¿Seguridad jurídica o egoísmo fiscal?

La gran constructora española Ferrovial ha anunciado que traslada su sede social a Ámsterdam. Es toda una bomba, que ha sentado muy mal al Gobierno de Pedro Sánchez, el cual, por medio de la vicepresidenta Nadia Calviño, considera que se trata de una decisión contraria al interés y a la imagen de nuestro país.

La empresa sostiene que hay más "seguridad jurídica" en Holanda que en España, y a ello se agarra también la portavoz popular en el Congreso Cuca Gamarra, quien recomienda a Calviño que se haga esta pregunta: "¿Soy responsable de la falta de seguridad jurídica que hace que muchas empresas se tengan que ir a otros países?".

También el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha aludido a la "inquietud" de las empresas por la "falta de seguridad jurídica" en España y ha alertado del "efecto contagio" de la decisión de Ferrovial. En fin, la ministra Yolanda Díaz, en una poco velada apelación al patriotismo de los accionistas de la empresa tránsfuga, clama que "esto no es ser español".

Para mayor claridad, dividiré el comentario de esta importante noticia en sucesivos apartados:

1) Al objeto de despejar el terreno, me referiré en primer lugar a la cuestión de la "españolidad" de Ferrovial y de su presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, la tercera persona más rica de España: 3.800 millones de patrimonio, según la revista Forbes. La vicepresidenta Díaz debiera saber ya, a fuer de veterana comunista, que el capital no tiene patria, de modo que lo mejor es no pedir peras al olmo. El candor de doña Yolanda la retrotrae a la creencia infantil en los Reyes Magos, lamentablemente falsa. Otra cosa es el juicio ético que nos merezca el abandono -tributario y de bandera- de una entidad empresarial que ha nacido y prosperado al calor de las cuantiosas inversiones en infraestructuras del Estado español.

Por lo demás, y ética aparte, la libertad de establecimiento de personas y empresas y de circulación de capitales y servicios resulta coesencial a la pertenencia del Reino de España a la Unión Europea, de manera que es innegable el derecho de Ferrovial a radicarse en los Países Bajos, Estado miembro de la Unión desde sus orígenes.

2) En segundo lugar, ¿es verdad que el Estado español no respeta el principio de seguridad jurídica proclamado en su Constitución, según pretende ahora el PP de modo obscenamente inveraz? Téngase en cuenta al respecto lo siguiente: a) todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, que son independientes de cualquier otro poder del Estado y se hallan sometidos exclusivamente al imperio de la ley; b) tanto los actos de las Administraciones Públicas como de los particulares pueden sin restricción alguna impugnarse en vía judicial, obteniendo las resoluciones jurisdiccionales firmes y ejecutivas la protección estatal en orden a su efectivo cumplimiento; c) la judicatura española es limpia y honesta, tanto, al menos, como la holandesa, sin perjuicio de que, como sucede en todos los  países donde ha triunfado el Estado de Derecho, el exceso de litigiosidad ralentiza el funcionamiento de la administración de justicia. De ahí que sobre todo las grandes empresas acudan a arbitrajes privados para dirimir sus diferencias, si bien también los laudos arbitrales se hallan en último término bajo control judicial. Siendo ello así, ¿a qué se refieren Ferrovial y los portavoces del PP (partido que, por cierto,  lleva bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde 2018) al referirse a un supuesto déficit de seguridad jurídica?

3) La verdadera cuestión que está aquí en juego no tiene nada que ver, por tanto, con la seguridad jurídica, como lo prueba adicionalmente el incremento de la inversión extranjera en España en un 50%, según datos del Gobierno. ¿Es entonces un problema de presión fiscal? Cabe sospecharlo fundadamente, aunque nada ha trascendido al respecto. Sí conocemos, en cambio, la argumentación de Ferrovial de que la baja prima de riesgo de Holanda se traducirá en una reducción del coste de las emisiones de deuda de la compañía y a la larga en mejoras en el coste total del capital. Más tampoco parece este un factor realmente determinante. Queda, pues, a la vista únicamente el mejor trato fiscal que Holanda dispensa a las empresas, esencialmente en materia de desgravaciones, más que de tipos de gravamen. El dumping fiscal holandés, que priva a sus socios europeos de 10.000 millones  de euros anuales en ingresos tributarios, constituye ya un tema de la UE, más que un asunto exclusivamente nacional. Además, en este guerra hobbesiana de todos contra todos también los holandeses sufren daños: los gigantes Shell y Unilever, radicados en los Países Bajos, se han mudado al Reino Unido. Urge por tanto, una armonización fiscal en la Unión.