Almeida elimina el copago en teleasistencia a 16.000 mayores de 90 años

Baja fiscalidad y alto gasto social son los dos mantras con los que el PP de Madrid presenta sus presupuestos para 2024. Lo hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid la semana pasada y lo hace ahora el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez Almeida aprueba este miércoles sus primeros presupuestos en solitario y una vez detallado su plan tributario en las ordenanzas fiscales de finales de agosto, ahora presenta unos presupuestos en los que destaca que el gasto social se incrementa un 7,5% respecto a los aprobados en 2022, lo que se traduce en que 1.133 millones de los 5.939 del total estarán destinados a estas partidas.

En total, las cuentas que se aprueban hoy suman un 3,6% más respecto al presupuesto prorrogado para 2023. Almeida solo logró sacar adelante dos proyectos en la pasada legislatura: el primer año con Vox y gracias a que los números cuadraron por la ausencia de una concejal de Más Madrid, y los de 2022 con otra formación totalmente contraria a los de Javier Ortega Smith, los cuatro ediles del grupo mixto que se habían escindido previamente de Más Madrid unos meses antes. Los últimos de 2023, unos meses antes de entrar de lleno en campaña electoral, descarrilaron, igual que en la Comunidad. Pero en esta ocasión no habrá sustos. Almeida contará con el apoyo de los 29 concejales del PP que le conceden la mayoría absoluta y el proyecto, junto con la bajada del IBI incluida en las ordenanzas fiscales, será aprobado antes de finalizar el año.

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Servicio gratuito

Aunque la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, señala que por gasto social no se deben entender solo ayudas sino que en ese concepto se engloban "inversiones para el día de mañana", el equipo municipal madrileño destaca entre sus presupuestos las subvenciones específicas que va a destinar a las necesidades de los mayores. En concreto, una de las medidas que se aprobará en el proyecto para 2024 es que a partir del 1 de enero los cerca de 16.000 mayores de 90 años que hoy pagan por el servicio municipal de teleasistencia ya no tendrán que hacerlo.

El copago desaparece para todos ellos y se suman así a los 12.000 que por su nivel de renta ya no sufragaban nada. Así, la gratuidad de este servicio se extiende a los 28.000 mayores de 90 años de la capital, el 20% de las 140.000 personas que se acogen a él. Los servicios de teleasistencia municipales son una ayuda para que puedan seguir viviendo con cierta autonomía en sus domicilios y consiste básicamente en las llamadas de seguimiento de los servicios sociales y la atención de los botones de emergencia que llevan consigo, conectados a una centralita de atención.

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Hasta ahora, las personas con una renta inferior a 614,30 euros abonaba entre 7 y 12 euros al mes en función de su renta mensual. Su supresión supone que el ayuntamiento asumirá el coste de cerca de dos millones de este servicio a las personas que superan los 90 años. Según los datos facilitados por el consistorio, en 2022 se realizaron "más de 11 millones de llamadas de seguimiento y atención personal a los usuarios".

Partidas por área

Según la información que ofrece el equipo municipal, así queda el reparto del presupuesto por áreas: "Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias sube un 13,7 % hasta los 1.032,7 millones de euros; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, un 9,9 % hasta los 1.752 millones de euros; Cultura, Turismo y Deporte, un 9,7 % hasta los 231 millones; Políticas Sociales, Familia e Igualdad, un 7,9 %; Políticas de Vivienda, un 4,8 % hasta los 214,9 millones de euros, y Economía, Innovación y Hacienda un 2,5 % hasta casi 500 millones de euros". El Área de Obras y Equipamientos, con 614 millones de euros, es la única que sufre una reducción del 2,6 % respecto a 2022. "En lo referente a las áreas delegadas, Innovación y Emprendimiento sube un 37 % hasta los 29 millones de euros; Turismo incrementa su presupuesto un 18 % hasta alcanzar los 13 millones de euros y Deporte sube un 0,4 % hasta los 34 millones", continúa el detalle de las partidas.

Este proyecto se suma a las ordenanzas fiscales aprobadas el pasado 26 de octubre, en los que finalmente la reducción del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) no se llevará hasta el máximo legal permitido, 0,4% sobre el valor catastral del inmueble, que es donde Almeida ha prometido otra vez dejarlo al final de esta legislatura, sino que se situará en el 0,45%.