Opinión | ÁGORA

Europa, España y el medioambiente

El cambio climático ha adquirido rango de política europea transversal

Europa, España y el medioambiente

Europa, España y el medioambiente / EPE

En unos días iremos a votar para elegir a los representantes en el Parlamento Europeo. La sociedad no suele dar importancia a las elecciones europeas y son la convocatoria electoral más importante a la que estamos llamados si pensamos en el futuro y si realmente nos creemos Europa. Después de la Transición el gran suceso histórico de nuestro país en el último medio siglo fue el ingreso en la Unión Europea, efectivo desde el 1 de enero de 1986. Negar este hecho, impulsar debates sobre la inutilidad de Europa o sobre la salida de nuestro país de la Unión resulta estéril por inútil y por fuera de contexto. Europa y España son entidades sociopolíticas complementarias, indisolubles en lo económico, inherente en lo cultural e inseparable en lo territorial.

Primeros años ochenta. Transitábamos con ilusión y con temor por nuestra estrenada democracia. Niveles altos de contaminación de nuestros ríos, costas y aire en algunas grandes ciudades. Ningún requisito a la hora de desarrollar actividades con impacto, salvo la protección para la salud que imponía el reglamento de actividades. Grandes extensiones de arbolado perdidas anualmente por los incendios forestales; los del año 1985, devastadores. Sequía aguda en toda España; muchos pueblos abastecidos con camiones-cisterna. Y entre medio, la riada de octubre de 1982 se lleva por delante el embalse de Tous. Y al año siguiente, Bilbao bajo las aguas en agosto. Se alerta entonces sobre la existencia de un agujero de ozono en el polo Sur. Y de forma tímida se reconoce que el clima mundial está experimentando cambios. Poca, muy poca, preocupación por el medio ambiente en España. A pesar de los esfuerzos encomiables de divulgación excelente realizados por el equipo de Félix Rodríguez de la Fuente desde la televisión pública y de las acciones de algunos grupos ecologistas muy activos entonces contra la energía nuclear.

En este contexto ambiental entró en vigor el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. Y lo primero que tuvimos que hacer, entre otras cuestiones económicas prioritarias, fue adaptar la Directiva de impacto ambiental que había sido aprobada un año antes en el seno de la Comunidad Económica Europea de entonces. Una directiva que regulaba la implantación de actividades en función de la importancia ambiental del entorno a transformar.

Desde entonces la transposición a nuestra normativa de las Directivas ambientales procedentes de Europa ha sido fundamental para entender la mejora en el estado ambiental de nuestro país. Todos los “sectores” ambientales han merecido adaptación a las normas europeas. El agua ha sido uno de los más importantes, con dos directivas europeas que han transformado la planificación y gestión del recurso: la de depuración de aguas residuales y la directiva marco del agua. En ambas hay una apuesta por la calidad del recurso y de su medio receptor, frente a la cantidad, como principio rector de las actuaciones en materia hídrica. La contaminación del suelo por el uso de abonos nitrogenados ha sido -y lo sigue siendo- otro caballo de batalla de la Unión Europea, puesto que una porción muy destacada de los suelos europeos contiene altos niveles de nitratos de difícil tratamiento para su limpieza. La formación de una red europea de espacios naturales con algún nivel de protección, con la llamada Red Natura, es una de las mayores aportaciones que puede exponer Europa a la conservación de la naturaleza de nuestro planeta.

Y junto a ello se ha regulado la contaminación del aire, la gestión de residuos, la contaminación acústica, la reducción de los plásticos. Y también la ordenación del territorio, aunque es una actividad transversal que debería gestionarse con criterios comunes en toda Europa mediante la aprobación de una Directiva. Al menos en 1999 se aprobó una Estrategia Territorial Europea que establece los objetivos que debe cubrir la planificación del territorio siguiendo siempre el principio rector de la sostenibilidad. El derecho de acceso a la información ambiental fue regulado por primera vez a principios de los años noventa del pasado siglo para poder consultar datos necesarios para la investigación y la comunicación social de este tema. Se trata de una cuestión en la que tradicionalmente ha habido muchas reticencias por parte de algunos sectores ambientales de nuestro país, como el del agua, a la hora de proporcionar información siquiera fuera para desarrollar trabajos científicos con tratamiento anónimo de la misma.

