Ayuso denuncia que el Gobierno anula la autonomía de Madrid en el control del agua

Hasta hace dos días, Madrid llevaba varios meses con una guerra del agua entre bastidores, solo entre despachos, pero una vez que la presidenta del Gobierno de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hizo pública este lunes la batalla judicial que ha abierto contra el Ejecutivo central por el control del agua en la región, en la Puerta del Sol empiezan a volcarse en este nuevo frente, que es tan político como técnico, según las explicaciones que han facilitado desde la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior.

El Gobierno regional reniega del control que el Ministerio de Transición Ecológica ha impuesto a los trasvases que se realizan entre los embalses de Valmayor y San Juan, ambos en Madrid, y el río Alberche. Desde que se aprobó el Plan Hidrográfico del Tajo en enero de este año, se ha introducido un nuevo mecanismo en estas operaciones. El Gobierno regional tiene que pedir ahora una autorización mensual a la Confederación Hidrográfica para poder realizar estos trasvases y esto se interpreta como "un ataque a la autonomía" de Madrid y, además, "bloquea la planificación del Canal Isabel II", explican en la Comunidad.

Inversión en Madrid

Una percepción que desde el ministerio que lidera la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, creen que no tienen origen técnico y que, además, los planteamientos de la Comunidad vulneran la normativa nacional y europea. La competencia para establecer las normas en la gestión del agua es estatal, insisten, y además, reiteran que el propio Canal de Isabel II ha estado presente en todo el proceso de elaboración del Plan y sus consideraciones "fueron tenidas en cuenta parcialmente".

Pero sobre todo, en el Ministerio no comparten el alarmismo de la presidenta, que llegó a decir el lunes que el Gobierno quiere quitar el agua a Madrid para que "se rinda por sed", porque el Plan "garantiza el abastecimiento a la Comunidad de Madrid y no afecta a su garantía". Ribera, de hecho, ha recordado este martes que "jamás se había invertido tanto en el Tajo para garantizar la buena calidad del agua y de los ecosistemas fluviales" y que "se realiza una inversión muy importante en la Comunidad de Madrid".

Autorizaciones conflictivas

Desde el punto de vista de la Comunidad, el principal problema es la "incertidumbre". Reconocen que la autorización que necesitan "se renueva mes a mes salvo que la Confederación diga lo contrario" y que en estos primeros meses de vida del Plan no han tenido aún "ningún problema", pero alertan de que desconocen "los criterios" que utiliza el órgano gestor del agua para dar luz verde o denegar esas autorizaciones y eso puede generar problemas en el futuro. "No sabemos a qué atenernos porque en el Plan no se describen esos criterios", alegan desde la Consejería que dirige Carlos Novillo.  

A su "incertidumbre" se une su percepción de las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional, que este mismo lunes por la tarde saltó por los aires cuando el equipo de la presidenta amenazó con no invitar nunca más a los miembros del Ejecutivo central a los actos regionales tras no haber sido invitada a la inauguración del AVE entre Madrid y Asturias. "Han creado un problema donde no lo había", apunta Novillo y remata para expresar el temor a esa incertidumbre: "Sabemos que no va a haber piedad para Madrid". En el PSOE y en el Gobierno, en cambio, creen que el único problema es la competencia del PP consigo mismo, la disputa entre barones y entre conservadores moderados y radicales.

Complejidad del sistema del Canal

El Canal Isabel II tiene una concesión administrativa hasta 2061, han explicado los técnicos de la Consejería y el Canal en un encuentro informativo en el que han estado presentes el propio Novillo y el consejero delegado de la empresa de aguas, Mariano González. Y esa concesión les permitía hasta ahora organizar los trasvases y vertidos en función de sus necesidades. El equipo técnico alude a la complejidad del sistema de distribución del agua del Canal. Para garantizar el abastecimiento a los más de 6,5 millones de madrileños, la empresa pública cuenta con 13 embalses, casi 18.000 kilómetros de tuberías que se conectan por toda la región y captaciones y trasvases de agua desde las cuencas del Alberche, el Sorbe y el Tajo.

La planificación de toda la red del Canal, explican, se hace con mucho más tiempo de antelación y no pueden estar a la espera de lo que se decida cada mes. Por ejemplo, si necesitan realizar obras en una potabilizadora o mejorar la red de distribución, para programar esos trabajos necesitan saber de dónde van a sacar el agua con antelación y calcular así cuándo y durante cuánto tiempo pueden parar esa potabilizadora, explica el equipo técnico, y no estar a expensas de si la autorización para los trasvases llega hasta 15 días antes de comenzar esas obras.  

Caudal ecológico

Otro punto de desencuentro está en la necesidad de mantener un determinado caudal en los ríos para la conservación de la biodiversidad. Hasta ahora el vertido era de unos 60 hectómetros cúbicos de los embalses al río. Ahora, la cantidad exigida por la Confederación Hidrográfica del Tajo es de 90, que es la cantidad que consumen unas 440.000 personas al año. De lo que se quejan es de que la ley exige que para realizar un cambio en el caudal ecológico es necesario realizar unos informes que lo justifiquen y expliquen. "No conocemos esos informes, no existen", denuncian desde la Comunidad. El Ministerio, en cambio, rechaza esta afirmación y alega que los estudios de valoración de oferta y demanda de agua elaborados por el Plan "revelan que el régimen de caudales ecológicos implantado no afecta a la garantía de las demandas del Canal Isabel II".

"Modifican por la puerta de atrás la concesión administrativa", este es un "elemento de control previo que altera las reglas del juego a mitad del partido e incorpora incertidumbre y por tanto mayor riesgo en la operación del Canal", claman desde la Consejería: "No pedimos más agua, solo que nos dejen mantener las condiciones que teníamos hasta ahora".

Ante este nuevo frente abierto por el Gobierno regional, en el departamento de Ribera reaccionan recordando que el Canal de Isabel II interpuso un recurso similar ante la aprobación de los Planes Especiales de Sequía y que "la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, del 10 de octubre de 2023, desestimó en su totalidad el recurso interpuesto".