Familias de menores con discapacidad física denuncian que Educación les deja sin ayudas de transporte y comedor por un cambio de criterio

Sin previo aviso y sin ninguna comunicación por escrito, varias familias de la Comunidad de Madrid han empezado a recibir en los últimos días una desagradable noticia: a partir del próximo curso, dejarán de disponer de comedor y ruta de transporte gratuito para sus hijos con discapacidad física. La decisión les ha sido notificada verbalmente por las direcciones de los centros escolares, las cuales, a su vez, han recibido la instrucción a través de las direcciones territoriales de la Consejería de Educación del Gobierno regional.

Este cambio repentino supondrá un notable impacto económico para estas familias que, en muchos casos, ya deben sorportar gastos extraordinarios debidos a las necesidades especiales de sus hijos. En concreto, la orden afecta a los 59 centros públicos de atención preferente en los que se concentran los más de 1.600 menores con discapacidad física escolarizados en toda la región.

Dichos centros forman parte del proyecto educativo puesto en marcha por la Comunidad de Madrid para favorecer la inclusión de alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios, para lo cual cuentan con una serie de recursos materiales y personales específicos. Sin embargo, solo representan el 7% de todos los colegios de Primaria de la región, lo cual limita enormemente las posibilidades de elección de las familias y obliga a los alumnos a desplazarse hasta centros que, en muchos casos, se encuentran lejos de donde viven.

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Como contrapartida a estos inconvenientes, hasta ahora las familias que así lo deseaban habían disfrutado de la gratuidad de las rutas y comedores gracias a una orden de 2005 promulgada para regular el transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad. Sin embargo, si nada cambia de aquí en adelante, muchos alumnos se quedarán sin esta prestación a partir del próximo curso, tal y como denuncian las familias afectadas.

Consultados a este respecto, desde el Ejecutivo autonómico niegan la mayor. Fuentes de la Consejería de Educación aseguran que es "absolutamente falso" que se vayan a endurecer los criterios para que los alumnos con discapacidad fisica escolarizados en centros ordinarios puedan acceder a estas ayudas. Según sostienen, estos alumnos "van a seguir teniendo acceso a estos servicios exactamente en las mismas condiciones" que en este y los anteriores cursos, que son las establecidas por la mencionada orden de 2005. El curso que viene, los menores que "cumplan con los requisitos, que no se han tocado ni se van a tocar, tendrán transporte y comedor escolar gratuito como siempre", zanjan desde Educación.

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Un cambio "de facto" en la aplicación de la orden

No obstante, la realidad es que, si bien la norma per se no ha sido modificada, "de facto sí ha cambiado la forma de aplicarla", afirma Óscar Hernández, portavoz de las familias afectadas y padre de una hija con discapacidad física. Según cuenta Hernández, la instrucción transmitida por la Consejería dicta que, a partir de ahora, pasen a aplicarse "para todos" los criterios recogidos por la orden. Esta estipula que para que una familia pueda beneficiarse de las rutas adaptadas, esta debe vivir a más de 3 kilómetros del centro escolar.

El problema es que muchas de estas familias que ahora se van a quedar sin el servicio, no cumplían estrictamente todos los requisitos que se señalan en la orden, ya que viven a una distancia superior a la que indica la norma y estaban en una situación alegal. "El hecho de que un colectivo antes sí disfrutaba de estas ayudas y ahora va a dejar de hacerlo es impepinable", señala Hernández, "por mucho que la Consejería lo niegue escudándose en que la orden es la misma desde 2005". 

"Nosotros llevamos en este colegio ya cuatro años y desde que entramos nadie nos dijo que hubiera un límite de tres kilómetros", cuenta Elena, una de las madres afectadas del Colegio Tomás Bretón, ubicado en Arganzuela. En todos estos años han disfrutado sin problema de la ruta y el comedor gratuitos, hasta que hace unos días la dirección del centro les convocó a una reunión para informarles de la nueva situación. Un cambio que, según apunta, parece deberse a que “este año han solicitado las ayudas más personas que las plazas que hay”. Como ella, otras 11 familias, del total de 17 que tienen algún hijo con discapacidad física matriculado en el centro, se enfrentan a la misma tesitura. "Necesitamos este recurso, independientemente de la distancia", asevera Elena, que reclama la equiparación con los centros de educación especial, en los que el límite está fijado en un kilómetro.

Asimismo, la normativa supedita la gratuidad del comedor a ser usuario del transporte y aclara que ambas servicios se concederán "hasta donde las disponibilidades presupuestarias lo permitan, sin que tenga carácter de derecho adquirido". El principal problema para quienes van a sufrir este cambio discrecional es la pérdida del comedor escolar gratuito, explica Hernández. Y es que, con un precio diario de 5,5 euros desde la última subida aprobada por el Gobierno regional, el gasto global asciende a casi 1.000 euros por alumno y curso escolar. Un coste que se suma "al que ya tienen que soportar las familias en situación de especial vulnerabilidad", tal y como lamentan los afectados en un comunicado.