso de que se infrinjan las normas de publicidad política.

"Es sustancial"

Rubio se remite a un artículo que publicó en el blog "ibericonnect" sobre la trascendencia de que haya regulación de la publicidad política segmentada a escala europea. En él, con el fin de ilustrar el empaque de la apuesta de la Comisión de Úrsula Von der Leyen, indica que la publicidad automatizada, llevada al campo de la política, amenaza con convertir las campañas electorales en "auténticas guerras informativas libradas por máquinas". 

"No hay duda que esta profesionalización de la publicidad política online, con el componente tecnológico mencionado, pone en jaque la propia lógica de la campaña electoral y, gracias a la combinación de la personalización y el uso de técnicas de desinformación, introduce en los procesos electorales una serie de vulnerabilidades que afectan a principios como el de la transparencia, igualdad y equidad, el derecho a ser informado de manera objetiva, transparente y plural, y la libertad del voto, debilitando la legitimidad de los elegidos y de la propia democracia", explicita.

El reglamento, en esta línea, "refleja claramente un cambio en el tratamiento de la publicidad política online y la consideración de la privacidad política, que viene a reforzar la corriente, que en España, ante la inoperancia de la Junta Electoral Central (JEC) en estos temas, han ido consolidando" el Tribunal Constitucional y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que, a través de reglas y multas, ha trazado ya un camino asfaltado contra la publicidad invasiva. La sentencia ya referida del alto tribunal anuló un punto de la ley electoral que permitía a los partidos el acceso y el uso de datos personales. El Defensor del Pueblo lo había recurrido y ganó.

Empezó así a acotarse una dinámica peligrosa a la luz de lo que se ha visto en Estados Unidos, Reino Unido o Italia gracias a gurús como Steve Bannon (de Donald Trump), Dominic Cummings (de Boris Johnson) o Luca Morisi (de Matteo Salvini). Este último desarrolló un sistema de monitoreo de redes que se conoció como "La Bestia", una adaptación de las técnicas concebidas en Cambridge Analytica.

El riesgo de que haya más "bestias" existe a pesar de autorregulaciones empresariales. A pesar, como en España, de la sentencia del Constitucional. Que un reglamento a escala europea inste a los Estados a restringir, prohibir, y en consecuencia multar (la UE aboga por sanciones más duras), ayudará a que los ciudadanos estemos más protegidos cuando se convoquen unas elecciones y los partidos tengan la tentación de manipular nuestras conductas.