¿Es razonable romper lo ya acordado?

El trámite parlamentario de la reforma laboral pactada por los agentes sociales con el Gobierno está complicado. Los habituales socios parlamentarios de la coalición son remisos a refrendar en el Congreso el, por el momento, Real Decreto.

El Partido Popular no se plantea siquiera la abstención. Y Ciudadanos no es suficiente sin la combinación con otras abstenciones o votos a favor. Los días pasan y esa incertidumbre parlamentaria alimenta también los recelos en algunas de las organizaciones que conforman la CEOE. La autonomía parlamentaria no se puede cuestionar y los legisladores tienen el derecho y el deber de hacer su trabajo. De intentar mejorar iniciativas en las Cortes. Pero ello no puede ser excusa para que los grupos no expliquen las verdaderas razones de su negativa a refrendar un pacto entre Gobierno y agentes sociales. Sin cuestionar esa autonomía parlamentaria, unos y otros, en otros casos, han rechazado o aprobado normas alegando falta de cobertura de patronal y sindicatos. No es razón lo que es excusa.

Esquerra, Bildu y el PNV argumentan su falta de aval a la reforma porque los convenios autonómicos no prevalecen sobre los estatales. Pero eso es algo que tiene que ver más con el mapa de competencias que con el contenido de una ley para regular el mercado laboral. ¿Acaso se podrán firmar convenios autonómicos en mejores condiciones para empresarios o trabajadores si sigue vigente la reforma del PP? La petición es razonable, pero no es el marco en el que plantearlo. La negativa parecer tener más que ver con un cierto cansancio de estas formaciones en sus relaciones con la mayoría que conforma el Gobierno. 

Algo parecido sucede en el caso del PP. Esta reforma laboral surge de las demandas de la Comisión Europea, de la que forman parte los populares. Esta nueva norma, podría decirse, es parte del consenso social europeo. La impresión más generalizada es que la oposición del PP no tiene que ver tampoco con el texto que se está tramitando en el Parlamento, sino con su necesidad de poner, siempre que puede, en evidencia la debilidad de Pedro Sánchez .

Y en la voluntad de negarle a la CEOE su autonomía como organización empresarial y concebirla como una mera terminal del centro derecha político. ¿Se busca a la vez debilitar a Antonio Garamendi por su falta de sumisión a los designios del PP?.

Tampoco el Gobierno, los partidos que lo sustentan y el presidente Sánchez lo han hecho todo bien. El diálogo social podría haber discurrido en paralelo al diálogo político como sucedió en los míticos Pactos de la Moncloa en 1977. Se podría haber evitado la patrimonialización política del acuerdo. El espectáculo dado por los socios de la coalición y sus diferencias de criterio. Igualmente, Sánchez debería entender que su táctica de forzar el apoyo de sus socios parlamentarios en base a fomentar el miedo a un Gobierno PP-Vox empieza a mostrar flaquear. Para los socios porque los condena a la irrelevancia ante sus electores y para el PP, porque lo arrincona de tal manera que complica demandar después responsabilidad. 

Aún y así hay razones para reclamar, desde fuera de la política, un acto de coraje al arco parlamentario. Es una reforma mejorable que no contenta a nadie, pero que puede generar un clima de relaciones laborales favorable al entendimiento. Es, además, reclamo de la UE y condición para optar a los fondos Next Generation, indispensables para la ansiada recuperación económica. Los grupos, como han hecho patronal y sindicatos, deberían abandonar el cortoplacismo.