Varios municipios de Madrid llegan tarde o incumplen la implantación de la zona de bajas emisiones

Hace unos días, el municipio madrileño de Fuenlabrada anunció que comenzaba la "instalación de cámaras para analizar la movilidad y controlar el acceso vehicular, así como equipos de medición para evaluar la calidad del aire y el ruido". Es una de las tareas pendientes para cumplir con el mandato de la Ley del cambio climático que establece que en 2023 los municipios de más de 50.000 habitantes deben contar con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En Alcalá de Henares, según reconoce su concejal de Urbanismo, Cristina Alcañiz, hay mucho avanzado, "están en marcha algunas reformas pendientes" y tienen encauzados los "proyectos de semipeatonalización y plataforma única" en el entorno del casco histórico. Como estos, hasta 23 municipios de la Comunidad de Madrid deberían tener lista en menos de 15 días su versión de 'Madrid central', aunque las circunstancias y características de cada uno de estos municipios es muy diferente.

La ley estatal, aprobada en 2021, establece que antes del 1 de enero de 2023 estas localidades debían tener un plan de movilidad sostenible que pusiera límites a la circulación de vehículos contaminantes, e ir acompañadas de acciones como favorecer el transporte público e impulsar la movilidad eléctrica pública y privada. Pero la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó una moratoria antes las dificultades de muchas de ellas para ponerlo en marcha.

Calidad del aire dentro de los límites

A dos semanas de que acabe el año, gran parte de estos municipios van con retraso y comenzarán 2024 con buenas intenciones y medidas dirigidas a obtener este fin pero sin las ordenanzas municipales o los planes concretos aprobados y en vigor. Entre los distintos municipios consultados, el argumento es similar: la calidad del aire de sus localidades no sufre como en otras grandes ciudades, por tanto, resumen, tienen "margen" para poder hacerlo aunque incumplan la ley.

Además, cuentan con tener unos meses para "acostumbrar" a sus ciudadanos a la nueva situación. En Fuenlabrada, por ejemplo, la zona de bajas emisiones se va a utilizar para que el tráfico que atraviesa la ciudad se desvíe hacia carreteras aledañas, explican fuentes del consistorio. Con eso, confían en mejorar los niveles de ruido y la calidad del aire, pero recuerdan que tampoco ellos tienen problemas de superación de los límites.

El Defensor del Pueblo inició hace unos meses actuaciones de oficio para investigar cómo iba la implantación de estas zonas de bajas emisiones y advirtió a 33 gobiernos locales de toda España que les abría un expediente por no haber iniciado los trámites. Cuatro de ellos están en Madrid: Aranjuez, Coslada, Valdemoro y Arganda del Rey. Sin embargo, la ley no tiene sanciones para quien incumple.

Restricciones adaptadas a cada municipio

Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Getafe son, junto a la capital, los municipios con mayor densidad de población de la región (entre 130.000 y 200.000 habitantes). Llevan todo el año trabajando en medidas para cumplir con la ley, algunas tienen ya incluso algunos espacios de circulación reducida, pero muchos proyectos se han ralentizado por el periodo de elecciones o la necesidad de financiación para acometer las adecuaciones necesarias (muchas han solicitado fondos europeos - el Plan de Recuperación transformación y resiliencia puso a disposición de los ayuntamientos hasta 1.500 millones de euros en ayudas para peatonalizaciones, nuevos autobuses y otras actuaciones), y quien tiene la ordenanza aprobada está aún pendiente de rematar la estrategia o documento concreto que delimite la zona de bajas emisiones y las restricciones concretas.

El nivel de contaminación del aire de estos 23 municipios obligados a tener su pequeño Madrid central no tiene nada que ver con el que ha podido verse en la capital y eso influye en cómo se aborda el tema. En Fuenlabrada o en Alcalá, por ejemplo, no se contemplan restricciones de acceso ni estacionamiento para residentes, trabajadores o personas que realicen actividades en las zonas finalmente delimitadas y lo previsible es que las restricciones se reserven para cuando se registren niveles de contaminación del aire superiores a los permitidos por ley. Lo mismo ocurre en municipios más pequeños, como Majadahonda (72.000 habitantes) o Tres Cantos (que supera los 50.000 solo desde 2022), en los que en el último año no se han detectado rangos fuera de lo permitido.