El Gobierno impone un trámite exprés en el Congreso para salvar la reforma de las pensiones

El Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley para la sostenibilidad del sistema público de pensiones el 26 de agosto y la Mesa de la Cámara lo calificó el 1 de septiembre. El texto permaneció en el limbo parlamentario de las prórrogas de enmiendas desde mediados de ese mismo mes hasta el 27 de octubre, cuando el periodo se levantó súbitamente. Por tanto: dos meses desde que el documento llegó al Parlamento.

El martes los plazos recibieron un empujón brutal, hasta el punto de que el Gobierno espera tener cerrado el proyecto en apenas cinco días. Este miércoles se creará la ponencia y es probable que acto seguido celebre la primera sesión para analizar las enmiendas presentadas, que son unas cuantas. Si no acabaran, proseguirán el viernes, y todo ello para que el lunes próximo la Comisión de Trabajo y Seguridad Social dé el visto bueno al dictamen, lo envíe al pleno y luego recale en el Senado. Cinco días.

El diseño definitivo de este trámite exprés ha airado a los aliados parlamentarios, especialmente a ERC, cuyas fuentes precisan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que incluso se están pensando acudir al acto de constitución de la ponencia. El agravio es mayúsculo porque, según argumentan, no es de recibo que un acuerdo tan relevante como el del aumento de las cotizaciones (un 0,6 por ciento) se cierre en el marco del diálogo social con los sindicatos y escore a un lado a la comisión parlamentaria competente.

El enfado con las formas del Ejecutivo es generalizado, pero entre las apreturas de los plazos, que la reforma afecta a un sector poblacional delicado como el de las personas mayores (electoralmente fundamental) y que la exigencia proviene de la Unión Europea todo indica que al final PSOE y Unidas Podemos, así como los sindicatos, verán satisfecho su objetivo: insertar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en la legislación española.

El "cómo" y sus quebraderos de cabeza

Los procedimientos seguidos no han sido ortodoxos ni inusuales. La técnica parlamentaria para enmendar leyes abarca un ancho de juego amplio, y el Gobierno lo ha aprovechado.

El plazo de enmiendas, como ha quedado escrito, acabó el pasado 27 de octubre. El boletín oficial del Congreso de los Diputados publicó la lista el día 11 de este mes. Más País, BNG, PDeCAT, JxCat, Ciudadanos, PP, PNV o ERC son los grupos que las dejaron "vivas" cara a la ponencia, cuando se creara. El PSOE y Unidas Podemos no dejaron registradas ninguna.

Cuando Gobierno y sindicatos alcanzaron el acuerdo sobre las cotizaciones este lunes y el Ministerio de José Luis Escrivá avanzó que lo incorporaría al proyecto de ley a través de una enmienda, apareció un problema no menor. Al no haber propuestas vivas de los grupos parlamentarios que forman la coalición, Escrivá no podía recurrir a ellos para transaccionar el aumento de las cotizaciones en un 0,6 por ciento.

El equipo del ministro barajó entonces dos opciones: la negociación con uno de los aliados que portan enmiendas para redactar una transacción y trasladársela, ya pactada, a la Comisión; o llevar una enmienda 'in voce', es decir, sobrevenida, pero con vocación de suscitar el apoyo de la mayoría. Es una posibilidad que recoge el reglamento, el artículo 114. No se requiere más que eso: justificar que es susceptible de recabar consenso.

Miembros del Ministerio de Escrivá se pusieron en contacto durante la mañana y la tarde del martes para sondear ambos escenarios, han informado hasta cuatro fuentes parlamentarias. Llegaron incluso a tantear un hipotético apoyo de Cs, según ha sabido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Cualquiera de las opciones es factible, ya que entre los grupos con enmiendas vivas figuran algunos, como Más País, que ha expresado ya su respaldo al acuerdo de Gobierno y sindicatos.

Fuentes de esta formación no han confirmado contactos con el equipo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. A decir verdad, todas las fuentes parlamentarias consultadas se han limitado a corroborar que los contactos con el Ejecutivo y el PSOE no han cesado. Otros grupos, en cambio, vieron cómo el día se terminaba sin que se produjera una llamada del Departamento.

El motivo común del enfado: la rapidez

ERC ha reaccionado con malestar al acuerdo porque, según su portavoz, Gabriel Rufián, han sido ninguneados. El diputado independentista, en rueda de prensa en el Congreso, reconocía este martes que no han recibido contestación a ninguna de las decenas de propuestas que han transmitido al PSOE y a Unidas Podemos. Entre ellas, subir las pensiones mínimas hasta el 90 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, hacer una auditoría de la llamada hucha de la Seguridad Social y apostar por medidas que mejoren las condiciones laborales.

Fuentes de este partido manifiestan su indignación por cómo ha ido avanzando el proceso. No denuestan que las negociaciones sigan el cauce del diálogo social, pero exigen que no aparquen el marco parlamentario. Están meditando ausentarse de la sesión de constitución de la ponencia en protesta por las formas y por los tiempos que maneja el Ejecutivo. En cinco días, a toda prisa, pretenden dejar lista la ley de sostenibilidad de las pensiones en el Congreso.

Por cierto: si fracasaran las negociaciones para incluir en el articulado el acuerdo de las cotizaciones, quedará la opción del Senado. Ahora bien, este supuesto, aparte de infligir al Gobierno una derrota política de calado, revelaría problemas cara al proceso en la Cámara Alta, donde el PSOE tampoco tiene mayoría.

En el PNV ese malestar por las formas apunta, no tanto a los plazos, como al mecanismo: "trocear" el modelo de pensiones no es lo más adecuado, a juicio de sus fuentes. Por un parte, el aumento de las cotizaciones; por otra, el posible aumento del cómputo del tiempo para el cálculo de la cuantía. Son medidas diferentes que van a ir por cauces diferentes a pesar de integrar el mismo sistema, lo que desconcierta a los nacionalistas vascos. EH Bildu ha reaccionado con frialdad al acuerdo Gobierno-sindicatos.

En el espectro del centroderecha, PP y Cs reprochan la celeridad que el Gobierno ha impuesto.

El texto del acuerdo

El Ministerio de Escrivá quiere incorporar al texto registrado en el Congreso una disposición adicional que regule el MEI. En línea con el acuerdo con sindicatos, propone que a partir de 2023, y durante diez años, se establezca una cotización de 0,6 puntos; a continuación, ya a partir de 2032, se verificará cada tres años el nivel de gasto alcanzado: si supera el umbral marcado con la UE, no habrá medidas correctoras; pero si lo supera, se usará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o se iniciará una nueva negociación con patronal y sindicatos.