Opinión | EDITORIAL
Salario mínimo: necesidad sin consenso
El Gobierno tiene capacidad de aprobar la medida sin esperar a la CEOE, aunque desdibuja su discurso
Dos trabajadores en un fábrica de vidrio.
El Gobierno sigue dando noticias vinculadas al área de Trabajo. La última es que subirá el salario mínimo interprofesional (SMI), de 965 euros a 1.000 euros, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos. Como ocurrió con la anterior subida salarial, en septiembre, la patronal ha optado por no sumarse a este pacto. Sin sorpresas, porque su posición –basada fundamentalmente en la tesis de que no es el momento propicio– no ha variado desde entonces.
Para el Ejecutivo, en cambio, sí que toca, porque figura en el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y, especialmente ahora, porque la inflación ha causado de facto una devaluación salarial que sufren en mayor medida los trabajadores con las nóminas más bajas, los más vulnerables. Eso sin olvidar los efectos económicos y sociales que también ha dejado la pandemia precisamente en este colectivo.
La necesidad de ajustar el SMI al coste de la vida real hace razonable subirlo 35 euros al mes. Y a las consabidas y reiteradas advertencias de que lastrará la ocupación, pueden contraponerse los últimos datos de empleo, que demuestran que el anterior alza no tuvo especial afectación negativa.
El Gobierno tiene la competencia exclusiva de fijar el SMI, por tanto puede hacerlo si así lo cree oportuno sin contar con el apoyo de la CEOE. Sin embargo, no haber buscado con más ahínco ese respaldo puede chirriar a la opinión pública, e incluso dar una pátina de incoherencia al discurso de exaltación de los pactos de la mesa de diálogo social que, hace tan solo unos días, se repetía sin descanso desde La Moncloa.
Y que se convirtió en un mantra para los miembros del poder ejecutivo que instaban a los del legislativo a no tocar ni una coma de un acuerdo -el de la reforma laboral- a fin de preservar, especialmente, la alianza con la patronal. El énfasis de los políticos en defender teoría que a la semana siguiente varía por pragmatismo no ayuda a generar credibilidad
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