Aragonès eleva el precio de Puigdemont a Sánchez

El 'expresident' Carles Puigdemont puso una condición previa a la negociación de la investidura de Pedro Sánchez: la amnistía. Y el 'president' Pere Aragonès, tras dar por hecha la ley pensada para dejar en vía muerta las causas judiciales relacionadas con el 'procés', ha elevado el precio: fijar las bases para un referéndum en esta legislatura, antes de 2027, si el candidato socialista quiere ser reelegido.

El jefe del Govern se ha reivindicado ante la conexión Waterloo-Madrid: si la negociación de una investidura se da entre partidos, la resolución del conflicto político debe gestarse entre gobiernos. Puigdemont no ostenta el Palau de la Generalitat y difícilmente, a tenor del ritmo de la negociación y la tramitación en el Congreso, podrá 'cobrar por avanzado' en el caso de la amnistía, ya que debería ser registrada en los próximos días para quedar aprobada antes del turno de Sánchez como postulante a la presidencia.

Aragonès exige a Sánchez una votación sobre la independencia en esta legislatura

Así que este martes, aprovechando los focos del debate de política general en el Parlament y las dos horas de ventaja respecto al discurso de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, Aragonès se ha dirigido al presidente en funciones para subir el precio en plenas conversaciones, tras asegurar Esquerra que ya intercambia papeles con el PSOE para detallar el alcance jurídico de la ley de amnistía, y para hacerse valer ante Puigdemont, que pasó de puntillas por la autodeterminación en la exposición de sus exigencias el pasado 5 de septiembre en Bruselas.

Pese a que Aragonès ha puesto deberes tanto a ERC como a Junts, la investidura de Sánchez está lejos de ser una oportunidad para la reconciliación. El divorcio entre los dos grandes partidos independentistas se consumó hace precisamente un año, con la salida de JxCat del Govern, a cuenta de la apuesta por un Consell de la República que ahora implosiona y de la falta de coordinación en el Congreso.

Doce meses atrás, Junts (con cuatro parlamentarios tras romper con el PDECat) pedía a ERC (con 13 representantes) remar juntos en Madrid, pero el adelanto electoral provocó un empate a siete escaños. Así que ahora la posconvergencia hace gala de ser imprescindible, pese a serlo tanto como Esquerra, para Sánchez, y dispara la competición por ser el referente independentista en la Cámara baja con la mirada puesta en unas elecciones catalanas que, a más tardar, se celebrarán en febrero de 2025.

De la unilateralidad a la claridad

La coincidencia en objetivos no allana el pacto estratégico, pero el giro de Junts hacia el pactismo implica una renuncia a la unilateralidad. Esquerra ya asumió de forma implícita, en la última mesa de diálogo de julio de 2022, los estragos de esa vía y apostó por el pragmatismo. Aragonès le dio el portazo definitivo hace justo un año, en el mismo escenario que este martes, apostando por la confección de un acuerdo de claridad, una guía para resolver el conflicto político con la celebración de un referéndum pactado con el Gobierno.

El consejo académico encargado de desbrozar el camino recibió el encargo, en el que no constaba la posibilidad de quebrantar la legalidad. Más bien todo lo contrario, se trata de encontrar rendijas legales para acomodar la votación. El 'president' no ha querido entrar en cuáles deben ser las condiciones para la consulta, sino en cómo negociarla. Eso es, blindando la mesa de diálogo para acordar allí las bases que permitan la votación en Catalunya y para tener el beneplácito de la comunidad internacional.

El 'president' ha acotado la exigencia a los años que tendrá Sánchez por delante como presidente si es reelegido, hasta 2027. Un calendario que, a priori, no ahoga. Todavía más si se tiene en cuenta que el pacto no es para votar, sino para plantear cómo hacerlo.

Aragonès ha querido exhibir un plan para la independencia, porque aunque no convenza al hemiciclo, es el único que se ha expuesto públicamente. Le faltan apoyos: la iniciativa fue tumbado por el Parlament, sólo los Comuns le apoyaron, y Junts no tiene interés en cambiar de opinión porque sigue considerando que la negociación con el PSOE se juega siendo indispensable aritméticamente, no en una mesa que dan por terminada y que nació de un pacto de Esquerra, no suyo.

El reto de agotar el mandato

El jefe del Govern también ha insistido en su voluntad de llegar hasta el final. En el Govern monocolor de ERC ya no hay las tensiones incesantes entre republicanos y posconvergentes, pero la minoría de 33 de 135 diputados echa el freno a la obra legislativa y ata a Aragonès a Junts y el PSC. Del desenlace del nuevo Gobierno dependerá también su propio futuro, porque las dos patas de su mandato -la gestión del día a día y el avance hacia la independencia- podrán temblar si no es Sánchez quien ocupa la Moncloa. Por eso en las próximas semanas ERC seguirá intentando acaparar el foco y empezar a negociar partidas económicas concretas, vía partidas presupuestarias, vía transferencia -como el traspaso de Rodalies- o vía 'encomienda'.

En el Palau de la Generalitat también fijan ya las prioridades en la negociación de los presupuestos catalanes, pero si bien quieren hablar con los cuatro posibles socios, PSC y Comuns son los únicos que por ahorra arriman el hombro. JxCat espera a dilucidar si habrá repetición electoral y la CUP se resguarda en la esquina del tablero político. Pero Aragonès necesitará al menos a tres de estos partidos para aprobar unas cuentas catalanas que lleguen a la Catalunya de los ocho millones a la que tanto apela