El cambio climático ha adquirido rango de política europea transversal. Se han aprobado normas y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático. Y, sobre todo, se han fijado dos objetivos temporales claros: 2030 y 2050. En el primero debemos conseguir una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% respecto al año 1990. En 2050, una reducción superior al 80% para poder disfrutar de una economía descarbonizada. Se trata de un objetivo que, aunque nos pueda parecer sencillo, supone una revolución económica y social para los países de la Unión Europea. Estamos viviendo ya sus primeros efectos (apuesta por energías limpias, movilidad sostenible), pero nos quedan años de cambios profundos para alcanzar esos objetivos.

Varias Directivas ambientales que fueron aprobadas en los años ochenta y noventa del siglo pasado han sido o están siendo revisadas y actualizadas puesto que las sociedades y los procesos tecnológicos cambian, porque se producen nuevos avances en la investigación y porque los propios contextos ambientales evolucionan. Ahora todo está presidido por el hecho principal que va a condicionar políticas y acciones de la economía y de la sociedad no solo en Europa: el cambio climático.

El propio hecho de pertenecer a la Unión Europea nos hace partícipes de las acciones incluidas en los Planes de Acción Ambiental que se van revisando periódicamente y de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. Y de los programas de cooperación internacional en materia ambiental.

Hasta fecha reciente, la participación de España en la elaboración de las normas europeas ambientales ha sido poco relevante. Al menos eso se desprende de las determinaciones y plazos contenidos en la gran mayoría de Directivas europeas, poco acordes con la organización administrativa de nuestro país, donde las Comunidades Autónomas tiene reconocidas las competencias en materia ambiental. Ello ha tenido como efecto el incumplimiento reiterado en las fechas de transposición y en los plazos temporales fijados en las normas europeas, con la consiguiente sanción económica a nuestro país cada año.

En el futuro inmediato queda que el Consejo Europeo apruebe la Ley de Restauración Ecológica, aprobada por el Parlamento Europeo hace unas semanas, y que va a ser un revulsivo innovador muy importante para la conservación del medio natural en el territorio europeo. Y sería necesario que Europa aprobase en plazo breve una Directiva de educación ambiental que obligase a todos los estados a incorporar enseñanzas del medio ambiente y cambio climático en todos los niveles de la enseñanza, junto a otras acciones de concienciación ciudadana. El último informe-encuesta de la Fundación BBVA sobre cultura científica en diversos países europeos pone de manifiesto la necesidad de impulsar la educación en estas materias al margen de ideologías políticas que estén al frente de los gobiernos. Y eso sólo puede llegar desde la Unión Europea en forma de reglamentación efectiva y de obligado cumplimiento.

Reconozco que este artículo de opinión peca de optimista. Como también considero que queda mucho por hacer en materia ambiental en España y Europa. Y sé también que la implementación de las normativas ambientales europeas en cada país encierra luces. Y muchas reticencias sociales, económicas y políticas. Basta mirar algunas demandas de las protestas agrícolas de los últimos meses que perseguían la derogación o aplazamiento de algunas normativas ambientales con efectos en el sector agrario. Pero convendrán conmigo que el ingreso de España en la Unión Europea ha sido determinante para nuestro medio ambiente. Reconozcamos que, sin las políticas y normativas ambientales europeas, el estado del medio ambiente de nuestro país sería, sin duda alguna, peor del que tenemos en estos momentos. Sin olvidar que no debemos bajar la guardia, ni distraernos en el objetivo principal que ahora tenemos y que va a condicionar todas las políticas europeas: la lucha contra el cambio climático. Europa está dando ejemplo mundial de que es posible una economía sin combustibles fósiles, sin que ello suponga merma de los niveles de bienestar. Aplicando inteligencia, racionalidad y ayudas a los sectores económicos es posible conseguir un mundo descarbonizado. Y todo bajo un principio rector irrenunciable: la sostenibilidad ambiental, el respeto por el medio natural. Este es el mensaje posibilista que Europa lanza al resto de regiones y países del mundo y que debe servir de ejemplo a seguir por el bien de nuestro Planeta.

Y una recomendación final: cuando vayamos a votar el próximo 9 de junio, sepamos bien qué y a quién votamos por su postura -también- sobre las políticas necesarias en materia ambiental. Esto nos obliga a revisar los programas electorales. Y debe apremiar a los candidatos y candidatas al Parlamento Europeo a hablar de medio ambiente en sus actos de campaña. A ver si lo conseguimos.