El desmantelamiento nuclear: cuestión de Estado

En 2019, las principales empresas energéticas y el Gobierno acordaron el calendario de cierre de los reactores nucleares de acuerdo al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). El documento se sometió a consulta pública y la Comisión Europea realizó una serie de recomendaciones, que fueron incorporadas. Las fechas de cierre oscilan entre 2027 y 2035, como recoge Enresa, la empresa pública que se encarga de la gestión de los residuos radiactivos, en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, ya que se irán cerrando de forma paulatina y ordenada. El proceso afecta a las siete centrales en funcionamiento y comenzará con el cierre de Almaraz I en noviembre de 1927 y concluirá con la central de Trillo, en mayo de 1935.

Según publica este periódico, las elecciones anticipadas del 23J van a interferir en la aprobación prevista de la versión revisada del 7º Plan General de Residuos Radiactivos, que modifica el destino de los residuos radiactivos. En 2011, el gobierno de Mariano Rajoy había decidido construir un único cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas, con la aquiescencia, no muy entusiasta, de la junta regional de Castilla-la Mancha gobernada entonces por María Dolores De Cospedal.

Villar de Cañas, población en la que acaba de ganar las elecciones el Partido Popular, está alborozada con la expectativa de recibir una gran inversión, aunque pudiera tratarse en realidad de un regalo envenenado. Pero la comunidad de Castilla-la Mancha, en manos socialistas desde hace cuatro años y en la que el socialista García-Page acaba de renovar su mayoría, no comparte este entusiasmo, al igual que la mayor parte de la ciudadanía castellano manchega.

Ante esta situación, el Ministerio de Transición Ecológica ha estudiado otra opción, que consiste construir siete almacenes diferentes, uno para cada una de las centrales que van a ser desmanteladas. En ellos permanecerían los residuos hasta la construcción de un almacén geológico profundo (AGP) previsto para 2073, donde quedarían confinados los residuos hasta el fin de los tiempos. Con esta nueva opción, el Ministerio tiene a punto para su aprobación el nuevo plan general de residuos radiactivos, que marca un camino integral para la gestión de los residuos, la realización de los desmantelamientos y la financiación de todo el proceso, que en su mayor parte debe correr a cargo de las empresas eléctricas (se estaba esperando la aprobación del estudio de impacto ambiental para elevar el plan al consejo de ministros).

En la actualidad, se ha desmantelado la central José Cabrera en Zorita (Guadalajara), que fue la primera que se construyó y que dejó de funcionar en 2010, y se está haciendo lo propio con la de Garoña, parada desde 2012. Con anterioridad se desmanteló Vandellós I, clausurada en 1990 después de un incendio y que quedó totalmente inactiva en 2003.

La Comisión Europea ha terminado cediendo a las presiones de París y, por un tiempo, la energía nuclear será considerada "verde"

Pero ha surgido un obstáculo: el Partido Popular ha hecho saber que discrepa de este plan gubernamental, tanto en las fechas de cierre de las centrales cuanto en el abandono del proyecto de Villar de Cañas. Dada esta discrepancia, no tiene sentido alguno continuar este proceso, que deberá abordar el gobierno que salga de las urnas. Lo lamentable es que los grandes partidos no se hayan puesto de acuerdo, junto a las comunidades autónomas y a las empresas del sector, para resolver una programación energética tan trascendente, que debería estar al margen de los vaivenes electorales.

Es inevitable que, ante estas discusiones domésticas, se invoque el modelo alemán, ya que los germanos han abandonado por completo la energía nuclear el pasado 15 de abril, después de más de 60 años de utilizarla y cuando el país está sumido en una crisis energética muy grave por causa de la guerra de Ucrania. La decisión fue adoptada por la canciller conservadora Angela Merkel en 2011, quien lideraba la coalición entre CDU/CSU y los liberales FDP en su segundo mandato, poco después de la catástrofe de Fukushima, en Japón, y ha sido mantenida por el actual gobierno encabezado por el SPD.

La historia está dando la razón a ambos partidos, ya que la expansión de las energías renovables, a costes cada vez menores, no justifica la prolongación de este riesgo evitable. Por más que Francia, con su histórica pertinacia, esté renovando su parque de nucleares y construyendo otras nuevas, claramente en contra del curso de la historia. La Comisión Europea ha terminado cediendo a las presiones de París y, por un tiempo, la energía nuclear será considerada "verde". No produce gases nocivos pero podría llevarnos a una gran tragedia.

En España, la decisión antinuclear está tomada y no parecería lógico revisar el fondo del asunto, que goza de respaldo social. En cualquier caso, los dos grandes partidos darían una prueba de lealtad constitucional y de sentido del Estado si, en lugar de discutir ahora a brazo partido esta cuestión pendiente, se comprometen a negociarla pacíficamente gane quien gane. Hay asuntos vitales que no pueden quedar al albur de un acaloramiento electoral.