Ayuso cumple un año de mayoría absoluta con frentes en varios campos y la amnistía en el centro de sus críticas al Gobierno

El 22 de junio Isabel Díaz Ayuso dio a conocer su nuevo Gobierno. Nombres desconocidos en muchos casos, pero en cuyos conocimientos técnicos se ponía el foco para una legislatura que se anunciaba de gestión. Un experto en el ámbito digital para una consejería de nuevo cuño específica para impulsar la modernización de la Administración, una gestora del ámbito sanitario público para actualizar y poner en marcha un sistema de salud que acusaba el desgaste de la pandemia y una larga huelga, un agrónomo y también bombero al frente de las cuestiones medioambientales... El Gobierno se conformó para un escenario que no era el previsto.

El placer por la dulce la mayoría absoluta duró en la Real Casa de Correos apenas unas horas. A la mañana siguiente de la noche electoral, Pedro Sánchez convocó unas elecciones generales y, contra todo pronóstico, el PP no logró sumar una mayoría suficiente para desbancar a Sánchez de la Moncloa. Ayuso había conformado su gobierno un mes antes de conocer los resultados. Barrió de su equipo a todos los que tenían bagaje político y creó un gobierno con perfiles técnicos, sin experiencia previa en el combate político ante una oposición que se creció con el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Lo que iba a ser un gobierno de gestión se convirtió en un equipo que debía navegar en un contexto de crispación creciente, con la amnistía como nuevo invitado y en el centro del debate.

Proyectos del primer año

Ayuso se propuso al inicio de su legislatura sacar adelante hasta 158 iniciativas normativas, según consta en el Plan Normativo de la Comunidad de Madrid. 35 serán leyes, 123, decretos. De momento, el balance del primer año de legislatura dice que solo unas cuantas de estas normas están en marcha, pero las suficientes como para que pueda decir que sigue apostando por las deducciones fiscales y el bolsillo de los madrileños, por ejemplo. En este año, el Gobierno regional ha seguido con la deflactación del IRPF por segundo año consecutivo y ha aprobado nuevas deducciones por arrendamiento de viviendas vacías o por cambio de residencia a municipio en riesgo de despoblación, una forma de impulsar la vida en el Madrid rural al tiempo que ofrece alternativas a la vivienda en los grandes núcleos urbanos de la región. A eso se suma el proyecto para la deducción del 20% del IRPF a los capitales que provengan del extranjero para implantar nuevos proyectos o ampliar los ya existentes en la región, que de momento está en tramitación y pendiente de su aprobación definitiva para dar el salto a la Asamblea.

Algunas de las iniciativas puestas en marcha en educación en este primer año tampoco serán efectivas hasta después del verano, como la ampliación de los horarios de los centros escolares, el repliegue del modelo bilingüe o la incorporación de nuevos contenidos sobre la Constitución, las adicciones o las fuerzas de seguridad, entre otros. Lo que sí ha comenzado es el plan de iniciación a la danza en los colegios, impulsado junto a la creación del primer Ballet Español de la Comunidad de Madrid o la declaración del flamenco como Bien de Interés Cultural, una medida que servirá también como impulso a un turismo creciente en la región.

La digitalización de la Administración era uno de los grandes objetivos de esta legislatura. Para eso se creó una consejería específica que fuera transversal y diera servicio al resto. La Tarjera Sanitaria Virtual ha mejorado sus servicios este año y llegado a más gente, y se ha puesto también en marcha otra herramienta para los madrileños, la Historia Social Única, una aplicación que reúne los servicios de atención social al ciudadano. Digitalización de expedientes administrativos y del ámbito de la justicia, la creación de una Agencia de Ciberseguridad o la Oficina de Inteligencia Artificial son algunos de los proyectos que permiten al Gobierno regional decir que sí están modernizando la administración y adaptándose a los nuevos tiempos.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal ha cobrado nueva vida con el centro de día para pacientes con ELA, se han terminado proyectos como la renovación del Hospital 12 de Octubre y se han puesto en marcha las nuevas agendas en Atención Primaria, aunque los profesionales lamentan que no están siendo eficaces ni resuelven el problema de esta especialidad.

Los conflictos abiertos con el Gobierno

Sin embargo, los proyectos de gestión quedan prácticamente relegados en cada sesión de control al Gobierno o en las comparecencias públicas de la Presidencia del Ejecutivo regional. Con Sánchez al frente de la Moncloa y con cuatro convocatorias electorales en los últimos seis meses, la política madrileña ha tenido el foco puesto en otras cuestiones. La fundamental, la amnistía. Ayer mismo el PP, con Ayuso en primera fila, se manifestaba en las calles de Madrid por la inminente y definitiva aprobación de la ley de amnistía en el Congreso. Esta ha sido una de las cuestiones fundamentales que han ocupado a la presidenta regional durante todo el año, que ha intentado por todos los medios confrontar con el Gobierno por esta cuestión.

Pero la guerra por la gestión del agua, o por cómo se planifica el acceso a la red eléctrica de los proyectos que tienen la vista puesta en Madrid, o por la política internacional del Gobierno de la nación o por cómo organiza el Ejecutivo el reparto de los migrantes que llegaron a las islas canarias por toda la geografía española, incluida la capital... los frentes se han ido multiplicando durante estos últimos doce meses y Ayuso ha optado por hacerlos todos públicos. Las leyes autonómicas contra la LGTBIfobia o la trans están a escasas semanas de terminar en un nuevo choque en el Tribunal Constitucional y la situación de la sanidad pública, que parecía que en el último año previo a las elecciones se volvía en contra de la presidenta madrileña, es ahora motivo de pugna con la actual ministra del ramo, Mónica García, que sigue estando presente de diferente manera en las sesiones de control de la Asamblea de Madrid. Ni siquiera un aspecto en el que PP y PSOE están de acuerdo, la modificación del término "minusválido" del Estatuto de Autonomía, ha sido objeto de acuerdo en la cámara autonómica por el riesgo, dicen los populares, a lo que pueda pasar con el proyecto durante su convalidación en el Congreso.