Un no tan próspero año nuevo

Entre los buenos propósitos que habremos expresado al dejar atrás 2023 habrá figurado el de tener un próspero año nuevo. O quizá la mucha más prudente aspiración de que el año que viene sea mejor (o que no sea peor) que el pasado. Mientras nos expresamos en términos de deseos y buenos augurios, los servicios de estudios de todas las grandes instituciones económicas públicas y privadas llevan semanas haciéndolo en forma de previsiones macroeconómicas. Grandes cifras que hoy intentamos recoger y reflejar en lo concreto, en cómo afectarán en nuestros bolsillos durante el año que acaba de empezar.

Todos los analistas económicos coinciden en que, tras haber salvado 2023 notablemente mejor de lo que se esperaba, en cambio en 2024 se vivirá una clara ralentización de la economía española, sin llegar a un horizonte de crisis ni mucho menos de recesión, con un crecimiento (según el Banco de España, un 1,6%) que si nada se tuerce seguirá estando en el caso de España por encima de la media de la zona euro. Ese condicional sobre las previsiones es obligado, tras un trienio en el que imprevistos sanitarios o geopolíticos como la pandemia, la guerra de Ucrania y el conflicto de Gaza nos han recordado lo volátil de cualquier predicción en un mundo plagado de riesgos.

Más visible que las consecuencias de las variaciones del PIB (aunque estas se reflejen no menos visiblemente en el dinamismo del empleo) es el impacto de la subida de los precios que ha llevado a la s autoridades monetarias a una escalada de tipos de interés a la que ya se le ve un final, pero no aún una inflexión. Porque nada indica un retroceso de la inflación en un horizonte próximo. El anuncio de una «moderación» de la subida de los precios requiere una aclaración: subirán menos pero seguirán subiendo (la estimación media de distintos organismos económicos es el 3,3% para España). Es decir, es previsible que el poder adquisitivo perdido por las familias no se recupere, y de cómo evolucionen los salarios en relación a la inflación prevista dependerá si las economías de empresas y particulares seguirán en un horizonte de estabilización de lo vivido en el 2023 o si se sumará una nueva erosión. Sobre ese índice de inflación previsto pesan algunos imponderables (especialmente el precio de los hidrocarburos) pero también varias certidumbres. En un ejemplo más de que cuidar del medio ambiente no es un gasto sino una inversión en nuestro futuro, la sequía seguirá (como hemos visto con el precio del aceite de oliva) siendo un factor de inflación climática. Y las medidas de contención de los precios del transporte público, electricidad o gas a costa de las cuentas públicas empezarán su progresiva marcha atrás con una hacienda pública obligada a regresar a las reglas de disciplina presupuestaria marcadas por Europa.

Si los efectos del crecimiento de los precios han podido ser amortiguado durante este ejercicio ha sido gracias a los «escudos» levantados desde el sector público pero también a que las empresas no han destruido empleo: y de que estén en condiciones de seguir esta senda, ahora en un entorno económico más ajustado, dependerán las economías de los trabajadores por cuenta ajena (el poder adquisitivo de los pensionistas seguirá garantizado gracias a un ejercicio de solidaridad de todos), tanto o más que de las cláusulas de revisión salarial que se sigan fijando por sectores o empresas.