EDITORIAL

La banca y la dignidad de nuestros mayores

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La banca y la dignidad de nuestros mayores

La reconversión del negocio bancario por distintos motivos a lo largo de los últimos años ha tenido consecuencias para los usuarios. La disminución de la red de oficinas para reducir duplicidades y costes de personal ha llevado a la reducción de la atención presencial a los clientes, pero también a la eliminación de cajeros automáticos. Han pasado a ser poco más de 48.000, a niveles de hace 20 años, un déficit que es especialmente significativo en los pueblos, pero que se ha instalado también en las ciudades. Según las patronales del sector, gran parte de su clientela ha logrado adaptarse a este cambio y el 60% de los servicios bancarios ya se realizan a través de protocolos digitales.

Pero al mismo tiempo han empezado a proliferar las protestas de quienes encuentran, no facilidades, sino trabas, en la transformación digital. Especialmente, las personas de más edad pueden no tener acceso a la tecnología ni a las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las operaciones online y requerir, por tanto, una atención personalizada de sus entidades financieras, que merecen después de haber confiado durante años en ellas. Nuestros mayores se sienten excluidos tanto por las dificultades técnicas como por la escasez de terminales que en muchos casos implica más desplazamientos o (con la pandemia como agravante) la exigencia de tramitar citas previas para ser atendidos presencialmente. De todas estas situaciones han venido advirtiendo con detalle los distintos periódicos regionales de Prensa Ibérica, así como El Periódico de España, en los últimos meses.

Llegados a este punto, no se puede correr el riesgo de que la digitalización de los servicios financieros deje en la cuneta a las personas (ancianos, pero también personas en diversas situaciones de vulnerabilidad) que no puedan seguir su ritmo. Un peligro que también afecta a las administraciones públicas o compañías de servicios, que muchas veces convierten la reducción de las ventanillas presenciales en un frontón digital inabordable. Ante esta situación, un jubilado valenciano ha conseguido reunir, en menos de dos meses, más de medio millón de firmas en la campaña ‘Soy mayor, no idiota’.

La iniciativa, que lanza un grito de dignidad a favor de las personas mayores, ha tenido su eco en las Cortes. Diversos partidos han registrado proposiciones no de ley que reclaman una mayor atención a un colectivo sensible en situación de vulnerabilidad social, con distintos puntos de actuación que reduzcan la brecha o con garantías de evitar la exclusión financiera, reconociendo el acceso al dinero efectivo como servicio universal.

Las patronales bancarias han reaccionado con la promesa de una serie de medidas para adaptar y simplificar las operaciones de sus clientes de mayor edad, mejorar sus servicios y ofrecer una atención efectiva y preferente, presencial y telefónica, pensada para este grupo poblacional. Propuestas que amplían el Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca aprobado el pasado verano.

Como ha advertido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no pueden ser medidas cosméticas. Los bancos deben extremar su sensibilidad antes estas dificultades de acceso. Pero si su reacción socialmente responsable no bastara, sería exigible un cambio normativo para facilitarlo. Sin exlcuir que dicho cambio viniera dado desde la UE, evitando que los bancos españoles asumieran mayores obligaciones que les reste competitividad con entidades de otros países.

Por otra parte, también la propia Administración debe revisar sus protocolos. Cuando la exclusión digital afecta directamente a los derechos sociales, no es exagerado hablar de carencia democrática.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.