La tragedia de Valencia exige respuestas

El mayor incendio que se recuerda en la historia de la ciudad de Valencia, teñida de luto y consternación, ha dejado en la retina de todo el país impactantes imágenes de horror y desolación. También ha dejado escenas de abnegación, solidaridad y heroísmo: la del hombre que salvó a su vecino tetrapléjico, la del conserje que fue casa por casa dando la voz de alarma… Y, sobre todo, la de los bomberos, que se jugaron literalmente su integridad física, con riesgo cierto de muerte, tratando de adentrarse en un auténtico infierno para controlar el fuego y rescatar al mayor número posible de las personas que habían quedado atrapadas.

La siniestralidad es consustancial a la vida. Ninguna normativa es capaz de preverlo todo ni de impedir que, periódicamente, se produzcan accidentes. Pero la regulación fruto de la experiencia permite que, cuando ocurran, sus efectos sean lo más limitados posibles. No ha ocurrido así, desgraciadamente, en el caso de Valencia, donde dos edificios relativamente nuevos se ha convertido en una trampa mortal para diez de sus habitantes, mientras el resto se han quedado sin hogar. 

Los nombres detrás de la tragedia de Valencia

Todas las normativas de seguridad contra incendios en los edificios parten de una premisa: la de que la fachada es el lugar más resistente al fuego, lo que permite a los afectados esperar auxilio y a los cuerpos de seguridad acercarse al rescate y a combatir las llamas. En Valencia, la tarde del pasado jueves el escenario fue justo el contrario. Los materiales que formaban parte de esa fachada no podrían utilizarse hoy. Es pronto para aseverar si tampoco deberían haberse usado en las fechas en que el edificio recibió las licencias definitivas. Como también hay que determinar si otros elementos importantes en lo tocante a la seguridad del inmueble, como los muros que deben impedir la rápida propagación del fuego entre plantas o la presencia de elementos en la urbanización que obstaculizaban el acceso a los cuerpos de seguridad, cumplían o no la normativa. 

Sucesivas modificaciones legislativas han ido acotando todo esto desde 2006. Pero la pregunta clave es: si se sabía que había centenares de edificios cuya seguridad, a la luz de lo que hoy conocemos, estaba en precario, ¿qué medidas se tomaron para corregir esta situación?

Las distintas administraciones han reaccionado esta vez con prontitud a la catástrofe. Tratándose de Valencia es imposible no recordar lo sucedido en otra gran tragedia, como fue el accidente del Metro que costó la vida a 43 personas en 2006 y en el que la deplorable actuación de la Generalitat Valenciana fue severamente censurada incluso por los tribunales. Esta vez, al menos en los primeros momentos, no ha sido así: ha habido agilidad en la actuación, tanto del Gobierno autonómico como del Ayuntamiento. 

Permanece ingresado en el hospital uno de los bomberos heridos en el incendio de Valencia

También el Gobierno central se ha movilizado desde las primeras horas. Pero, más allá del obligado luto por el drama vivido y la necesaria atención a los damnificados, lo que de los gobernantes cabe exigir son respuestas taxativas al principal interrogante que plantea este desastre: ¿estamos seguros en nuestras casas o, a despecho de los avances técnicos, nuestra seguridad depende sólo del año en que se construyeron? ¿Se hacen las inspecciones que deberían hacerse? Igual que ante el riesgo de desprendimiento de cualquier elemento de una fachada el ayuntamiento de turno obliga a repararla, ¿se observa el mismo celo con la seguridad misma de los inmuebles? ¿Cuántos edificios están en las mismas condiciones que los que han ardido en Valencia? ¿Cuántas revisiones han pasado? ¿Deben superar inspecciones periódicas en las ITV los vehículos o las instalaciones domésticas de gas, pero no los edificios donde viven cientos de personas? 

La tragedia de Valencia ya no puede, desgraciadamente, evitarse. Pero muchas otras sí. Esa debe ser la exigencia.