El pacto de las pensiones

El pacto sobre las pensiones alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO supone el incremento de las cotizaciones sociales en 6 décimas, 5 para la empresa, 1 para el trabajador durante diez años, desde 2022 hasta 2032. Entraña, para un sueldo bruto de 2.000 euros, que al trabajador le va a costar 2 euros mensuales menos en su nómina y a la empresa 10 euros mensuales más por trabajador. La patronal se ha excluido del pacto al estar en contra del aumento de las cotizaciones en este momento. Una primera consideración reside en la desviación que supone respecto a los requisitos demandados por la Comisión Europea, de atenerse, para las reformas que se exigen para acceder a los fondos de recuperación, al diálogo social. Otro aspecto que llama la atención es que por el ministro Escrivá se habían manejado las opciones de repartir el incremento de las seis décimas, primero a partes iguales, 3 décimas para empresa y 3 décimas para el trabajador, después de 4 para empresa y 2 para trabajador y, finalmente, cuando ya se había descolgado la patronal, de 5 y 1, lo que para algunos analistas ha supuesto un castigo del Gobierno a la patronal por su descuelgue. El pacto, según el Gobierno, va a suponer un incremento de recaudación anual del orden de 2.600 euros anuales y un total hasta 2032 de 50.000 millones.

La iniciativa responde a cambiar el mecanismo previsto por el Gobierno de Rajoy para afrontar la crisis de la financiación de las pensiones, que se articulaba en el factor de sostenibilidad. Este factor tomaba en cuenta tanto el factor de revalorización anual de las pensiones (en caso de déficit era de un 0,25%) como el de equidad intergeneracional que tendría en cuenta el aumento en la esperanza de vida de los nuevos jubilados en el momento de cobrar su primera pensión (para hacer un ajuste a la baja) y se revisaría cada cinco años. Según el Banco de España, la iniciativa de revalorizar las pensiones en función del IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad, incrementa el gasto público entre 4 y 5 puntos porcentuales del PIB si no se compensa con otras medidas. Las que se apuntan por parte del gobierno, como la cotización por ingresos reales de los autónomos y la eliminación de los topes de cotización para los salarios altos no parece que estén orientados a este fin.

La CEOE ha hecho público su desacuerdo con el pacto, precisando que no tiene tanto que ver con el incremento del coste laboral sino con el momento. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, ha declarado que no supondrá un lastre para la creación de empleo, pues en España el coste laboral por hora trabajada es de 21 euros y la media de la UE está entre 25 y 26 euros. Pero hay que precisar que las comparaciones deben realizarse entre países de la UE que comparten la misma moneda, la eurozona. Según el Eurostat, en 2020, el coste laboral por hora era en España de 22,8 euros y la media en la eurozona de 32,3 euros; España sería el 10º socio con mayores costes laborales del total de 19 pertenecientes a la misma. En realidad, la comparación es difícil por cuanto los niveles de vida (la riqueza), salarios y productividad de las distintas economías son muy diferentes. Para muestra, los costes laborales de Luxemburgo son de 42,1 €/hora; de Bélgica, 41,1 euros; de Francia, 37,5 euros. Y varían también en los sectores productivos. En la industria, la media de la eurozona son 34,8 euros; en servicios, de 31,1 euros; y en la construcción, 29 euros. Desde esa perspectiva no parece una barbaridad el aumento de las 6 décimas en las cotizaciones. Ahora bien, no se puede desechar sin más la argumentación de la patronal: el momento. El momento es el del exponencial aumento del coste de la energía y de la inflación. Las subidas del precio de la luz, del gas y de la gasolina y gasóleo que han llevado a los empresarios transportistas a la huelga. Así pues, el aumento de los costes laborales simultáneamente a estos otros e importantes costes van a tener que trasladarlos los empresarios a precios, con lo que, por una parte, la competitividad de las empresas españolas en el mercado internacional va a reducirse, y por otra, el aumento de precios va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. Al final el aumento en las cotizaciones empresariales tendrá para los ciudadanos el mismo efecto que una subida de impuestos.

No se puede, por tanto, descartar que las medidas pactadas afecten a la creación de empleo, aunque esto se descarte por los sindicatos. Con el mismo optimismo fundamentado en la ilusión, decían los sindicatos que habría que proceder a un aumento generalizado de los salarios, no solamente del salario mínimo, al aumentar los salarios aumentarían las cotizaciones, los ingresos fiscales y se resolvería el problema de las pensiones. Hete aquí un nuevo milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero no cerca de lago Tiberíades, sino en la España de Sánchez. Aumentemos los salarios, aumentemos, por tanto, los precios, la inflación, el desempleo, hundamos la competitividad y arruinemos completamente al país y a las capas más humildes de la población. Es una evidencia que un aumento (que todos deseamos) sustancial en los salarios sólo es posible desde la realidad del funcionamiento de la economía, en la medida en que se aumente sustancialmente la productividad; y esto pasa por la inversión en tecnología, en digitalizar la economía, en ciencia, en educación, para la que se necesita una riqueza de la que ahora, carecemos. ¿Quién se acuerda de los más de tres millones de parados? ¿Quién del 40% de los jóvenes españoles que, según el Eurostat, no trabajan?

Casado reprocha a Sánchez el aumento de impuestos. Sánchez replica que no hace sino poner remedio a los recortes de Rajoy. Rajoy decía que tenía que rescatar a España de la ruina en la que la había hundido Zapatero. Todos faltando a la verdad en sus promesas electorales. Todos engañando. Y así sucesivamente, hasta llegar a la culpa retrospectiva de Recesvinto. Todo huele a podrido en el Reino de España.