Urge actualizar el modelo de financiación

Ha arrancado el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. El retraso en la presentación del nuevo sistema –que deberá sustituir al aprobado en 2009 y caducado desde 2014–, indica la complejidad técnica, y sobre todo política, que supone consensuar criterios aceptables por todos. La mejor prueba de ello está en las coincidencias entre comunidades autónomas de distinto signo político que se produjo poco antes de que la ministra abriera el melón de la nueva financiación. Ocho comunidades de la llamada España vaciada –cinco gobernadas por el PSOE, dos por el PP, y una por una fuerza regionalista– hicieron un frente común para que el nuevo sistema ponderara a su favor la dispersión y el envejecimiento de la población (un criterio que les beneficia), y no solo su volumen (criterio que les perjudica).

La constitución de ese grupo de presión convocado hábilmente por el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, tuvo su réplica inmediata por parte del presidente valenciano, Ximo Puig, que buscó el respaldo de los presidentes del PP de Murcia y Andalucía para defender los intereses de comunidades con alta población y elevado coste de vida. El Gobierno catalán decidió no participar en aquella iniciativa, poniendo el énfasis en la bilateralidad que pretende establecer como vía de negociación primordial con el Estado. Pero la renuncia a buscar alianzas y colaboraciones con otras autonomías de intereses similares por cuestiones partidistas le resta fuerza al conjunto, claro, pero también posibilidades de avance a la ciudadanía catalana.

El pasado lunes, cuando vencía el plazo para presentar alegaciones a la propuesta de financiación impulsada por el ministerio de Hacienda, se constató que autonomías tan dispares como Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña compartían un rechazo rotundo al proyecto gubernamental, entendiendo que perjudicaba sus intereses. Otros territorios, gobernados por PP pero también por PSOE, manifestaron como poco reticencias. El debate se ha abierto, ciertamente, pero el acuerdo está aún muy lejos. Posiblemente en otra legislatura.

No obstante la propuesta de ‘población ajustada’ presentada por la ministra Montero contiene algunos aspectos sobre los que será más fácil acercar posiciones. En particular en lo que se refiere a introducir franjas de edad para calcular el impacto de la población en la financiación, lo que debe permitir tener en cuenta, de manera más razonada, criterios que beneficen a comunidades ampliamente pobladas y con exigencia de garantizar servicios sanitarios, educativos o sociales o abordar las inversiones que su economía requiere.

Hay administraciones que demandan también a la titular de Hacienda mayor atención al coste de la vida, lo que parece también una petición ajustada a la realidad. Más complejo será que su ministerio desoiga los planteamientos de la España vaciada en lo relativo a dispersión de la población. O que considere la aportación tributaria de cada autonomía más que la valoración objetiva de sus necesidades de gasto público. Y no solo porque Castilla y León está en plena campaña electoral. Ni Madrid ni Cataluña ni las comunidades de mayor peso en el PIB pueden esperar que España renuncie a que la financiación sea un instrumento de cohesión territorial, aun defendiendo que la solidaridad no altere su posición relativa en el ránking de las autonomías por renta.

La tarea que tiene el Gobierno por delante con la financiación es un reto. Pero las dificultades que se exhiben y las que se barruntan no son excusa para no cumplir con la obligación de intentar un pacto y una actualización que España necesita.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.