Opinión | ANÁLISIS
Sindicatos, lejos de los consejos, pese a Yolanda Díaz
Los empleados y sus representantes deben tener los necesarios puntos de interlocución con las empresas, pero lejos de los consejos de administración
Yolanda Díaz sufre amnesia. Solo así puede entenderse que un partido en crisis como el suyo haya presentado una proposición de ley para que los trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales entren en los consejos de administración de las empresas. La líder de Sumar justifica la propuesta, que defiende desde hace años y que presenta ahora en solitario, por la necesidad de impulsar un funcionamiento "más democrático" de las compañías. Sostiene que nadie mejor que un empleado para defender a su empresa, hacer de contrapeso a los gestores y evitar que se tomen decisiones solo orientadas al logro de beneficio y al reparto de dividendos.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo se equivoca con su proposición, que es intervencionista y populista. Es así por mucho que se inspire en una normativa similar de Alemania, país que no criminaliza al empresario y que tiene unos sindicatos muy distintos a los españoles.
Díaz tendría que recordar un episodio reciente de la historia financiera de España, la crisis de las cajas de ahorros. Estas entidades llegaron a gestionar la mitad del ahorro en España antes de su desaparición, que fue causada por un grupo de gestores que, en connivencia con el poder político, abusaron del riesgo inmobiliario, buscaron su propio beneficio y se otorgaron sueldos, indemnizaciones y pensiones millonarias. Estos gestores casi siempre contaron con el apoyo de los representantes de los trabajadores o de los sindicatos en los consejos de las cajas, que se valían de esta presencia para influir en la gestión de la obra social de las entidades y para cobrar unas dietas que servían para financiar a sus sindicatos. La desaparecida Caja Madrid de Rodrigo Rato es un buen ejemplo, con uno de sus representantes en el consejo por Comisiones Obreras condenado a tres años de cárcel por el uso fraudulento de tarjetas de crédito opacas al fisco (black).
Los empleados y sus representantes deben tener los necesarios puntos de interlocución con las empresas, pero lejos de los consejos de administración.
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