Rápido, que se acaba la música

El adelanto electoral va evidenciando efectos secundarios, como alianzas, renuncias, amores, repudios… y los derivados de su coincidencia con el semestre de presidencia europea.

Concordando con la campaña de las elecciones generales, la Comisión Europea dará a conocer su Informe anual sobre el Estado de Derecho, con recomendaciones específicas a los Estados miembros.

El informe, que ocupa un lugar central en el mecanismo del Estado de Derecho, examina la evolución de los sistemas judiciales y refleja la preocupación en la UE, en lo que respecta a la independencia judicial en algunos Estados miembros. Y más concretamente, la soberanía de las fiscalías y una mayor autonomía de estas.

En el referido a 2022 –sin dejar de insistir en la renovación del Consejo del Poder Judicial, lamentablemente pendiente desde diciembre de 2018– se detenía, una vez más, en la necesidad de aumentar la transparencia en las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE), expresando su incomodidad por la coincidencia temporal de los mandatos del FGE y del Gobierno.

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Con la disolución de las Cortes Generales y el anuncio de un proceso electoral –que supondrá la conformación de un nuevo Gobierno, y tal vez, la designación de un nuevo FGE– quedan en suspenso todas las iniciativas legislativas, así como las leyes y nombramientos que deben ser refrendados por el Gobierno que surja de las urnas.

Dos horas después de que el presidente del Gobierno anunciara el adelanto electoral, el fiscal general del Estado (FGE) adelantó al 8 de junio la convocatoria de la reunión del Consejo Fiscal (órgano consultivo) para tratar sobre designaciones discrecionales de la cúpula fiscal.

En este caso, el nombramiento de fiscales de Sala –"Derechos Humanos y Memoria Democrática" (un pleonasmo innecesario) y "Delitos de Odio"–, plazas que ya estaban creadas, convocadas, abierto el plazo de solicitudes, pedidas por pocos aspirantes, cerrado el plazo y convocado el Consejo Fiscal para el 19 de junio.

No hay ningún obstáculo legal y existen precedentes de que la convocatoria de elecciones no ha interrumpido concursos ordinarios. La cuestión se acentúa con los concursos reglados.

En el caso de fiscalías tan ideológicas, el riesgo añadido está en el papel instrumental que pueden llegar a tener en el tratamiento mediático del odio y la memoria.

No hay que minusvalorar esta Sala especial, cuyo nombramiento está en cuestión. Está creada para perseguir penalmente a quienes tengan una visión histórica distinta de la oficial o que niegue los hechos convertidos, por dicha ley, en dogmas; con asuntos que podrían verse retrasados, estigmatizados y anulados al socaire de la memoria democrática.

La Fiscalía es una institución muy jerarquizada. La Junta de Fiscales de Sala, es su máximo órgano, el Estado Mayor de la carrera. La preside el FGE y la integran el Teniente Fiscal del TS y los 27 Fiscales de Sala. Ideológicamente, es un órgano plural y profesionalmente se trata de los representantes de las fiscalías especializadas con más poder. De los 2.704 fiscales que hay actualmente en España, el 65% son mujeres.

El artículo 124 de la Constitución Española regula la función del Ministerio Fiscal: "Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".

Esa hermosa misión es incompatible con actuaciones y decisiones que, en algunos momentos, se han tomado quebrando la estética institucional, como ahora. A quien ahora convoca, le nombró quien ahora sería nombrado, es decir, a quien debe el cargo.

Este escenario desvelaría una voluntad de controlar y dominar resortes del poder judicial —desde el TC a la FGE— colocando gente del mismo palo, que se mantenga durante años para evitar problemas futuros. En el blindaje del Poder Judicial, respecto del Ejecutivo y Legislativo, está en juego nada menos que la libertad.

Las costuras de esta nueva incidencia –por la que "existe mucha alarma en la carrera fiscal"– han saltado por el torpe cambio de fechas, pero no habría sido así si se estuviera pensando en alguien incontestado e inequívocamente profesional.

Así que, rápido, que se acaba la música…