La investigación a la pareja de Ayuso pone contra las cuerdas a la Fiscalía General

La investigación abierta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos contra Hacienda y falsedad documental y que ya está en manos de la juez de instrucción María Inmaculada Iglesias, ha derivado en una agria polémica que pone contra las cuerdas la actuación del Ministerio Público. El origen se encuentra en una "nota informativa" de la Fiscalía Provincial de Madrid que revelaba el ofrecimiento de un pacto por parte de la defensa del empresario, dirigido a evitar un futuro juicio y rebajar sus consecuencias.

Desde los colegios de abogados y la asociación mayoritaria de fiscales se ve lo ocurrido como una vulneración del deber de sigilo que debe presidir todas las actuaciones de los fiscales y se advierte de la afectación al derecho de defensa, considerando como responsable último de lo sucedido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. 

La Asociación de Fiscales ha vuelto a pedir su dimisión --ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, por su "pasividad" ante la ley de amnistía o tras la anulación del ascenso de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado--. Consideran que de haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía se habría vulnerado, como mínimo, la ética que debe presidir la actuación de los fiscales. El colegio de abogados de Madrid, al que pertenece Carlos Neira, letrado defensor de González Amador, reunirá este lunes a la Junta de Gobierno para tratar el asunto y adoptar medidas al respecto.

Razones de la nota

Las razones para que la Fiscalía de Madrid decidiera poner en circulación el controvertido comunicado, cuyo contenido se atribuye la propia jefa de la fiscalía provincial, Pilar Rodríguez, las explicó detalladamente la Unión Progresista de Fiscales, a la que ésta pertenece. "Aclarar los pasos seguidos en un asunto cuando existe un claro intento de intoxicación informativa y hay un interés público es no sólo una posibilidad sino una obligación del Ministerio fiscal", señalaba esta asociación, en referencia a informaciones en prensa que habían apuntado a que la propuesta de pacto partió del fiscal del caso.

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A juicio de esta asociación, la información aportada por la Fiscalía de Madrid a la opinión pública es "aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa y dirigida a defender el principio de imparcialidad de la institución y la honorabilidad de todos los fiscales de la plantilla de Madrid". 

Con esta postura coinciden en la Fiscalía General, según fuentes consultadas por este diario, que apuntan a que las explicaciones dadas "son las que quiso sacar la Fiscalía Provincial de Madrid en defensa del fiscal, de la Fiscalía, de delitos económicos y de toda la institución".

Respuesta de la Abogacía

No opinan lo mismo los abogados, y así se lo hizo saber el decano de Madrid, Eugenio Ribón, a la fiscal Pilar Rodríguez mediante una llamada telefónica la misma noche del pasado jueves, horas después de conocerse el comunicado.

Para atajar este descontento, el propio García Ortiz tuvo que improvisar el viernes una reunión de urgencia en la sede de la Fiscalía General a la que acudió Ribón, Rodríguez y también Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que es el órgano que representa a todos los colegios de abogados del país. Se valoró realizar un comunicado conjunto, un extremo al que se negaron desde las organizaciones de abogados. "Era el momento de asumir responsabilidades y dar los pasos necesarios para garantizar el secreto profesional y no de comunicados que normalizasen el asunto", señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre lo ocurrido en dicha reunón.

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Antes de que se celebrara dicha reunión, el colegio de Madrid había emitido su propio comunicado considerando "de extrema gravedad" la difusión de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados. 

El último en pronunciarse fue el propio Consejo de la Abogacía, tras un Pleno celebrado a primera hora de la tarde que siguió al encuentro en Fiscalía General. Desde este órgano exigen "el máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones entre las partes como garantía del Estado de derecho", y que se adopten las medidas oportunas "para evitar que se produzcan este tipo de actuaciones y se garantice el respeto debido a la confidencialidad en los procesos". 

En cuanto a la información revelada, permitió conocer que el pasado 2 de marzo el abogado Carlos Neira comunicó a la Fiscalía que era voluntad de su cliente alcanzar una conformidad penal, reconociendo los delitos cometidos. La respuesta del representante del Ministerio Público al que le corresponde el caso llegó diez días más tarde, el pasado 12 de marzo. En su comunicación, el fiscal Julián Salto Torres adjuntaba copia de la denuncia presentada en los Juzgados de Madrid y añadía que, aunque ésta afecta también a otras personas, "no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".