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Inquietud en la banca española por una sentencia europea sobre la obligación de analizar la solvencia de los clientes

Las entidades no creen que la sentencia del TJUE tenga impacto en España por el amparo que ofrece la legislación, pero han contactado con consultoras para evaluar sus análisis de 'scoring'

Archivo - Sede del Banco de España.

Archivo - Sede del Banco de España. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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La banca española muestra su inquietud por el impacto que podría tener la sentencia del caso Nárokuj en nuestro país. La resolución, emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado mes de enero, señala que los prestamistas que no cumplan con su obligación de evaluar la solvencia del consumidor antes de otorgar un crédito podrán ser sancionados con la nulidad del contrato y la pérdida del derecho al cobro de intereses, incluso si el consumidor ha reembolsado completamente el crédito y no ha sufrido daños.

Es, precisamente, el análisis de la solvencia del consumidor lo que ha inquietado a las entidades españolas. Según confirman fuentes del sector, al menos dos de los principales bancos del país, hace unas cuatro semanas, contactaron con consultorías para corroborar, por un lado que su scoring bancario es adecuado y, por otro, si la sentencia aplica a derecho español. "Los bancos querían saber si habían sido diligentes en la evalución de la solvencia de los consumidores", señalan.

Por su parte, fuentes financieras afirman "no estar preocupadas" por una resolución del TJUE que, además, en su fallo apunta especificamente a la "conformidad con el derecho nacional" a la hora de aplicar la sentencia en los países comunitarios. En este sentido, las mismas fuentes apuntan a que el análisis de solvencia del consumidor a la hora de conceder un préstamo es una cuestión regulada en España en la ley de préstamos al consumidor, de 2011, que obliga al prestamista a "evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente obtenida por los medios adecuados". Las mismas fuentes apuntan que la legislación checa, de donde nace el caso Nárokuj no era clara en este sentido.

Asimismo, desde el sector bancario señalan que, en caso de un incumplimiento a la hora de hacer un buen análisis de scoring, es el Banco de España la entidad que tiene que esclarecer a las consecuencias de no haber sido diligente. La entidad regulatoria sería la encargada de establecer sanciones a los bancos. "Entendemos que el impacto en España nunca podría dar lugar a la devolución del préstamo", sostienen.

De este modo, esta resolución no iría, ni mucho menos, en la linea de otras sentencias emitidas por el máximo órgano de justicia europeo que han impactado en la banca nacional como fueron las vinculadas a las claúsulas suelo, las tarjetas 'revolving' o la la prescripción de las reclamaciones para la devolución de los gastos hipotecarios.

¿En qué consiste el caso Naróku?

El caso Narókuj surge de una disputa entre la propia Nárokuj, una entidad mercantil, y la entidad financiera EC Financial Services, en la República Checa. Nárokuj alegó que EC Financial Services no evaluó adecuadamente la solvencia de un consumidor al otorgar un crédito de 50.000 coronas checas (aproximadamente 2.000 euros). A pesar de que el consumidor reembolsó el crédito, Nárokuj, habiendo adquirido los derechos del crédito, demandó la nulidad del contrato y solicitó el reembolso de los intereses pagados en exceso.

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El TJUE examinó la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que regula los contratos de crédito al consumo. Según el artículo 8 de dicha directiva, los prestamistas están obligados a evaluar la solvencia del consumidor antes de celebrar un contrato de crédito. Esta medida busca proteger a los consumidores del sobreendeudamiento y la insolvencia.

El Tribunal dictaminó que la obligación de evaluar la solvencia del consumidor es fundamental y no puede ser subsanada simplemente porque el contrato haya sido ejecutado íntegramente y el consumidor no haya sufrido daños. Esto se debe a que la finalidad de esta obligación es tanto proteger al consumidor como responsabilizar a los prestamistas y prevenir la concesión irresponsable de créditos. Además, el Tribunal consideró que las sanciones impuestas por el incumplimiento de esta obligación deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.