¿Un pacto de Estado por la vivienda?

Arrendar un piso para vivir se ha convertido en uno de los de los problemas más graves que enfrenta gran parte de la sociedad española. El escaso parque de viviendas para alquilar en muchas de nuestras ciudades, los precios desatados, el desempleo juvenil y la precariedad laboral convierten en imposible, para mucha gente, satisfacer la necesidad básica de tener un techo bajo el que habitar. En el caso de la gente joven que pretende arrancar con un proyecto de vida autónomo, la vivienda se ha convertido en un factor de frustración y desánimo generalizado. Los españoles dedican más de un 40% de su bruto anual al arrendamiento de su vivienda, muy por encima de la media de los países de la OCDE. Asimismo, las ayudas a la vivienda en España apenas alcanzan el 0’01% del PIB, muy por debajo de la media de la OCDE.

En el caso de la vivienda parece claro que el mercado no funciona de manera eficiente y es obligación de los poderes públicos abordar una mejor regulación de un sector que genera tanta desigualdad. Así que bienvenidas sean las iniciativas que buscan mejorar la política de vivienda en España. Conocemos poco de la nueva ley acordada por los dos socios del gobierno y, puesto que el diablo suele estar en los detalles, conviene esperar a conocer el texto legislativo y el resultado de su trámite parlamentario antes de emitir opiniones -a favor o en contra- tan contundentes como las que hemos leído y escuchado estos días. No es muy razonable anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional de una ley non nata, ni tampoco creo que esta iniciativa suponga “un cambio de paradigma” en la vida de los españoles.

Promover la bajada de precios de los alquileres a través de incentivos fiscales a los propietarios, ayudar a los jóvenes a pagar su arrendamiento, controlar los precios, obligar a la cesión de un porcentaje de viviendas asequibles en las nuevas promociones o penalizar el mantenimiento de viviendas vacías, son medidas necesarias y muchas de ellas se han adoptado - con mejores y peores resultados- por los gobiernos nacionales o locales en varios países de nuestro entorno. Es el caso de Alemania, Francia, Dinamarca, Italia, Portugal y Suecia.

No es muy razonable anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional de una ley non nata

Elena Valenciano

España presenta características que deben tenerse en cuenta al evaluar el posible impacto de las decisiones que ahora se debaten. En primer lugar, en nuestro país, más del 85% de las viviendas en alquiler está en manos de propietarios privados, de tal manera que el colectivo de viviendas al que se le puede aplicar el control de precios será muy reducido si se mantiene la medida anunciada por el gobierno que afectaría sólo a los grandes tenedores; propietarios (solo personas jurídicas) de más de 10 viviendas. Por otro lado y en un país profundamente descentralizado como el nuestro, no hay política de vivienda posible sin el concurso de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos por lo que es necesario acordar con las administraciones territoriales las iniciativas que, finalmente, gestionarán ellas.

Los ciudadanos agradecerían mucho, estoy segura, que los partidos políticos abandonaran su eterno enfrentamiento y construyeran un Pacto de Estado por la Vivienda. Es una idea.