CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba la adenda al Plan de Recuperación que podrá ser ajustada por el nuevo Ejecutivo tras el 23-J

Con los préstamos se buscará reforzar los Perte e impulsar reformas complementarias

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

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A falta de poco más de mes y medio para las elecciones generales del 23 de julio, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, para su inmediato envío a la Comisión Europea, la adenda al Plan de Recuperación, con un ambicioso plan de inversiones y reformas hasta 2026. La adenda debe permitir atraer a España una segunda ronda de fondos europeos: un total de 94.300 millones de euros en nuevas transferencias (10.300 millones) y préstamos (84.000 millones), que se sumarán a los 70.000 millones en subvenciones ya adjudicados a la economía española en una primera fase, en 2021. En total, casi 160.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB español.

El Gobierno disponía de plazo hasta el 31 de agosto para solicitar a la Comisión Europea el tramo de préstamos a cargo de los fondos europeos Next Generation. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido presentar el documento antes de las elecciones generales "por responsabilidad, para que el proceso de inversiones pueda continuar a buen ritmo y para que cuanto antes tengamos a nuestra disposición los nuevos fondos europeos", ha dicho la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No es realista esperar a que un nuevo Gobierno tenga que empezar este proceso inmediatamente después de unas elecciones", ha añadido.

El adelanto electoral obliga al Ejecutivo a retrasar la solicitud de 10.000 millones del cuarto pago de los fondos europeos

Ante los recelos expresados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no haber esperado a aprobar el plan después de las elecciones generales, Calviño ha explicado que, tras el envío de la adenda a Bruselas, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de dos meses, ampliable, para su aprobación y que en ese intervalo el documento podrá ser objeto de modificaciones en las inversiones y las reformas ahora incorporadas. "Si hay que hacer ajustes se podrán hacer después de las elecciones. Lo que no es responsable es demorar el envío", ha dicho Calviño.

Por otra parte, la vicepresidenta ha admitido que el adelanto electoral provocará un retraso en en la solicitud del cuarto tramo de fondos europeos (10.000 millones) que el Gobierno esperaba poder formular antes del verano, tras haber logrado aprobar en abril el nuevo decreto de reforma de las pensiones. Sin embargo, la disolución de Las Cortes ha impedido culminar la tramitación parlamentaria de algunas reformas que formaban parte de los 58 hitos y objetivos vinculados a ese cuarto tramo. "Algunas de las reformas han decaído, pero las retomaremos con carácter inmediato y prioritario tras las elecciones, con carácter urgente, y solicitaremos cuantos antes ese cuarto pago con el objetivo de que se pueda hacer efectivo dentro del año fiscal en curso", ha explicado Calviño, confiando en que el PSOE ganará las elecciones, en contra de lo que apuntan la mayoría de las encuestas.

El Gobierno aprobó en diciembre de 2022 el borrador de la adenda que ha sido definitivamente aprobada este martes. Desde entonces -ha explicado Calviño- "se ha realizado un intenso proceso de consulta con las administraciones territoriales, los grupos políticos y los agentes sociales" para "valorar e incorporar" iniciativas de todos ellos. La vicepresidenta ha citado como ejemplo la incoporación de los proyectos de inversión propuestos por el Gobierno autonómico de Galicia, del PP. 

Las reformas incorporadas "están alineadas con las recomendaciones específicas de la UE a España, que dan continuidad a las implementadas desde 20202" ha añadido Calviño. En total, se trata de 18 reformas, entre las que, por ejemplo, se incluye la de la tarifa eléctrica regulada. En general, están orientadas a avanzar en la autonomía energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital, según Economía, que aún no ha publicado el listado de todas ellas.

Con ocasión de la adenda, España se suma a países como Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Portugal, que han solicitado la revisión de algunos hitos y objetivos para asegurar el aprovechamiento de todos los fondos Next Generation. En concreto, el documento ahora ncorpora el impacto de los precios internacionales de energía y materias primas y de la inflación en los costes de las convocatorias, sobre todo en algunas que afectan a construcción, tecnología o infraestructuras. También se extiende de el ámbito de algunos programas de éxito, como Kit Digital, que ampliará su aplicación a empresas a partir de 50 trabajadores. Además, se alargan algunos plazos sin llegar a desbordar el ejercio 2026 reglamentado en los fondos Next Generation EU, según Calviño. Con la adaptación de los hitos intermedios se pretende evitar que se repitan concursos desiertos por la estrechez de los plazos y reforzar otras convocatorias de ayudas con sobredemanda, como las destinadas a techos solares o hidrógeno, por ejemplo.

10.300 millones a fondo perdido

Del total de fondos europeos que prevé encauzar la adenda hacia España, los 10.300 millones de transferencias adicionales (dinero a fondo perdido, que no habrá que devolver a la Comisión Europea) se destinarán a reforzar los 12 proyectos estratégicos (Pertes) ya en marcha. Una cantidad menor, de 50 millones, servirá para financiar el desarrollo e implementación de una nueva oferta de microcredenciales en las universidades públicas para orientar la cualificación de trabajadores hacia las necesidades de los Pertes.

Estas transferencias reforzarán los 12 Pertes: del Chip, de las energías renovables, del vehículo eléctrico, de la descarbonización industrial, de la digitalización del ciclo del agua, de la economía de los cuidados, de la salud de vanguardia, de la industria agroalimentaria, de la economía circular, de la lengua, del aeroespacial y del naval.

84.000 millones en préstamos a través de 14 fondos

Por su parte, la adenda permitirá a España acceder a un préstamo europeo de hasta 84.000 millones a 30 años (con 10 de carencia) y a un menor tipo de interés que se canalizarán a las empresas, las familias y la economía en general a través de 14 fondos.

El Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con hasta 20.000 millones de euros, para la financiación de proyectos de inversión sostenible de las comunidades autónomas será gestionado desde el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Según Economía, el reparto de los préstamos entre autonomías se hará bajo "criterios objetivos"; se asignará un nivel máximo a cada comunidad, "con flexibilidad para ajustar las cantidades asignadas en función de la demanda de financiación".

Las empresas dispondrán de 22.500 millones de financiación para sus proyectos a través de fondos que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en colaboración con las entidades financieras.

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El fondo Next-Tech podrá orientar 4.000 millones hacia star-ups. Además, otra línea de 4.000 millones se enfocará a incrementar el parque de vivienda en alquiler social. El Fondo de Reforma Laboral incluye 3.000 millones para el mecaniso RED, de ertes. Y el Fondo de Reforma de la Inclusión Social, otros 2.530 para el despliegue del ingreso mínimo vital.

Además se prevé un fondo de incentivos fiscales de 2.250 millones para fomentar la inversión verde de hogares y otro, dotado con una línea de 2.200, para ciberseguridad. El fondo de coinversión con otros fondos soberanos (2.000 millones); el destinado a la industria audiovisual (1.500 millones); el de empresas afectadas por la Covid (1.035 millones); el de apoyo a las pymes (913 millones) y el impacto social (400 millones), completan la parte fundamental de los 84.000 millones de financiación europea a cargo de los fondos Next Generation asignados a España. Los casi 18.000 millones restantes serán préstamos a disposición de las empresas participantes en los Pertes.