Los rusos tienen derecho a la memoria

Rusia lleva tres décadas en un proceso de demolición. Si el 25 de diciembre de 1991 desaparecían definitivamente las estructuras jurídicas y políticas de la Unión Soviética, lo que vino después para los rusos fue la descomposición de una incipiente transición democrática, finalmente dinamitada por Vladímir Putin tras su llegada al Kremlin.

En 2000, el nuevo presidente era recibido como la promesa para la construcción de una nueva institucionalidad democrática, la emergencia de una sociedad civil activa y una relación cooperativa con Europa Occidental. No tardamos en advertir, sin embargo, que la visión de Putin sobre el futuro de Rusia –y, muy especialmente, sobre su pasado– era revisionista y opuesta al proyecto de vecindario europeo imaginado en Bruselas.

El espacio postsoviético permanece desde hace 30 años en un proceso de desintegración en el que Moscú intenta recuperar esferas de influencia y ejercer un liderazgo similar al del imperio Ruso y la URSS, afirma el historiador y profesor de la universidad de Harvard Serhii Plokhy. Rescatar mensajes, episodios, estilos y prácticas del pasado –imperial o soviético– es parte del proceso y se ha convertido en seña de identidad del presidente Putin. Esta relectura de la historia hace casi imposible encontrar una interpretación del pasado reciente medianamente compartida por los ciudadanos rusos nacidos en el mundo postsoviético.

Entre las demoliciones en marcha en Rusia también está la del “relato nacional”. Los encargados de articularlo en cualquier sociedad –partidos políticos, medios de comunicación, intelectuales, académicos y organizaciones sociales– viven en Rusia bajo la amenaza de la prohibición, el encarcelamiento, la desaparición o el asesinato.

La existencia se ha hecho casi imposible para las ONG desde que en 2012 la Duma aprobara la ley que declara “agentes extranjeros” (léase “espías”) a todas las organizaciones que reciben algún tipo de ayuda internacional. El Kremlin se ha servido de esta ley para liquidar una tras otra las voces disidentes organizadas y cortocircuitar de paso cualquier relación de las ONG o sus profesionales con el exterior.

El turno le ha llegado ahora a Memorial, con una causa abierta en el Tribunal Supremo desde finales noviembre que podría concluir con la disolución de la organización. La fiscalía rusa acusa a Memorial, entre otras cosas, de transgredir la Constitución y justificar el terrorismo, y pide por ello su cierre.

La Sociedad Internacional de Educación Histórica, Caridad y Derechos Humanos (Memorial Internacional) no es cualquier ONG, y su posible disolución va mucho más allá del afán del Kremlin por controlar cualquier resquicio de democracia y libertad en Rusia. Memorial es la organización no gubernamental más antigua e importante del país. Se fundó en 1992 a partir de diversos grupos regionales de la sociedad civil que en 1989 decidieron unirse y compartir su trabajo de documentación sobre la represión política durante la Unión Soviética. En su fundación contó con el impulso del físico nuclear y premio Nobel de la Paz Andréi Sajarov, nacido hace justo 100 años y muerto en 1989.

Memorial ha construido desde entonces un enorme archivo del gulag, con documentos, libros, testimonios personales y objetos con el propósito de rehabilitar a los más de tres millones de personas que sufrieron la persecución estalinista, según los datos de la organización. Entre los objetivos contemplados en los estatutos de Memorial, está “promover el desarrollo de la sociedad civil y el Estado de Derecho democrático, excluyendo la posibilidad de volver al totalitarismo”. Con esta declaración de principios era cuestión de tiempo que la organización se enfrentase al acoso del gobierno a través de la justicia. Memorial lleva años hostigada. De hecho, una de sus investigadoras, la abogada y activista Natalia Estemirova, fue secuestrada y asesinada en 2009 tras denunciar las continuas violaciones de los derechos humanos en Chechenia.

Con el paso de los años, Memorial amplió su campo de investigación a cualquier práctica represiva, pasada y presente, abuso de derechos humanos y actuaciones abusivas del poder en territorios como Chechenia y Ucrania. Su trabajo ha servido también de base para investigaciones históricas y para la presentación de causas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además del territorio de la Federación Rusa, Memorial opera en Kazajistán, Letonia y Ucrania. En sus décadas de trabajo ha logrado asentar en una parte de la sociedad rusa una conciencia pública sobre la base de los valores de la democracia y el derecho.

Memorial representa la Rusia que Putin no quiere que veamos ni escuchemos. Esa Rusia seguirá existiendo aunque la organización sea desmantelada. La UE debería estar preparada para custodiar sus fondos y velar por su trabajo; también para acoger a medios de comunicación rusos y periodistas independientes obligados a abandonar del país. Mantener el contacto con esta parte de la sociedad rusa será cada vez más difícil y cada vez más necesario.