Señorías

Félix Bolaños impuso este miércoles el sentido común y el PSOE busca ahora la fórmula para evitar que el fiscal anticorrupción y el responsable de la Fiscalía Europea en España comparezcan en la comisión de investigación de las mascarillas que se ha constituido en el Congreso. Son comparecencias que los socialistas aceptaron a petición de sus socios de Bildu y de Junts, pero que suponen una intromisión en la labor de estos funcionarios públicos porque tendrían que pronunciarse en sede parlamentaria sobre investigaciones en curso. Si decidieran no hablar, no serviría de nada su presencia; si lo hicieran, podrían encontrarse con futuras denuncias por vulneración del derecho a la defensa de los investigados en las causas en las que participan.

Es incomprensible que el PSOE aceptara inicialmente su comparecencia y que ahora tenga que buscar la forma de impedirla, especialmente después de la polémica del año pasado, cuando los grupos independentistas catalanes presionaron para que jueces y magistrados participaran en las tres comisiones sobre lawfare que se constituyeron en el Congreso. Jueces y fiscales pueden tener intereses espurios, como cualquier otro profesional en el ámbito que sea, pero existen mecanismos para detectarlo y sancionarlo. Si se considera que estos controles son insuficientes, deben reforzarse, no hacer un juicio paralelo en las Cortes.

Además, las comisiones de investigación en España se diseñan al servicio de los intereses partidistas de aquellos que las impulsan. No hay mejor ejemplo que lo sucedido con los casos de presunta corrupción vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia: Congreso y Senado han constituido sendas comisiones, una controlada por el PSOE y sus socios y otra por el PP, y las correspondientes listas de comparecientes no tienen como objetivo esclarecer los hechos, sino hacer pasar la pena del telediario a los agraciados.

Socavar el prestigio de las instituciones puede servir para obtener un rédito político a corto plazo, pero supone un riesgo futuro que no deberíamos considerar asumible. Las comisiones de investigación tienen su utilidad en una democracia: establecer responsabilidades políticas. Pero nunca deben suplantar la instrucción judicial ni enmendar sentencias. Los diputados son señorías, es cierto, pero en su condición de parlamentarios, no de jueces o magistrados.

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