Apoyar la vía del diálogo con Cataluña

Que el Gobierno central y cualquier autonomía celebren una reunión y el resultado sea positivo es bueno para el Estado. Que la comunidad en cuestión sea Cataluña y se hable de posibles acuerdos políticos, dejando atrás los tiempos de la confrontación de máximos, es alentador para todos. Los dos acuerdos alcanzados ayer por el Gobierno de España y la Generalitat catalana, tras casi dos horas de reunión de la mesa de diálogo, son un respiro que pone fin a varias legislaturas marcadas por el desacuerdo, cuando no el conflicto abierto, entre ambas instituciones.

Este cambio de escenario define por sí mismo el alcance del documento suscrito, más allá de su contenido específico, relevante en lo que se refiere a la protección e impulso de la lengua catalana, y más genérico en cuanto a la voluntad de superar la judicialización del conflicto político que ha marcado los últimos años. Con ello, se entreabre un nueva y esperanzadora dinámica, no exenta de dificultades, que debería permitir mayores concreciones en próximas reuniones de la mesa previstas de aquí a finales de año.

Los acuerdos pactados constituyen sin duda logros del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que apostó, desde el primer momento de la legislatura, por el diálogo con Cataluña, y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha asumido el diálogo político como la vía por la que deben transitar las aspiraciones de su Gobierno.

Los políticos están obligados a hacer política dentro de la legalidad y a no abusar de los tribunales

Tiene una especial relevancia que la delegación del Gobierno central, encabezada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya rubricado un texto que se compromete a sacar de los tribunales aquellos aspectos del procés que puedan ser abordados mediante reformas legislativas. Tiene también una transcendencia singular que la delegación de la Generalitat, encabezada por la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, haya renunciado implícitamente a la vía unilateral, al asumir que la actividad política e institucional debe transcurrir "de acuerdo a las instituciones y procedimientos democráticos".

Por lo que se refiere a la desjudicialización, el desacuerdo entre las partes se puso de manifiesto en la insistencia de Bolaños en que no existe mayoría parlamentaria para abordarlo en profundidad, mientras Vilagrà considera que sí existe, si se presentan propuestas para la ley mordaza, el papel del Tribunal de Cuentas o la reforma del delito de sedición.

El blindaje de la nueva ley del catalán en la escuela, y otras medidas destinadas a su protección e impulso son acuerdos más concretos que cuentan con un amplio consenso en Cataluña, pero que no comparte la oposición a nivel nacional. Que el Gobierno no recurra la ley aprobada por una amplia mayoría del Parlamento catalán puede constituir una decisión inteligente, permitiendo adaptar a cada centro el porcentaje de enseñanza en cada lengua, atendiendo a criterios pedagógicos, y garantizando siempre el correcto aprendizaje del catalán y el castellano.